Por: Aurelio Suárez Montoya, Bogotá 9 de febrero de 2010
En 1923, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán creó un cuerpo de defensa y seguridad. Se le denominó la Schutzstaffel (en lenguaje latino SS), que quería decir “Escuadrón de Defensa”. Su misión era ser una guardia de protección de los jefes del partido, Adolfo Hitler, entre ellos. Fue un sustituto en el mediano plazo de las camisas pardas, o SA, el original creado en 1919. Más tarde la SS se tornó en un ejército sobre el ejército regular, una fuerza especial, extraordinaria.
Los gérmenes de esa agrupación fueron el reclutamiento inicial de civiles, la mayoría jóvenes, con fines claramente ofensivos y vinculados con la fuerza pública. Comenzó en el involucramiento de la juventud, en la mayoría de los casos con marcadas características físicas de “raza aria”, y terminó convertida, en la Segunda Guerra Mundial, en puntal de la tropa de invasión. Conservó siempre un capítulo de informantes que desplegaban su actividad tanto sobre el ciudadano alemán común y corriente como el espionaje en otros países. Regímenes de la misma esencia han procedido en forma similar para enganchar jóvenes hacia sus fines protervos; por ejemplo, las camisas negras de Mussolini se iniciaron como instrumento partidario del fascismo y culminaron en milicia.
Muchas han sido las críticas emitidas contra la propuesta del presidente Uribe de conformar un cuerpo de informantes universitarios. Todas completamente razonables y justas, desde las de la coalición de organizaciones que tienen por objeto mantener a los menores afuera de los conflictos armados, hasta las de Carlos Gaviria quien reprocha el que se recurra a remunerar a los ciudadanos para que cumplan con su deber cuando conocen de la comisión de un delito o que se otorgue una atribución especial a agentes que pueden utilizar “información” para dirimir querellas personales; así sucedió en muchas ocasiones en experiencias históricas reconocidas y en las cuales tal forma de “falso positivo” quedó en completa impunidad.
Quienes ingresen al programa de “jóvenes universitarios informantes a sueldo” de hecho se constituyen en brazo auxiliar de la fuerza pública y, en esa dirección, son una organización paramilitar con tinte legal. Un modo de Convivir- de “información” especializada entre jóvenes universitarios- y además asalariada.
Esa última condición, fuera de servir de señuelo, que se suma a Familias en Acción, Familias Guardabosques, Juntos o Banca de Oportunidades, es un intento de organizar el uribismo entre un conjunto humano que en general ha sido refractario a las ideas derechistas, en particular en las universidades públicas. Es una fase superior de dicho proyecto político. Tal iniciativa no es ajena al plan social de José Obdulio Gaviria, y de la Fundación Primero Colombia, de dar cuerpo a la Sociedad Civil uribista. Empezaron con una central obrera, que estuviera de acuerdo con los TLC, y a cuyos voceros el ex-asesor presidencial hace poco calificó como héroes por ir a Europa a hacer propaganda al régimen en relación con los derechos humanos; más tarde se lanzó el Pacto Social Agrario, una reedición del Pacto de Chicoral, que impulsa nuevamente la aparcería con el aval de algunos “sindicatos agrarios”; y, así mismo, se busca aglomerar, con supuestos fines auxiliares como informantes, a los taxistas.
Es evidente que incorporar civiles organizados a los conflictos y remunerarlos por las tareas cumplidas contradice normas del derecho humanitario (¿hasta el Convenio de Ginebra?). Sin embargo, el empeño, justificado a nombre de la Seguridad Democrática, va mucho más allá, crea particulares modalidades organizativas de la base social uribista. Está por verse si cogerá el rumbo de la SS o de las camisas negras, si se volverá milicia o qué otra cosa; por lo pronto es la fase de gestación de esta SSAUV, un caso típico de algo que se sabe que comienza mal pero no cómo terminará peor.
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