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Mar de coincidencias y de apariencias
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Mar de coincidencias y de apariencias
Por: Cecilia Orozco Tascón
2 de mayo de 2011. Juan Manuel Santos citó a los reporteros a una intempestiva rueda de prensa. La imagen resultó atractiva porque, en lugar del atril del mandatario, había una gran mesa cuyas sillas estaban dispuestas simbólicamente.
A los lados del presidente, la fiscal y la contralora. Después, una delegada de la Procuraduría, el director de la Policía y el ministro de Protección Social. Santos inició la sesión: “Queremos anunciar un golpe a la corrupción, producto de una política y de un convencimiento”. Continuó: “Para combatir ese flagelo se creó una unidad especial... y con la contralora, la fiscal y el procurador, una fuerza de tarea de todo el Estado”. Según él, “escogimos el sector de la salud, en donde está incrustada una verdadera mafia”. Oficialmente, ése fue el momento en que empezó a desentrañarse el gigantesco desfalco que sufrió el sistema a costa de los enfermos. Viviane Morales reveló los resultados de una indagación “realizada en menos de dos meses”, y la captura de una banda de empleados de niveles bajo y medio que se habría quedado con $30 mil millones, poco para los billones perdidos, de acuerdo con lo dicho por Santos.
3 de mayo de 2011. Se realizó, por fin, un debate en el Congreso que el senador opositor Jorge Robledo preparaba, desde enero, contra el ministro de Protección por la falta de control de los recursos de la salud.
El debate había sido aplazado, por mera casualidad, en cuatro oportunidades por el presidente del Parlamento, miembro de la coalición de gobierno, hasta cuando, por otro azar, el mandatario hizo su declaración. El ministro, cuya displicencia frente al tema quedó plasmada en sus respuestas, tuvo que escuchar esa noche cómo la EPS SaludCoop cobró sobreprecios en los medicamentos por $825 mil millones mientras pedía autorización a la Superintendencia para convertir en patrimonio propio otros $600 mil millones de los dineros públicos del sistema.
Resto de 2011. La bandita descubierta por la Fiscalía fue encarcelada; el multimillonario presidente de SaludCoop, Carlos Gustavo Palacino, fue separado de su cargo, pero continuó gozando de libertad; se ordenó la intervención de la EPS. Sin embargo, una abultada tutela cuyo autor anónimo —que debe cobrar mucho— descubre su superioridad jurídica en el texto, logró devolverla a sus antiguos administradores por un lapso; la prensa reveló otros detalles: el actual ministro de Hacienda gozó, como consultor privado, de un contrato con SaludCoop por el que recibió un pago de $150 millones. Un hermano del ministro del Interior se benefició con cuantiosos emolumentos de esa EPS. El ministro de Protección pasó de agache y hoy es el director de Planeación.
13 marzo de 2012. El presidente divulga su terna para la Fiscalía. Selecciona al jurista más costoso de SaludCoop, un brillante abogado que, en el ejercicio libre de su profesión como particular, recibió $5 mil millones de remuneración. En un gesto que hay que reconocer en el reino de la mentira, el candidato, el más seguro elegido de la Corte Suprema, acepta que recibió esa suma de SaludCoop y que es amigo personal de Palacino y copropietario de Villa Valeria (
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). Como lo contó Diana Calderón, directora informativa de Caracol Radio, también ha tenido contratos con la anterior y actual Presidencia de la República por $1.500 millones. Sorpresa: después de casi cuatro años de discusión por preservar la autonomía de la Rama Judicial y de uno de la rueda de prensa, el mandatario postula a fiscal a un importante asesor de Uribe, suyo y de Palacino. Una segunda aspirante, con méritos en un área diferente, es la hermana de su consejero de Comunicaciones. Y la tercera es estupenda profesional en otro campo.
Recuerdo que el jefe de Estado inauguró su mandato con la promesa de “respetar la independencia de la Justicia”. Debe ser cierto. Lo demás, un simple mar de coincidencias... y de apariencias.
Respeto a la columnista por su independencia y sus valiosas denuncias. Sin embargo, discrepo de sus conclusiones por los vínculos que tiene el fiscal Montealegre con Saludcoop. Un abogado penalista no defiende santos sino personas cuestionadas por la justicia. Esa es su labor profesional y no se le puede acusar por este hecho, como tampoco por ser amigo de tal o cual.
Montealegre es un brillante penalista que seguramente hará una gran labor en la fiscalía y en casos como éste se declarará impedido. No creo que vaya a echar al traste una brillante carrera simplemente por acolitar delitos de unas clientes suyos.
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