El procurador reelegido y la "Casa de Nari"
Por: Cecilia Orozco Tascón
En abril de 2009, apenas unos meses después de su posesión como procurador general, Alejandro Ordóñez anunció la formulación de pliego de cargos contra el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, por las vergonzosas reuniones que él y el secretario de prensa de la época adelantaron con dos emisarios de los narcoparamilitares en la profanada Casa de Nariño ¿El objeto de las citas? La historia ha respondido: conspirar contra el alto tribunal que adelantaba las investigaciones por las relaciones de los políticos aliados del jefe de Estado con la mafia a la que pertenecían los interlocutores de dichos funcionarios. A pesar de que en ningún país serio el Gobierno hubiera resistido semejante escándalo, aquí no pasó nada fuera de unos titulares de prensa, las críticas de unos columnistas y las protestas de una oposición disminuida. Entonces los colombianos del común no conocían la enorme capacidad de manipular los argumentos jurídicos que posee Ordóñez y que él utiliza según le convenga a sus intereses.
Por eso le creyeron cuando en el pliego de cargos sostuvo que “Del Castillo hizo caso omiso del imperativo deber legal de formular de manera inmediata la denuncia” sobre las informaciones que los delincuentes le habían entregado acerca de un supuesto complot que la Corte Suprema prepararía contra el presidente.
Pero desde ese momento, Ordóñez ya sabía de qué lado estaba. Apenas tres meses después exoneró de toda responsabilidad a Del Castillo, a pesar de que la nación entera ya conocía que el producto de esas reuniones no era lo fundamental del proceso; que lo sustancial era el verdadero complot, el de la Presidencia contra la Corte, develado en buena parte con el descubrimiento del operativo de seguimientos, montajes contra la honra personal, interceptaciones e ingresos a las cuentas bancarias que la oficina de seguridad del propio presidente, el DAS, había desplegado contra los magistrados que se negaban a inclinarse ante el régimen.
No obstante, el sabihondo del derecho se niega a mirar el bosque porque, si lo examinara, la confirmación de su decisión de absolver a Del Castillo, tomada hace poco y mantenida en reserva mientras se decidía su reelección en el Senado, se reduciría a una dimensión tan ridícula como la de esta frase, contradictoria con la del pliego de cargos: “… para… los servidores públicos, la obligación de denunciar surge, no para cualquier delito, sino para aquellos que deba investigarse de oficio”. De ahora en adelante cualquier funcionario podrá sostener que no comunicó actos delictivos porque juzgó que no lo eran. ¡Magnífica tesis!
Pero eso, como digo, no es lo esencial. Lo es, sí, que el señor Ordóñez, con el fin de cumplir con su propósito de liberar de culpa a Del Castillo, “olvidó” convenientemente o no hizo allegar al proceso, como era su obligación, las pruebas, declaraciones judiciales y confesiones de los siguientes condenados por el mismo hecho y otros conexos al que produjo la “inocencia” de su protegido: Marta Leal, subdirectora del DAS, protagonista de la persecución a la Corte y de los encuentros del secretario jurídico con alias Job (el que llamó a la sede de gobierno “Casa de Nari”); Fernando Tabares, jefe de Leal en el DAS, quien además señaló a Bernardo Moreno, compañero de Del Castillo, como líder visible del grupo que seguía a la Corte; Jorge Alberto Lagos, de Contrainteligencia; Don Berna, jefe de alias Job, quien, por cierto, fue asesinado tres meses después de sus visitas a “Nari”, y El Tuso Sierra, amigo de negocios de Mario y Santiago Uribe, primo y hermano presidenciales, entre otros. De acuerdo con la hermosa teoría de la escuela ordoñista, nada de lo anterior era indicio de falta gravísima del secretario jurídico. Que así quede establecido en su era. Ya veremos cuando pase, como pasó la de Uribe.
Fuente El Espectador
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