Práctica de falsos positivos continúa vigente en Colombia

En el documento la Organización internacional también llama la atención sobre el aumento de la violencia por parte de los grupos a los que laman “herederos” de los paramilitares.

Según el informe hasta agosto del año pasado, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía asignados un acumulado de 1.622 casos de homicidios atribuidos a agentes del Estado, que involucraban a 3.963 miembros de la fuerza pública, con 148 sentencias condenatorias, detalla el informe.

El texto asegura que esta práctica, conocida en Colombia como el escándalo de los “falsos positivos”, llegó a ejecutarse de “forma sistemática” durante los últimos años del Gobierno del expresidente Álvaro Úribe (2002-2010), tal y como reconoció entonces la ONU.

A estos hechos se sumó en 2011 “la expansión de grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares”, a raíz de un acuerdo de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el Gobierno de Uribe entre 2003 y 2006.

“El número de masacres (un total de 32 en 2011) y de víctimas atribuidas a estos grupos continuó aumentando, principalmente en Antioquia y Córdoba”, asegura el documento, que da cuenta de que el 53 % de los mandos de esos grupos capturados o muertos eran paramilitares desmovilizados.

Esas organizaciones “están presentes en la mayoría de los departamentos del país y demuestran alta capacidad de reclutamiento, incluyendo niñas, niños y adolescentes”, matizó la ONU, al explicar que “ejercen control territorial, restringen la libertad de movimiento de la población y ejercen control social, imponiendo sus normas de comportamiento y sanciones públicas”.

En director adjunto de la ONU en Bogotá, Juan Carlos Monge, indicó que la lucha contra esos grupos, dedicados al narcotráfico y otras actividades ilegales, debe atajarse desde “las estructuras que los apoyan”.

El informe de la ONU es claro al afirmar que “hay evidencias de complicidad de algunas autoridades locales y miembros de las fuerza pública con esos grupos” y que la impunidad es generalizada.