Los militares son homicidas para mindefensa

Por Ricardo Puentes Melo
A estas alturas del paseo, ya nada debería sorprendernos. Hemos observado el giro inexplicable de la política pública sobre seguridad; y también sufrimos el recrudecimiento de los ataques terroristas que se ha desbordado en campos y ciudades. Todo gracias al aire que se le dio a la extrema izquierda mediante el abrazo y los honores militares rendidos al tirano de Miraflores cuya enorme comitiva llegó cargada de maletines extrañamente similares a los que llegaron a la campaña presidencial de Argentina; la diferencia es que allá ganó Cristina mientras que aquí pareciera que los terroristas hubieran conseguido los recursos necesarios para arreciar sus ataques contra la población inerme.
Las célebres locomotoras del progreso santista no aparecen por ningún lado. En cambio, sí desfilan por montones los vagones macabros rebosados de las víctimas de una democracia babosa que no termina por convencer a millones que votaron por la continuidad de la Seguridad Democrática.

Las ideas del presidente Uribe, su esfuerzo titánico de ocho años para combatir la narcoguerrilla, pareciera que han ido a parar a la letrina donde el cura Giraldo deposita parte de su humanidad.
Hace unos cuantos años, observamos inermes cómo el ministro Camilo Ospina junto al fiscal Mario Iguarán asestaban un navajazo a la yugular del Ejército sepultando la Justicia Penal Militar y entregando los soldados a la Justicia Ordinaria, en manos de la mafia. Tiempo después, el entonces ministro Santos expulsaba del ejército a 27 oficiales acusándolos de Falsos Positivos sin más pruebas que un mentiroso informe elaborado por el general Carlos Suárez Bustamante (La Machaca), al servicio de Cepeda y Piedad Córdoba, y también rubricado por el guerrillero amnistiado Carlos Franco. El informe fue avalado por el general Fredy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Armadas, y desde entonces la Fiscalía General de la Nación y las Cortes han hecho fiestas con el ejército, volviéndolo trapo de limpieza.
Con la llegada de Rodrigo Rivera pensamos que eso iba a mejorar. Y más aún con el nombramiento de Rafael Guarín como viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, viceministerio encargado también del tema de Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, un documento que nos llegó por el correo de la brujas, apunta a que todo esto empeorará y que el ejército será sometido, atacado con más crueldad, desde las entrañas mismas del ministerio que debería protegerlos y cuidar su derecho al debido proceso.
El documento de marras es un documento firmado por la señora Aurora Ramírez de Araoz, Directora Ejecutiva de Justicia Penal Militar, y en donde oficia a todos los Jueces de Instancia, Fiscales y Jueces de Instrucción a que diligencien un informe –por orden del Sr. Rafael Guarín- donde relacionen todos los preliminares y sumarios que a la fecha cursan en cada despacho judicial por el delito –léase bien- de HOMICIDIO EN COMBATE.
Para quienes conocen del tema jurídico, este delito no existe. Hay bajas en combate, criminales muertos en combate… pero no homicidios en combate. Los homicidios todos tienen cárcel.
Lo que nos está diciendo aquí la Dra. Aurora Ramírez de Araoz, por orden del Dr. Rafael Guarín, es que las bajas de guerrilleros y terroristas en combate que han hecho los militares, son homicidios dignos de castigo. Y si las bajas en combate son homicidios, nuestros soldados son –por fuerza- homicidas, asesinos.
En la guerra jurídica y mediática que libran contra el ejército, la izquierda terrorista comienza a implantar sus términos cambiando los que condenan a los terroristas. Por ejemplo, a los secuestrados por la guerrilla los llaman “retenidos”, a los guerrilleros asesinos los llaman “rebeldes” y a los criminales dados de baja los llama “homicidios en combate”. Todo, para conseguir la ansiada beligerancia para los terroristas.
Beligerancia que puede salvarlos de la cárcel, de las condenas por narcotráfico, homicidios, asonadas, secuestros, extorsión, concierto para delinquir y un sinnúmero de delitos que podrían esperarlos para cuando sean capturados vivos, a menos que sean “asesinados” por nuestros soldados.