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Rabo de ají Formalismos esenciales
Por: Pascual Gaviria
BOMBARDEAR EL CAMPAMENTO DE Reyes en territorio ecuatoriano fue un mal necesario.
Se violaban reglas internacionales frente a una injusticia soterrada de un vecino: tolerar a los enemigos del Estado colombiano en su territorio y en el corazón de algunos ministros. Valía la pena ofender la soberanía ajena para defender la vida de los ciudadanos propios. Además, las ventajas estaban cantadas en muchos escenarios. Militarmente había que demostrarles a las Farc que existía riesgo más allá de las fronteras. Y Reyes no era un capricho como Granda o Joaquín Pérez, su muerte significó el debilitamiento de un ejército brutal. La certeza de la traición democrática de algunos presidentes de países bolivarianos también fue un triunfo, aunque amargo: Colombia debía cargar su fama insolente para poder señalar pruebas de las vilezas de algunos palacios colindantes. Igualmente hubo un botín en el terreno de la inteligencia, o para que se entienda mejor, en las posibilidades de descifrar esa máquina hechiza y versátil que son las Farc. Y al gobierno Uribe le quedó tiempo para utilizar los secretos en algo de política barata.
El ejército colombiano sabía, sin embargo, que no tenía jurisdicción para actuar en las selvas de Ecuador. Por eso luego de arrastrar el cadáver y sus memorias se intentó maquillar un poco la aventura dos kilómetros más allá del límite que marca el río Putumayo. El éxito de esa operación en la madrugada tuvo consecuencias: los computadores de Reyes son un suculento botín de guerra, pero no sirven como carpeta para tramitar condenas. Son interesantes en la forma de un libro de un instituto político inglés, pero no cumplen los exigentes requisitos que necesitan las evidencias para tener implicaciones penales. La manera como se consiguen las pruebas para demostrar delitos no es un formalismo menor. Nos ponemos en manos del Estado y sus cárceles siempre y cuando se respete una especie de protocolo, tan indispensable como los protocolos médicos, que garantiza la posibilidad de controlar el poder desmesurado de policías, militares, fiscales, jueces y carceleros. Y como esto ya parece una carreta digna de introducción al derecho, vale recordar el mundo al revés que intentó armar el gobierno anterior con montajes, testigos falsos y pruebas dudosas contra sus “enemigos internos”. Para que no hablemos en abstracto.
El ejemplo de lo que ha pasado con los presos en la cárcel de Guantánamo puede servir para aplacar los ánimos de quienes ven política y conspiración detrás los autos inhibitorios. Estados Unidos creó un limbo jurídico para evitar las garantías de su sistema penal. Obama ha intentado sin éxito cerrar esa dimensión desconocida. Al único preso de Guantánamo juzgado en un tribunal en Nueva York apenas se le pudo condenar por un delito de los 285 que se le imputaban. Un jurado de seis hombres y seis mujeres, reunido a solo unas cuadras del World Trade Center, fue capaz de desestimar algunas pruebas contra un terrorista islámico. Es por eso que en Guantánamo siguen 172 hombres enfrentando juicios de Comisiones Militares que les aseguran un cuadrado de dos por dos con la ayuda de un Pentágono. Así que si no nos gustan las obligaciones del derecho penal podríamos montar una cárcel y unos tribunales expeditos en la Gorgona.
También a nosotros nos sirve la respuesta del fiscal general de la era Reagan luego de ese juicio con un solo cargo probado: “Los detractores del veredicto consideran que los juicios a terroristas internacionales deberían ejecutarse al estilo estalinista, donde la culpabilidad debería estar tan asegurada como el hecho de que sale el sol. Creen que la justicia es la misma que la de la reina de corazones en Alicia en el país de las maravillas: primero la sentencia, luego el veredicto”.
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