El Premio - Por Daniel Coronell

El Procurador General declaró insubsistente a la funcionaria del Ministerio Público que descubrió el tráfico de fallos en el Consejo de Estado y otras entidades de la rama judicial. El proceso fue anulado y la procuradora Ana María Garzón Botero se quedó en la calle luego de revelar cómo operaba el mercado de influencias y la compraventa de decisiones judiciales.
La ahora ex procuradora, después de un largo trabajo de investigación, descubrió que varios funcionarios del Consejo de Estado en complicidad con particulares (especialmente algunos abogados y políticos interesados) presuntamente negociaban decisiones que tomaba la sección quinta encargada de los asuntos electorales, y otras salas del alto tribunal.

Entre las pruebas hay varias interceptaciones telefónicas en las que se habla de plata, vueltas y fallos. Esas pruebas involucran a cinco funcionarios de la alta corporación. Entre ellos a Carlos Arturo Fernández Trujillo, quien en una de las grabaciones habla de "voltear una decisión" y además afirma que "eso está alrededor de 30 millones de pesos".

Entre los particulares señalados por las pruebas aparece Javier Socarrás Amaya, el mismo hombre que hizo campaña para el Concejo de Bogotá acompañado por Tomás Uribe Moreno.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Socarrás participó en maniobras irregulares para lograr fallos favorables a un gobernador de Casanare, a otro de Córdoba, a un alcalde de Montería, a una alcaldesa de Uribia, a un alcalde de Maicao y a 19 concejales de Montería, entre otros.

Bien interesante resulta, por ejemplo, una conversación sobre el caso del gobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, donde mencionan a Socarrás: "Javier comenta que mañana le van a llevar el proyecto donde arreglaron el asunto del gobernador de La Guajira y que lo arreglaron por 10 barras".

A pesar de que Socarrás ha sido mencionado en numerosos casos de tráfico de influencias y en el asunto de las notarías, hasta ahora solo tiene un proceso en marcha por haber intentando obtener tarjeta profesional de abogado con documentos falsos.

En medio de las pesquisas, la procuradora Garzón encontró también evidencias para solicitar a la autoridad competente investigar al poderoso magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo.

Las grabaciones muestran que Escobar Araújo mantenía contacto con un fiscal que fue capturado en flagrancia mientras recibía un soborno de una persona interesada en un caso.

El fiscal se llama Romel Polanco y terminó -por casualidad- manejando varios procesos instaurados por Escobar Araújo contra periodistas, entre ellos Claudia Hoyos del Noticiero CM&, Alejandro Santos, director de SEMANA, y el suscrito.

Mientras los periodistas denunciados por meterse con el magistrado de los botines acudían como cualquier ciudadano a la justicia, Escobar Araújo tenía acceso por fuera del proceso al fiscal.

Según los papeles de la Procuraduría, en una conversación con su esposa Escobar dice que "ahora se va a ver con Romel Polanco (…) el de las investigaciones que van a clavar el 28, mañana a Claudia Hoyos y entonces me voy a reunir con él a ver cómo es la cosa".

Y la cosa tenía su contrapartida. En otra grabación "Romel llama a Escobar y le comenta que le ayude con la ex esposa que es fiscal, de nombre Ligia Jaimes Díaz, la trasladaron para Barranca de Bucaramanga y es para ver si le habla al doctor Iguarán y la devuelvan. José Alfredo le dice a Romel que va a tratar de hablar con Iguarán".

Unos días después, el magistrado le informó a Romel que ya había hablado con Alfredo Iguarán, hermano del entonces Fiscal General y empleado del Consejo Superior de la Judicatura.

Algún callo grande debió haber pisado la procuradora que logró estas evidencias. Esta investigación parece haber sido su condena.

El pasado 5 de abril, el procurador Alejandro Ordóñez la declaró insubsistente y el 6 fueron anuladas sus actuaciones, aunque las pruebas siguen vigentes.