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Los gobernadores están promoviendo el cumplimiento de la Constitución. Y apuesto a que la Corte Constitucional les va a dar la razón.
María Isabel Rueda
Lo peor no es solo que, según ‘Bloomberg’, Gustavo Petro cobrará el impuesto al patrimonio más alto del mundo. Sino que la gente pagará impuestos por lo que tiene ahorrado, así no haya ganado nada durante el año y no tenga con qué.
Este es apenas uno de los impuestos alcabaleros que impone la emergencia económica, contra la que se han rebelado 17 valientes gobernadores del país: el alza de los impuestos al consumo amenaza con dejarlos sin las rentas departamentales con las que sostienen la salud, cuando, cada vez más, la gente se está muriendo en las puertas de hospitales y clínicas.
Dos ministros de este gobierno amenazan a los gobernadores con que por ello pagarán de su propio pecunio una sanción. Armando Benedetti, desde el Interior, cual arbusto de virtudes personales y públicas, alega mal ejemplo. El desconocido minjusticia encargado, Andrés Idárraga, anuncia que comenzará a tomar medidas. (Al final de esta columna haré unas preguntas sobre su idoneidad).
Pues los 17 gobernadores que han resuelto no obedecer la emergencia económica, alegan la excepción de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 4 de nuestra Constitución, que les permite como autoridad abstenerse de cumplir una norma cuando contradice el texto constitucional, como hace el decreto de emergencia.
El recurso encuentra sus más lejanos orígenes en la carta magna promulgada en Inglaterra en 1215, que comenzó a sembrar el fin del absolutismo y sentó el precedente para que, en el siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América se rebelaran contra el rey con esta consigna: “No taxation without representation”. Este es el criterio con el que se evalúa la legitimidad de los impuestos en las democracias contemporáneas, bajo el principio de que la potestad tributaria la ejercen los representantes del pueblo desde los parlamentos, y no unilateralmente el gobernante. Pero ahora Gustavo Petro resuelve devolverse 3 siglos para decretar esta emergencia económica llena de excesos tributarios y basada en una justificación chimba...
Es un paradigma que cuando se crean o suben los impuestos indirectos, se alienta el contrabando: en el caso que ocupa a los gobernadores, el de los licores. Temen que los departamentos dejen de recaudar las rentas basadas en el impuesto al consumo, que tienen como principal destino a la salud, hoy desmantelada.
Cuando el Congreso no le obedece, Petro gobierna por decreto, como este de la emergencia. Por eso cuando se le hundió en primer debate su reforma laboral, el Gobierno, a través del entonces ministro “chiquito malo” y alegando la misma excepción de inconstitucionalidad que hoy les critica a los gobernadores, redactó el famoso “decretazo”, para tramitar la reforma mediante consulta popular. Lo mismo: cuando el Congreso rechazó la ley de financiamiento dirigida a cubrir los faltantes presupuestales, el Gobierno decretó la emergencia económica para recaudarse impuestos por la derecha.
Y cuando son las cortes las que no obedecen, Petro las amenaza con desatar en su contra la ira popular, declarando a sus magistrados con nombre propio enemigos del pueblo. Pues hoy estamos en manos de la Corte Constitucional, que en una semana decidirá si suspende provisionalmente el decreto de emergencia con base en diez solicitudes de aplicación de esa medida cautelar; entre otras, una del pilísimo alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Luego, a finales de febrero, resolverá de fondo acerca de su clarísima inconstitucionalidad. Como la emergencia económica se dicta con base en hechos sobrevinientes, no puede considerarse como tal que el Congreso rechace una ley, porque hacerlo o no forma parte de la rutina de sus funciones constitucionales. ¿Qué tal que para que Petro no gobierne por decreto, el Congreso tuviera que aprobarle todo lo que se le antoje?
"Cuando el Congreso no le obedece, Petro gobierna por decreto... Y cuando son las cortes las que no obedecen, Petro las amenaza con desatar en su contra la ira popular"
De manera que se equivocan quienes dicen que los gobernadores están dando mal ejemplo promoviendo el incumplimiento de la ley con su rebelión. No. Están es promoviendo el cumplimiento de la Constitución. Y apuesto a que la Corte Constitucional les va a dar la razón.
Entretanto... Preguntas al ministro (e) de Justicia:
1) ¿Es cierto que lo mencionan en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, direccionando recursos a alcaldes?
2) Petro, a pesar de haberlo anunciado públicamente, no lo sacó del cargo junto con Olmedo. ¿Será que los contratos que habría entregado como secretario de Transparencia a Adriana Camargo, antes de ser Fiscal, la inhabilitarían en esa investigación?
3) ¿La esposa de Idárraga es la jefa de la oficina jurídica de la Fiscalía?
4) ¿La Fiscalía “le prestó” en interinidad, como secretaria general del ministerio, a una funcionaria de apellido Herrera? Lo anterior no es ilegal. Pero en conjunto, configuraría una relación de enroque “swinger” entre la Fiscalía y el ministro de Justicia, por cuyo conducto se haría cierto que Petro es el “jefe” de la Fiscal.
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