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"LO QUE LA VIOLENCIA SE LLEVÓ" ERA el título de una serie de reportajes periodísticos que venía adelantando por diversas zonas del país Julio Daniel Chaparro, periodista de El Espectador, cuando llegó en 1991 a Segovia (Antioquia), junto con el reportero gráfico Jorge Enrique Torres.
Su propósito era investigar las secuelas en la población tras la masacre perpetrada por un grupo de paramilitares que cobró la vida de más de 40 personas en 1988. Ordenada por Fidel Castaño, esta masacre fue una represalia contra el pueblo por su decisión en las urnas durante las elecciones de marzo de ese año, que ganó un miembro de la Unión Patriótica, quien además había decomisado un ganado de Castaño sin marcar. Los periodistas querían rehacer la historia de los azotados por la violencia resguardando su memoria, pero fueron acribillados a bala por unos desconocidos el mismo día de su arribo. Tres horas se demoró la Policía para llegar a levantar sus cadáveres y con la misma lentitud avanzó el proceso judicial los años siguientes.
La justicia sin rostro no logró esclarecer el homicidio. Inicialmente se dijo que las Farc eran las responsables. El comandante de la Policía aseguró que los paramilitares llevaban tiempo sin aparecer en el pueblo y corría el rumor de que el Eln les había informado a las Farc de la llegada de dos informantes del Ejército. Las Farc emitieron un comunicado negando su responsabilidad en el asesinato de los periodistas; pese a ello, su autoría se consolidó como versión oficial.
Antes de un año la Procuraduría descartó cualquier responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública o de los organismos de seguridad del Estado y salió de la investigación. Por la misma época, la Fiscalía se concentró en los milicianos del Eln que, con falsos informes, presuntamente habían instigado los crímenes. Dos personas fueron capturadas, dejadas en libertad por falta de evidencia y luego ambas asesinadas. Con el paso del tiempo, los demás testigos y sindicados fueron también desapareciendo.
La impunidad que, 20 años después, cubre el asesinato de los dos periodistas de El Espectador se hará definitiva cuando el 24 de este mes prescriban estos delitos. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), al igual que los familiares de las víctimas, han insistido en hacer de este crimen uno de lesa humanidad y lograr que la investigación continúe. Esto ha ocurrido con masacres, como la misma de Segovia, que encaja perfectamente en la tipificación del Estatuto de Roma bajo genocidio, y también con el asesinato de personajes que encarnaron épocas de violencia contra la prensa, como es el caso del director de este diario, Guillermo Cano Isaza, este último sustentado en el plan sistemático de ataques por parte del cartel de Medellín en su intento por eliminar a El Espectador. Sobre esta misma base es que la propia Sociedad Interamericana de Prensa se ha unido a la solicitud de decretar la no prescripción de los asesinatos de Julio Daniel y Jorge.
El debate jurídico al respecto es, sin duda, complejo. Pero, de cualquier forma, tras 20 años de estancamiento del proceso e investigaciones a tientas, si hay algo que es claro es que la justicia falló. Dos décadas es un espacio de tiempo amplio. Ningún resultado después de tantos años es impresentable. ¿Cómo puede explicar la Fiscalía un avance nulo? El asesinato de periodistas es una censura al derecho de la sociedad de informarse. Es coaccionar un contrapeso importante en el balance del poder. Tal negligencia no debería tener lugar en caso alguno, y menos aún cuando se trata de crímenes que golpean de manera directa los pilares de la democracia. Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres murieron, nos vemos obligados a decir todavía hoy, a manos de desconocidos y por orden de un desconocido. Fueron a registrar la violencia y terminaron siendo víctimas de ella. Y la justicia no hizo nada.
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