El hundimiento de la tributaria expone el declive del poder de Petro

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El hundimiento de la tributaria expone el declive del poder de Petro por Edgar Quintero Herrera El hundimiento de la reforma tributaria es la principal derrota legislativa del presidente Gustavo Petro desde la fallida reforma a la salud, en abril de 2024. Es la última señal de una progresiva pérdida de poder. El presidente domina la agenda mediática —ayer con una defensa a Daniel Mendoza, el creador de Matarife, un exhibicionista que exalta el sexo con menores de edad, por ejemplo—, pero su capacidad para mover al Estado en la dirección que quiere es cada vez más reducida. Petro había tenido éxito con una forma agresiva de ejercer el poder, con llamados a la movilización popular para ejercer presión y luego negociar. Logró la reforma pensional, continuar el desmonte del subsidio a la gasolina, un pacto con el sector bancario, y acorralar a las EPS. Sin embargo, al cierre del 2024, acumula derrotas legislativas, judiciales y al interior de su mismo gobierno, que muestran que la fórmula se está agotando. Primero el Congreso no le aprobó el presupuesto, y luego viene el fracaso de la tributaria. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó la inminencia de un nuevo remezón ministerial mientras el gabinete en pleno salió a cuestionar con dureza a la oposición. Detrás, el gabinete está desordenado y dividido. Y en su primer círculo, con Armando Benedetti y Laura Sarabia, hay tensión y desconfianza. El Congreso ignora las amenazas de Petro El presidente defendió la tributaria con la amenaza de un “default”, la interrupción del pago de la deuda del gobierno. Luego señaló a Efraín Cepeda, presidente del Senado y miembro de una de las comisiones económicas, como el líder de un “golpe blando” en versión macroeconómica por su oposición al proyecto. El tono amenazante de Petro no tuvo ningún efecto en el previsible hundimiento de la reforma. Estaba condenada por las promesas burocráticas incumplidas a los congresistas de las comisiones económicas, el escándalo de corrupción de la Ungrd, la incertidumbre por la salida del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y los problemas fiscales del gobierno. “El Congreso se ha venido empoderando como contrapeso del ejecutivo desde el gobierno Duque, por su falta de liderazgo”, dice el consultor político, Andrés Mejía. “Y ahora, con Petro, lo ha demostrado en unos temas en los que su relación con los gobiernos eran funcionales, casi de trámite, como los presupuestos”. Se trata de una pérdida de poder en un asunto neurálgico. El de aprobar el presupuesto y financiarlo con reformas tributarias es clave para tener el dinero para cumplir el plan de gobierno —justo en 2025, un año preelectoral— y mantener la credibilidad ante acreedores, inversionistas y el sector privado. Por lo menos desde la Constitución del 91, ningún gobierno se vio obligado a decretar el presupuesto ante la negativa del Congreso. Dentro del gobierno y la bancada del Pacto Histórico interpretan el fracaso de la tributaria como un golpe de cara a las elecciones del 2026. “El bloqueo institucional en el Congreso se reavivó. El objetivo es que al gobierno le vaya mal de cara a las próximas elecciones. También van a entorpecer los debates sobre las reformas laboral y a la salud”, dice la senadora Clara López, del Pacto. “El Congreso actuó para vengarse. Están promoviendo que la venganza y la corrupción gobiernen a Colombia. Esto es un golpe demoledor para el sector que represento”, le dijo a La Silla el ministro de Cultura, Juan David Correa, quien dice que el presupuesto para su cartera pasará de 1 billón de pesos a 185 mil millones en 2025 por los recortes anunciados. Además, en la izquierda empiezan a repartir culpas. Uno de los señalados es el minInterior, Cristo, quien no pudo evitar el entierro de la tributaria. En cambio, cosechó éxitos recientes en el Congreso, con su agenda propia de descentralización, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), que es la cirugía más grande al Estado colombiano en dos décadas. “Esto no es un fracaso del gobierno sino del ministro Cristo. Yo no vi el mismo esfuerzo que hizo con sus proyectos”, dice la senadora petrista Isabel Zuleta. Miembros del alto gobierno coinciden con esa lectura. “Cristo saca todo lo que le interesa. Nos convenció del SGP con la teoría de que su aprobación iba a mejorar el ambiente en el Congreso”, dice un alto funcionario del gobierno con asiento en el Consejo de Ministros, quien pidió la reserva de su nombre. Para el analista Héctor Riveros, columnista de La Silla, el gobierno Petro tiene “agendas paralelas” de acuerdo a cada ministro. “La agenda más estrictamente petrista no avanza en el Congreso, pero otras iniciativas respaldadas por el gobierno lo hacen”, dice sobre reformas como la del SGP, la reforma laboral, o la Jurisdicción Agraria. Son avances dentro de una agenda interna desordenada. “Nadie se la juega por el presidente”, dice una persona del círculo cercano de Casa de Nariño. El presidente tiene un primer círculo roto y poco fiable Durante su gobierno, Petro ha tenido un gabinete inestable y en conflicto permanente. Sus ministros han salido siendo señalados por el presidente como opositores internos, o como “ruedas sueltas” que obstaculizan la ejecución del programa de gobierno, que fue el caso de Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP). La inestabilidad y el conflicto del gabinete, sumado a la tendencia del presidente a aislarse y comunicarse poco con los ministros, ha derivado en un ambiente de desconfianza y facciones, que fue diezmado por el enorme caso de corrupción de la Ungrd. El presidente perdió hasta al exministro Bonilla, un cercano asesor de más de una década. Y antes salieron su mano derecha, Carlos Ramón Gonzalez, y la consejera para las regiones, Sandra Ortíz, por presuntamente comprar congresistas. Por otro lado, Petro tiene que aceptar políticos en su primer círculo como Armando Benedetti, quien ha demostrado su capacidad de chantaje frente al gobierno. Benedetti llegó a la Casa de Nariño pese a la oposición de Cristo y de Sarabia, la directora del Dapre, quien, a su vez, sigue en su puesto a pesar de señales y versiones de que perdió la confianza del presidente. Por la llegada de Benedetti, un grupo de seis altos funcionarios de izquierda le pidieron una reunión a Petro para preguntar por el rol del exembajador y cuestionar la continuidad de Sarabia. La alta funcionaria luego calificó al gabinete como un “jardín infantil” en una entrevista a El Tiempo, corroborando el mal ambiente que se vive en el gobierno Petro. En Uruguay la tensión entre Petro y Sarabia fue evidente. Durante la visita para condecorar a “Pepe” Mujica, discutieron en público por la manera en la que el presidente exhibió una bandera del M-19. No fue simplemente una anécdota. En el viaje, el presidente y la funcionaria mantuvieron la distancia hasta el punto de no hablarse en encuentros privados, según una persona que integró la comitiva del gobierno. Las cortes no se intimidan con las movilizaciones petristas “Multitudes que rodeen al poder”, fue la orden de Petro a sus bases políticas reunidas el 14 de septiembre en la Universidad Nacional. Lo hizo en la antesala de una movilización convocada para “defender” la reforma pensional, el gran logro social de su gobierno, y que está siendo estudiada por la Corte Constitucional. “La Corte no va a considerar el número de gritos que vengan desde la plaza para decirle cómo tiene que fallar”, respondió el presidente de la Corte, José Fernando Reyes, en El Tiempo. El 2024 arrancó con el presidente empujando protestas contra decisiones judiciales claves. La más visible fue el asedio a la Corte Suprema de Justicia. Petro incentivó a sus simpatizantes a una protesta y terminaron bloqueando la salida de los magistrados hasta que eligieran una nueva fiscal general entre las candidatas de su terna. Desde entonces, la relación con las altas cortes sigue sin recuperarse. Por ejemplo, el nuevo magistrado de la Corte Suprema, José Joaquín Urbano, se negó a posesionarse ante el presidente, como es usual, un hecho muy atípico. La decisión fue celebrada por el presidente de la corporación, Gerson Chaverra, con quien Petro ha tenido duros intercambios públicos. Esta semana, Chaverra, en nombre de los magistrados de la Corte Suprema, rechazó la Orden Nacional al Mérito en el grado de Cruz de Plata, otorgada por la Presidencia, marcando una vez más la mala relación institucional por la que pasa con el Ejecutivo. En medio de este ambiente, Petro ha recibido duros reveses por parte de la Rama Judicial. En la Corte Constitucional, el fallo que tumbó la no deducibilidad de las regalías, y la inconstitucionalidad de los decretos que permitían la contratación directa con las Juntas de Acción Comunal (JAC) para hacer carreteras. O los fallos del Consejo de Estado contra sus nombramientos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). En el 2025, en la Corte Constitucional viene el examen al impuesto al patrimonio y a la reforma pensional. La pérdida de poder del presidente, más allá de su micrófono caliente, implica no sólo la incapacidad de avanzar en su agenda, sino que amenaza también los logros conseguidos.

Fuente: La Silla Vacía