Por: Jorge Gómez Gallego (Diputado Asamblea Departamental de Antioquia, Polo Democrático Alternativo), Medellín, 11 de enero de 2009.
Por orden de un Fiscal, el Inspector de Policía de Bello efectuó el viernes 8 de enero, por tercera vez, el desalojo de un predio de propiedad de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia. Entre los expulsados se encontraba Carmelo, hombre de 58 años, DISCAPACITADO, ya que es hemipléjico por efecto de una parálisis infantil, DESPLAZADO por la masacre cometida por paramilitares en las veredas La Tolda y La Chorrera del municipio de Barbosa (Antioquia), en octubre del año 2000, DAMNIFICADO por las crecientes de la quebrada La García en el Municipio de Bello, donde vive, si a eso se le puede llamar vida, en un rancho construido por su hermana en la zona de retiro de ese afluente. Para colmo de males es un DESEMPLEADO crónico, pues su edad y su discapacidad, no le permiten obtener ningún trabajo en medio de una oferta tan precaria.
Como si con esas no bastara, ahora le llega la quinta “D”, la de DELINCUENTE, pues el proceso que adelanta el citado Fiscal, además de ordenar el desalojo, persigue la individualización de los más de 200 invasores para elevarles cargos por los delitos de “Perturbación de la posesión pacífica” y “Daños al medio ambiente”.
¿Cuál es el origen de esta situación? Pues bien, en los 10 municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se concentra el 60% del total de la población del Departamento, y el 72% de la que vive en zonas urbanas. Existen unos 830.000 hogares, de los cuáles 375.000 tienen la condición de inquilinos o de “arrimados”, es decir, no poseen vivienda propia. También se registran cerca de 54.000 viviendas ubicadas en zona de alto riesgo y el 55% del total están catalogadas en estratos socioeconómicos 1 y 2.
El desempleo creciente que ubica a Colombia en el primer puesto en todo el continente americano y tercero en el planeta, es un 35% superior al vergonzoso promedio nacional en estos diez municipios. Esto desde luego, tiene un efecto inmediato y directo sobre la capacidad de pagar arriendo, y coloca a muchos compatriotas en evidente estado de necesidad. He ahí la causa de las invasiones que de manera recurrente se vienen presentando.
Conseguir vivienda en Colombia para la mayoría laboriosa y pobre siempre ha sido difícil. A principios de los años setenta del siglo pasado, cuando la construcción de vivienda se convirtió en uno de los principales negocios del capital financiero, con el advenimiento de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, y las figuras del UPAC o el UVR, el asunto se volvió dramático, y con la implementación de la política neoliberal, y su profundización en los dos consecutivos mandatos de Álvaro Uribe, ya ha llegado a la categoría de catastrófico.
Lo anterior se agrava mucho más, con el trato policial o de orden público otorgado por las autoridades a los ocupantes de predios con el propósito de resolver una situación tan desesperante y angustiosa.
Trato que desconoce flagrantemente dos situaciones contempladas en la Ley: la primera es que no existe delito cuando los hechos punibles se cometen bajo el denominado “estado de necesidad”, y no se han realizado con dolo, y la segunda, que hay disposiciones expresas sobre el tratamiento que se debe dar a la población víctima del desplazamiento forzado o de las catástrofes naturales, a las cuáles, antes de proceder a un desalojo, es imperativo ofrecerles soluciones alternativas. (Ver Art 51 de la C.P., Pacto Internacional DESC, Ley 74 de 1968, Sentencias de la Corte Constitucional SU-1250 de 2000, T-754 de 2006, T- 200 de 2009).
A los compatriotas como Carmelo, y a todos los hombres y mujeres tipo “D”, puede calificárseles con cualquiera de los adjetivos cuya primera letra sea la cuarta del alfabeto castellano, menos con el de DELINCUENTES. Tienen pleno derecho a exigir que sus reclamos sean atendidos por las autoridades locales, departamentales y por el gobierno nacional, como derechos y no como conductas punibles y éstas a su vez están en la obligación de hacerlo así.
También pueden y deben organizarse para emprender acciones de resistencia civil y de esta forma hacer valer sus prerrogativas, máxime en tiempos del uribismo, en los que se otorgan generosos subsidios y privilegios tributarios a las poderosas multinacionales, al puñado de usureros del capital financiero y a los amigotes de la cúpula presidencial. Para muestra, el botón de Agro Ingreso Seguro.
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Las cinco “D” de Carmelo o el drama de la vivienda en Colombia.
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