Como testigo o inculpado, el nombre del ex presidente Álvaro Uribe aparece en procesos en otros países. Aunque es poco probable que prosperen, el bochorno es inevitable.
Muchos pensaron que el molesto incidente que le ocurrió al ex presidente Álvaro Uribe la semana pasada en la Universidad de Georgetown, en Washington, era el comienzo de las demandas internacionales por violaciones de derechos humanos que le han prometido las ONG. El episodio ocurrió al final de una de sus clases como profesor invitado, cuando una estudiante que no pudo acercársele le lanzó un papel que contenía un citatorio a declarar como testigo ante la oficina de abogados Conrad & Scherer. Este bufete representa a los familiares de 111 personas, asesinadas por los paramilitares, en una demanda civil contra la empresa carbonera Drummond que lleva un juez federal de Estados Unidos.
El testimonio que Uribe dará el 22 de noviembre es preliminar y todavía no se sabe si llegará a la Corte. Los abogados de Conrad & Scherer le preguntarán a Uribe qué sabe sobre las actividades de los paramilitares, si conocía de los nexos de varias multinacionales con estos grupos y qué hizo para combatirlos, así como los vínculos del DAS con la serie de crímenes cometidos.
Aunque el episodio puede no tener consecuencias jurídicas para el ex mandatario, es bochornoso y muestra que la pelea entre Uribe y las ONG seguirá en muchos tribunales. De hecho, esta semana también se conoció que un grupo de estudiantes de Georgetown, agrupados en la organización Adiós Uribe, le habría entregado un paquete de documentos al Departamento de Justicia en el que acusan al ex presidente de violaciones a los derechos humanos y cuestionan su ingreso al país. Así mismo, han lanzado una campaña permanente de denuncia e información en su contra.
Pero si lo de Estados Unidos tiene más de propaganda anti-Uribe, otro grupo de ONG está demandando a Uribe ante tribunales de Europa, en un contexto en el que no es descabellado que prosperen. Aunque muchos activistas de derechos humanos sueñan con ver a Uribe en la Corte Penal Internacional, se sabe que es muy poco probable que esta termine asumiendo el caso colombiano. En cambio, en los tribunales de algunos países europeos podría ser distinto.
En España cursa desde el 30 de abril una demanda contra Uribe, el ex director del DAS Jorge Noguera y el ex director de Fuentes Humanas de esa entidad Germán Villalba Chávez. La demanda se basa en la investigación que adelanta la Fiscalía colombiana por el espionaje ilegal del DAS, en la que habría indicios de que esta entidad seguía los pasos de varios defensores de derechos humanos en España y otros países europeos. En varias ocasiones la justicia española se ha apoyado en la jurisdicción universal de crímenes internacionales, y ha llevado a juicio a extranjeros. Así ocurrió con el general Augusto Pinochet, en el caso de los vuelos clandestinos de la CIA, y con violaciones a los derechos humanos en Guatemala y El Salvador. Sin embargo, el experto Alejandro Valencia Villa advierte que, en 2009, esa jurisdicción se limitó a casos en los que el autor esté en España o haya españoles involucrados. De todos modos, los agraviados dicen haber sido seguidos ilegalmente en territorio español, y existe por lo menos un caso que involucra a una española. Las dudas sobre la validez de estas demandas se basan en que las 'chuzadas' no han sido calificadas como un crimen internacional. No obstante, no se sabe si los tribunales locales lo admiten y se declaran competentes, algo que no ha ocurrido hasta ahora. La de Madrid es apenas una de las varias demandas que están en proceso de ser entabladas.
El abogado Luis Guillermo Pérez, director de la Federación Internacional de Derechos Humanos, confirmó que instaurará otra demanda ante los tribunales de Bruselas y se instará al Parlamento Europeo para que designe una comisión especial que investigue los seguimientos que les hizo el DAS a miembros del organismo, con fines de desprestigio, según versa en algunos documentos.
Y aunque no involucra a Uribe sino al Estado colombiano en su conjunto, esta semana también se supo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió la demanda que la Procuraduría de Ecuador puso contra Colombia por la muerte de Franklin Aisalla en el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, en Ecuador. Según las autoridades ecuatorianas, Aisalla no habría muerto por el bombardeo sino que habría sido ejecutado posteriormente. Que la Cidh acepte el caso es histórico, pues es la primera demanda entre Estados en 50 años de historia del sistema interamericano. Con el agravante de que las demandas aceptadas por la Comisión con frecuencia terminan por pasar a la Corte Interamericana, cuya jurisdicción es obligatoria para Colombia, donde podría terminar en condena contra los acusados.
Respecto a los mismos hechos del bombardeo a Reyes, la justicia ecuatoriana ha vinculado formalmente a toda la cúpula militar colombiana y al actual presidente Juan Manuel Santos. Aunque todavía no lo ha hecho, pocos dudan de que tarde o temprano el ex presidente Uribe también sea vinculado a estos hechos y termine siendo llamado por un tribunal de Sucumbíos, en la selva de Ecuador.
Así las cosas, los abogados del ex presidente Uribe tienen trabajo para rato. Y aunque muchas de estas demandas son más mediáticas que realistas, la imagen del ex presidente en el exterior es cada vez más controvertida.
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