El gobierno de la ‘i’

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El gobierno de la ‘i’ El plan de Petro de quitarle la ‘i’ a lo ilegal avanza: los criminales tienen vía libre. Mauricio Vargas No es que importe mucho –pues dejó de ser noticia– que el presidente Gustavo Petro haya dicho otra insensatez en uno de sus delirantes discursos, esta vez para plantear que la solución a la criminalidad es quitarle a lo ilegal la letra ‘i’, con lo cual todo lo ilegal se convierte, por arte de magia, en legal. Lo interesante en esta ocasión es que, a diferencia de otros casos en que sus palabras alucinadas se las lleva el viento, la afirmación de Petro corresponde a lo que su gobierno ha hecho: darles vía libre a la ilegalidad, al crimen, al delito en múltiples y variadas formas. Enemigo declarado de las actividades mineras legales, el mandato petrista ha puesto todas las trabas posibles a las actividades extractivas de oro y otros minerales, desarrolladas por empresas constituidas según la ley, y que pagan regalías e impuestos. Al mismo tiempo, no ha hecho más que pechichar a las bandas criminales dedicadas a la minería ilegal, entre ellas el sanguinario ‘clan del Golfo’, que controla cientos de explotaciones ilícitas en Antioquia. El resultado de tan perversa combinación –impedir lo legal y alentar lo ilícito– es que la minería ilegal, que no paga impuestos, envenena ríos, mata fauna y flora, y va acompañada de intimidación armada, crece a ritmo acelerado. Como contaba ‘Portafolio’ el martes, en un detallado informe, datos del Mindefensa registran 3.923 minas ilegales en operación entre enero y julio de 2025, un 21,6 % más que en el mismo período de 2024. A este paso, ese registro pasará de las 6.000 explotaciones ilícitas al terminar el año. En 2022, cuando Petro llegó al poder, eran 2.400: ¡hablamos de un crecimiento de 150 %! El plan del Presidente de quitarle la ‘i’ a lo ilegal va viento en popa: los capos del ‘clan del Golfo’ –y de otras siniestras bandas– están felices. Intimidan a la población, asesinan a líderes sociales y masacran campesinos en Antioquia y el Caribe, y Petro los premia con una mesa de diálogo en Catar, en el marco de la ‘paz total’. Es un pago de favores a quienes lo ayudaron a elegirse, tras los pactos mafioso-electorales que alentó, en la campaña de 2022, su hermano Juan Fernando Petro. Pero la minería dista de ser el único campo donde Petro le ha quitado la ‘i’ a lo ilegal. De hecho, el mandato del Presidente que tanto prometió luchar contra la corrupción rezuma ilegalidad, robo, saqueo, fraude y falsedad. Nicolás, hijo del mandatario, afronta un segundo proceso por corrupción en contratos y falsedad, que se suma al juicio que avanza en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El mininterior, Armando Benedetti, está siendo juzgado por la Corte Suprema por tráfico de influencias en la trama corrupta que saqueó al Fonade. El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, aliado y favorito de Petro, afronta el arranque de un juicio por un escandaloso fraude en el caso del terreno de Aguas Vivas, en esa ciudad, un proceso dentro del cual la Fiscalía presentó casi 4.000 pruebas contra Quintero y sus secuaces. "Intimidan a la población, asesinan a líderes sociales y masacran campesinos en Antioquia y el Caribe, y Petro los premia con una mesa de diálogo en Catar, en el marco de la ‘paz total’ Ni qué decir del caso de la UNGRD, donde el exjefe de la Casa de Nariño Carlos Ramón González y el exminhacienda Ricardo Bonilla, ambos del círculo más íntimo de Petro, están acusados de viabilizar el robo de decenas de miles de millones de pesos de esa entidad. O de las ofertas hechas, vía chat, desde el entorno del minsalud, Guillermo A. Jaramillo, de puestos y contratos a los congresistas para que voten con el Gobierno. O de la repartición de puestos y negocios en el Sena por parte de otro petrista AAA, el expresidente de la Cámara David Racero. Casi todo en este mandato está cargado de ilicitud, fraude y falsedad. Y habrá más ahora que el varias veces condenado Emilio Tapia tiene cuota en el gabinete, con la nueva mintic. Podría seguir con la lista, pero tantos casos criminales como los que acumula el gobierno de la ‘i’ (de i-legalidad) no caben en una columna. Ni en diez.

Fuente: El Tiempo