Capturas masivas por parapolítica

QUEMANTANALETA · 13-03-2010 , 20:12:21

Un nuevo capítulo de la llamada parapolítica se abre paso en la Fiscalía General de la Nación. En los últimos dos días se han presentado 30 capturas de funcionarios públicos entre alcaldes, ex alcaldes, concejales, diputados y demás servidores de entes territoriales, en esta oportunidad del Urabá antioqueño y Santander.

Varias semanas se completan sin mayores noticias sobre capturas de funcionarios del Estado relacionados, aparentemente, con grupos armados ilegales. Silencio que se rompió el jueves cuando agentes de la Dijín de la Policía capturaron un dos concejales y tres personas más por presuntos nexos con paramilitares de Santander.

Cuando la noticia terminaba de ser digerida, el Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, informó este viernes sobre la detención de 25 personas más en el Urabá antioqueño, entre quienes están: el actual alcalde de Arboletes, Antioquia, Gustavo Germán Guerra; el ex alcalde, también de Arboletes, William Salame; así como también el jefe de planeación de este municipio, José Luis Lozano Anaya y el secretario de desarrollo de Arboletes, Luis Aluciro Vega.

Junto a ellos fueron detenidos los ex alcaldes de San Juan de Urabá Carlos Náscar Pájaro y Miguel Ángel Zuluaga; el asistente de esta última alcaldía Gabriel Alvarado, y otras 18 personas más, todas vinculadas activamente a la vida política de la región.

"Estos individuos supuestamente tenían vínculos con el bloque Elmer Cárdenas, cuyo cabecilla era Freddy Rendón Herrera", dijo el Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, quien además precisó que los nexos que comprometen a estas personas se habrían dado durante las elecciones de 2002 y 2006, en las que el grupo armado ilegal los habrían apoyados en sus campañas electorales.

"En unos casos se trató de apoyo dado por este grupo armado, AUC, en otros casos se trató de personas que colaboraron y estuvieron presentes en la actividad delictiva", señaló Mendoza Diago, quien manifestó que el éxito de este proceso judicial han sido las declaraciones entregadas por distintos ex paramilitares que hoy están cobijados por la ley de Justicia y Paz.

"Estos eran utilizados por el grupo armado ilegal, eran apoyados en las elecciones y después se pasaba la cuenta de cobro contra los recursos de las administraciones municipales", dijo Mendoza al lanzar la hipótesis que se maneja en estos casos.

De la misma manera, el Fiscal no descartó que se realicen otros procedimientos similares en otras partes del país, por lo que evitó dar detalles puntuales de operativos como éste.

De la misma manera, Mendoza Diago no descarta que los detenidos puedan llegar a ser acusados de delitos como el de concierto para delinquir o inclusive actos de lesa humanidad en caso de estar comprometidos con hechos que rayen con ese tópico, sancionado internacionalmente.

"La Corte (Suprema de Justicia) ha manejado un criterio más amplio sobre la participación de políticos en los actos de los paramilitares, de manera que si se adhirieron al concierto para delinquir, y tenían conocimiento de que ese delito estaba ligado homicidios tendrán eventualmente que responder por eso también" , dijo.

En Santander

La Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó desde el pasado jueves a dos concejales y a tres ex concejales de Rionegro, Santander, por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.

Se trata de Etemilson Vásquez Camargo, actual Presidente del Concejo Municipal de Rionegro; el concejal Alcides Ruiz Mantilla y los ex concejales del período 2003—2007, Otoniel Burgos Perdomo, Mayvis Montes Peñaloza y Henry Mantilla Sandoval.

Los detenidos son señalados por sus supuestos nexos con el ‘Bloque Central Bolívar’ de las Autodefensas, comandado por Óscar Leonardo Montealegre Beltrán, alias ‘Piraña’.

De acuerdo con las investigaciones, los concejales y ex concejales habrían recibido apoyo económico y logístico por parte de paramilitares para ser escogidos en cargos de elección popular.

Según la Dijín, el grupo ilegal otorgó apoyo de índole político económico y militar, con el propósito de que una vez fueran elegidos los candidatos al Concejo de Rionegro, éstos aprobaran los proyectos o convenios presentados a la Alcaldía para la adjudicación de contratos a personas o entidades determinadas, que fueron creadas con el único fin de contratar con la administración municipal.

Las indagaciones indicaron que las actividades de apoyo pactadas con un contratista estuvieron cerca de los 800 millones de pesos.

Pronunciamiento de la Corte

Uno de los pronunciamientos a los que hizo referencia el Fiscal General de la Nación se produjo precisamente este jueves, cuando se refirió a la manera como se deben entender y calificar los delitos que comprometen funcionarios del Estado con grupos armados ilegales

Durante una audiencia pública la Corte Suprema de Justicia se refirió a aspectos como el secuestro de dos conductores por parte de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, al igual que a procesos de "limpieza social" ejecutados por los paramilitares, y temas relacionados con la financiación de grupos armados ilegales.

En el primer aspecto (secuestro de dos conductores) el magistrado Alfredo Gómez Quintero fue claro en señalar que la intimidación y las amenazas hacen parte del llamado secuestro agravado y de una toma de rehenes.

Sobre la financiación consideró que cuando el apoyo a grupos armados al margen de la ley se da por presiones y por temor, bajo amenazas de muerte, etc, no permite que estas personas, en su mayoría campesinos, se conviertan en colaboradores sino en víctimas.

"La fuente de financiación del grupo ilegal no siempre fueron los aportes ‘voluntarios’ de las personas; es bien sabido que la comunidad ajena a los intereses del conflicto armado (campesinos, comerciantes) en sinnúmero de ocasiones se vieron compelidos a cumplir con un ‘aporte voluntario’ con la connotación de ser mínimo, extorsivo, periódico y que en ámbito de lo razonable tales personas no deben ser tenidas como subsidiadores del paramilitarismo porque en realidad eran víctimas", dijo la Corte.

Otro es el asunto de quienes como funcionarios públicos o servidores del Estado, sí colaboraron con los actores armados al margen de la ley. Esto, precisa la Corte, los hace parte del grupo ilegal.

Quienes subsidiaron o dispusieron de la función pública (empresarios, alcaldes, fiscales, policías, agentes de la fuerza pública, jueces, gobernadores, generales de la fuerza pública y autoridades públicas, etc) lo hicieron conscientes de que tales aportes de dinero promocionaron los crímenes del ******o ilegal", consideró la Corte.

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