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Mapiripán, a revisión de la CIDH
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Editorial El Mundo, noviembre 25 de 2011
Que la Cidh admita en algún momento que su fallo se basó en información falsa, es lo que esperamos. Pero mientras tanto, deben avanzar aquí las investigaciones disciplinarias y penales.
Aunque se sabe que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no admiten recursos, y hasta ahora – según los expertos en el tema – ese tribunal adscrito a la OEA no ha modificado sustancialmente ninguna de sus sentencias, el Gobierno colombiano consiguió demostrar ante sus magistrados que las evidencias de fraude son tan ostensibles, que habría sido incomprensible que negaran la posibilidad de revisión de una condena injusta contra un Estado miembro que ha honrado sus compromisos y cumplido estrictamente sus fallos.
Tras una audiencia privada en la que Colombia estuvo representada al más alto nivel, como debía ser, por los ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín y de Justicia, Juan Carlos Esguerra, la Corte resolvió conceder tres meses de plazo para efectos de completar, sustentar y presentar el escrito en el que – según explicó el ministro Esguerra – va a reafirmar la solicitud que quedó hecha formalmente de que se revise la sentencia de 2005, con todos los elementos necesarios para soportarla.
Como se sabe, en septiembre de ese año, la CIDH encontró culpable al Estado colombiano – por colaboración de miembros de la fuerza pública con los autores de la masacre, pertenecientes a las AUC a órdenes de Carlos Castaño – de la muerte de 49 personas, y le condenó a pagar más de tres millones de dólares en indemnizaciones a las familias de las víctimas. Pero investigaciones de la Fiscalía permitieron individualizar sólo 13 víctimas (seis asesinados, cuatro desaparecidos y tres secuestrados), y de las 20 víctimas que reconoció la Corte, nueve habrían sido presentadas allí por ciertos colectivos de abogados, con base en falsas pruebas y testimonios amañados para alzarse con cuantiosos honorarios.
Lo que ha aceptado hasta ahora ese tribunal – y eso es bueno tenerlo claro para no crearse falsas expectativas – es examinar la nueva información que pueda aportar el Estado colombiano en relación con el considerable número de “falsas víctimas”, que terminaron cobijadas por la sentencia con millonarias indemnizaciones.
El asunto se revisaría “como parte del procedimiento de supervisión de cumplimiento de la sentencia”, según reza la resolución del pasado 31 de octubre en que se citó al Estado colombiano y a los representantes de las víctimas a la audiencia privada del pasado miércoles.
Lo que sostuvo el ministro Esguerra en la mencionada audiencia, fue lo siguiente: “El Estado se encuentra alarmado por la magnitud de lo hallado en el Informe de Cumplimiento, que a nuestro entender configura una burla al Sistema Interamericano, al Estado colombiano y a los contribuyentes de este país, por los altos costos que estas conductas han acarreado para el erario". Fue muy enfático en que la pretensión del Gobierno no es abrir una polémica con las víctimas o sus representantes. “Por el contrario, es la más alta consideración y respeto que profesa Colombia hacia la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos y el interés en dejar en alto el nombre y la memoria de las verdaderas víctimas de la llamada Masacre de Mapiripán lo que nos lleva a acercamos hoy a la Corte, solicitando la revisión del fallo”.
Nos parece bien que el Gobierno no se dejara provocar por el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, que antes de la audiencia había propalado la especie de que todo hacía parte de un complot para desprestigiarlo, haciendo uso de la vieja estratagema de que “la mejor defensa es el ataque”. Lo que ha quedado al descubierto en este caso – y presumiblemente eso mismo pudo haber pasado con otros en que el Estado colombiano ha sido demandado ante ese tribunal – es la comisión de una serie de delitos, desde falso testimonio hasta fraude procesal y estafa, todo con el ánimo de defraudar al Estado y llenar los bolsillos de supuestas víctimas y sus representantes.
Que la CIDH admita en algún momento que su fallo se basó en información falsa, es lo que esperamos. Pero mientras tanto, deben avanzar y ojalá con resultados tempranos, las investigaciones disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura sobre la conducta de esos abogados, lo mismo que las de la Fiscalía en materia penal, para que brille la justicia y se castigue a los responsables.
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