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Así fue operativo de la guaca en Tolima
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Así fue operativo de la guaca en Tolima Por: Olga Lucía Garzón
Delator dice que le deben la recompensa.
Miembros del Ejército inspeccionan el campamento de las Farc tras el bombardeo. Foto: Cortesía
El bombardeo militar a un campamento de las Farc en Chaparral, Tolima, que derivó el 2 de febrero pasado en la muerte del jefe de la cuadrilla 21 de ese grupo armado en el corregimiento de La Marina y que hoy es la causa de investigación de unos 50 militares por la supuesta apropiación ilegal de una guaca de $800 millones del extinto guerrillero, fue posible gracias a un delator que compartió cárcel con el subversivo muerto y que ahora alega que no le cumplieron con el pago de una recompensa.
El Espectador ubicó en la capital tolimense al informante, quien gracias a la confianza que tenía con alias Pedro Nel, el jefe de la cuadrilla 21, pudo entrar y salir de la zona sin despertar sospechas y hasta les llevó a los guerrilleros equipos de cómputo y discos duros en los que, al parecer, habría instalado algún chip interceptor de comunicaciones. Según su testimonio, la sequía de recursos del reductor armado estaba a punto de terminar, con la llegada de una vacuna de $500 millones de una empresa de capital colombiano que desarrolla trabajos de infraestructura en la zona. Lo que asegura el informante es que quienes bombardearon el campamento ya sabían de la existencia de la plata.
Este diario se comunicó con la gerente de proyectos de generación de dicha empresa, quien aseguró que nunca han tenido noticia de que las Farc les hayan pedido dinero a cambio de dejarlos hacer sus obras. Por el contrario, destacó el apoyo que han recibido por parte del Ejército para sacar adelante los trabajos en beneficio de la comunidad.
El informante asegura haber plantado en tierra un interceptor de comunicaciones que le suministró un agente de la DEA identificado como Nobel y luego puso chips en los discos duros que Pedro Nel le encargó comprar. Así fue como ubicaron el campamento. El contacto con Nobel habría sido a través del coronel Pedro Rojas, jefe de Inteligencia en Ibagué, a quien el delator acusa de incumplir con parte de la recompensa, pues sólo recibió $6 millones que habría enviado la DEA.
Tras el bombardeo, un comando de las Fuerzas Especiales Antiterroristas (Afeur) reportó la incautación de un campamento con enfermería, farmacia, consultorio odontológico, centro de cómputo, un radio base 757 y cambuches con zanjas de arrastre. Pero, según el informante, había también varios maletines con dinero debajo de las camas de Pedro Nel y Yaritza, recursos que ascenderían a $800 millones y los militares se habrían apropiado, tal y como lo ha informado este diario desde el 3 de noviembre, a partir de las pesquisas del CTI.
El comandante de la Sexta Brigada, coronel Julio César Prieto, ha manifestado a través de medios de comunicación que los hechos son objeto de investigación, pero que espera que por el bien de la institución no sea cierto lo que se dice de los uniformados.
Entre tanto, el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, ya expidió un comunicado en el que asegura que “el caso de Ibagué está en investigación por parte de la Fiscalía” y que la Inspección del Ejército, la Quinta División y la Sexta Brigada adelantan también las averiguaciones de turno. Los oficiales han destacado que, comúnmente, cuando se presentan irregularidades en procedimientos operacionales, son por fallas en el control de las tropas, así como porque algunos de los participantes de las operaciones son inferiores a sus juramentos y compromisos.
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