Se abre el debate: mano dura para conductores ebrios

Se abre el debate: mano dura para conductores ebrios



JUSTICIA El Consejo Superior de la Judicatura pidió que se investigue a la juez que le dio casa por cárcel a un conductor que en Bogotá iba embriagado y causó la muerte a una persona y heridas a otras cinco.


La noche del pasado viernes, el abogado Fernando Abello España conducía un Chevrolet Optra por la Autopista Norte con la calle 150 A, al norte de Bogotá.

En ese mismo momento, los pasajeros de un Mazda 3 y un Mercedes Benz terminaban el papeleo de un leve choque que acababan de tener. Nadie estaba herido. Sólo se dañaron algunas latas, pero había agentes de Policía haciendo los trámites legales requeridos ante cualquier accidente, por insignificante que sea.
El abogado Abello, que conducía por encima de los límites de velocidad y con dos grados de alcohol en su cuerpo, según encontró la Policía de Tránsito, se fue contra la moto de los agentes y la arrastró hasta impactarla en quienes estaban allí.

Como consecuencia murió Zoila Rosa Pardo de Zafra y quedaron heridas cinco personas. Entre ellas se encontraba el joven Daniel Klug, de 17 años, que tuvo que pasar varias horas en cuidados intensivos para recuperase de un fuerte golpe en la cabeza.

Los policías llevaron a Abello a que le hicieran los respectivos exámenes médicos, que encontraron alcohol en su cuerpo, y luego lo condujeron ante la Jueza 39 de Control de Garantías para legalizar su captura. Después de la diligencia judicial, el abogado recibió el beneficio de casa por cárcel. La razón, según la jueza, fue que por no tener antecedentes penales no representa peligro para la sociedad.

Hay juristas que desde ya advierten que la decisión tal vez no fue la más adecuada. El Consejo Superior de la Judicatura le pidió a su seccional en Cundinamarca que investigue si la Juez 39 tuvo un comportamiento indebido.

Juan Forero, director de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, explicó que la detención domiciliaria es una figura extraordinaria que se le otorga a una persona que “sí representa peligro para la comunidad, pero menor, porque si no lo representara, quedaría libre inmediatamente. Y sí puede alterar las pruebas que lo vinculan con un hecho, pero en menor grado”.

En casos como éste, según explicó Forero en La W, donde se tiene un hecho real de una persona que provocó trágicas consecuencias por conducir bajo los efectos del alcohol, hay una conducta que “en sí, pone en peligro a la comunidad”.

El Tribunal Superior de Bogotá, hace dos años y medio, consideró en un caso en el que una persona tuvo un accidente por ir embriagada que no se trató de un delito involuntario, sino intencional.

Por eso, Forero considera que “en estas conductas punibles donde hay muertos, embriaguez y donde las personas intentan huir del lugar, como suele ocurrir en algunos de estos casos, la detención domiciliaria no se debe dar”.

El problema que generan los borrachos al volante no es menor. En lo que va de este año, han ocasionado en Bogotá 551 accidentes que han provocado 30 muertes, y heridas en 352 personas.

La Policía, que hace constantes operativos, ha sancionado a 2.475 conductores por viajar embriagados.

El año pasado, el Congreso aprobó la Ley 1326, que modificó el Código Penal desde el 15 de julio del 2009 para incrementar las penas a quienes sean responsables de estos hechos.

“Si en el momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena”, dice en el Código Penal después de la reforma.

Así, la mínima condena para alguien que provoque muertes o heridos por conducir embriagado es de cuatro años, y la mayor, de 27 años.

La tarea que sigue en el Congreso es tramitar un proyecto de ley que la bancada del Movimiento Mira radicó el 20 de julio. La iniciativa busca que vayan directamente a prisión y no tengan beneficios, como el de casa por cárcel, personas que hieran o maten a otras por manejar embriagadas, por viajar en contravía o por no respetar las señales de tránsito, según explicó la representante Gloria Stella Díaz.

El ministro del Interior, Germán Vargas, coincidió en la necesidad de ajustar el Código de Procedimiento Penal para evitar libertades como la concedida al abogado Abello. Para él, la Policía y los jueces deben tener la posibilidad de hacer calificaciones más severas a personas que eventualmente puedan representar peligro para la sociedad.

“Nosotros no controvertimos las decisiones judiciales. Lo dije desde el primer día. Lo que sí tenemos es un instrumento para llevar al Congreso modificaciones al Código de Procedimiento que hagan mucho más rigurosa la concesión de libertades”, dijo.