Petro reedita con la salud su fracaso con las basuras de Bogotá

El inepto, el soberbio, pone patas arriba el país. Se juega el todo o nada. Lo grave del cuento es que la institucionalidad del país se debilita, el país se paraliza y, lo peor, la gente de a pie es la que sufre las consecuencias.

Petro destruye su proceso de cambio destruyendo el país. Ese será su legado.

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Petro reedita con la salud su fracaso con las basuras de Bogotá Por Juanita León Hace 6 horas La movida del gobierno para intervenir las EPS Sanitas y Nueva EPS ante el hundimiento de su reforma a la salud trae ecos de la decisión de Gustavo Petro de cambiar de un día para otro el modelo de basuras cuando era Alcalde de Bogotá. En 2011, Petro se jugó el todo por el todo por desprivatizar la recolección de basuras, acabar los contratos de los operadores —algunos cercanos a Álvaro Uribe y a quienes tildaba de mafiosos— e integrar en el negocio a los recicladores. Lo hizo en contra de múltiples advertencias y provocó un gran desgaste institucional y anímico de la ciudad para un cambio que no duró más que sus tres años de gobierno, como lo detalló La Silla en esta historia durante la campaña presidencial. Ahora, lo repite sacando por la puerta de atrás (y vía twitter) la reforma de la salud que el Congreso le hundió después de año y medio de deliberación democrática. Al hacerlo, asume cuatro riesgos parecidos a los que tomó en Bogotá con las basuras. Solo que ahora un eventual fracaso de esta decisión se medirá en vidas y mayor sufrimiento de los colombianos: 1. El riesgo para los usuarios: fallas en la prestación del servicio Cuando Petro llegó a la Alcaldía heredó de la administración de Samuel Moreno la recolección de basuras con contratos de concesión que habían sido prorrogados porque la Corte Constitucional le había tumbado a su administración una licitación, debido a que no había acatado su orden de incluir a los recicladores en el negocio. En cambio de armar una nueva licitación, la Alcaldía anunció que crearía una empresa pública para que se encargara del aseo de la ciudad. Como ahora lo hizo con Sanitas y la Nueva EPS, Petro tomó la decisión sin darles previo aviso a los operadores privados ni conciliar la decisión con el Concejo ni con otras autoridades de Bogotá. Como no existía ninguna empresa distrital con experiencia en aseo, dado que la recolección de basuras estaba en manos de privados desde 1988, cuando Andrés Pastrana liquidó la Edis, le delegaron la prestación del servicio a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El Acueducto no tenía experiencia en aseo y entonces después firmó un convenio con Aguas de Bogotá, filial suya que tampoco tenía experiencia en basuras, para que asumiera la prestación de ese servicio. En paralelo, el Acueducto abrió una licitación para comprar vehículos compactadores para recoger basuras. Cuando llegó diciembre, y con todos los reflectores encima porque terminaba la concesión de los privados, internamente la Alcaldía reconoció que no tenía capacidad de recoger basuras en toda la ciudad. Entonces, la administración de Petro se vio obligada a redoblar esfuerzos para negociar con los privados que operaran algunos sectores de la ciudad. Los privados —que llevaban meses de ser tildados por el Alcalde de mafiosos— se resistieron. En medio de la tensión de esas negociaciones, el 10 de diciembre Petro creó por decreto un esquema transitorio para el servicio, que daba ventajas al operador público sobre los privados. Ya era claro que el Distrito no podía asumir todo. Tres días después, el Acueducto entregó el contrato para la compra de 278 vehículos para operar el aseo en toda la ciudad. Ninguno de los oferentes cumplía todos los requisitos, según reconoció el mismo Acueducto. Pero tenía urgencia de tener los carros lo antes posible. Como era obvio, los camiones de recolección de basuras no podían llegar en semanas, y el 14 de diciembre Petro tuvo que declarar la alerta amarilla en el manejo del aseo por cuatro meses, para autorizar que en ese tiempo y mientras llegaban los camiones, se usaran volquetas para mover residuos. Con esas volquetas, muchas descubiertas, la ciudad vivió una emergencia sanitaria sin precedentes el 18, 19 y 20 de diciembre porque el Distrito fue incapaz de recoger la basura en toda la ciudad. El temor de expertos en la salud y de asociaciones de pacientes como la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas es que estas intervenciones de un día para otro empeoren la prestación del servicio de salud. El problema de las EPS obedece principalmente a que el gobierno les gira por afiliado menos plata de lo que les cuesta atender las demandas de los usuarios. Y eso no va a cambiar con la intervención. Ayer, ya cuatro proveedores de Sanitas le cortaron el servicio ante la incertidumbre sobre su futuro. Los pacientes de Famisanar, otra de las EPS intervenidas recientemente, están teniendo que ir a los hospitales por urgencias porque muchas IPS no les agendan citas por miedo a que luego la EPS intervenida no les pague el servicio. Por urgencias, en cambio, reciben la tarifa SOAT. Aunque en el pasado se han liquidado decenas de EPS, la intervención abrupta de las dos más grandes en menos de 48 horas produce un traumatismo en el sistema que si no funciona producirá mucho sufrimiento. Y no es claro cuál es el plan de Petro para garantizar su éxito pues el interventor que puso en Sanitas tiene una corta trayectoria gerencial en hospitales muy pequeños y no hay anuncios de que el gobierno planee inyectarle al sistema los más de dos billones que expertos estiman que se necesitan para que el sistema de salud no implosione. 2. El riesgo jurídico: demandas millonarias a la Nación Ayer el representante legal del grupo Keralty, empresa española dueña de Sanitas, pidió a la Procuraduría investigar al Supersalud por la forma como intervino su EPS. Dijo que la actuación de la Superintendencia de Salud era “desproporcionada, discriminatoria y arbitraria” y afirmó que “sugiere una expropiación”. En la misma línea, Héctor Riveros, quien además de columnista de La Silla es un abogado prestigioso, dice que “esto es peor que las basuras, porque allí había un contrato. Aquí se vulnera la propiedad de una empresa legítima.” Muy probablemente lo que viene después será una millonaria demanda al Estado alegando una violación a los tratados internacionales sobre inversión dado que Keralty es española, tal como ocurrió con el cambio de modelo de las basuras. En 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que el modelo transitorio de Petro había violado la libre competencia (como se lo advirtieron varias entidades) y por eso condenó al Acueducto a pagar 61.600 millones de pesos, a la Uaesp a pagar 17.864 millones de pesos y a Aguas de Bogotá a pagar 1.330 millones de pesos. Petro, por su parte, fue sancionado con 410 millones de pesos. Petro y sus funcionarios optaron por demandar la nulidad de esa decisión lo que suspendió las órdenes de pago. Sin embargo, con ese proceso en curso, el Distrito, ya en la administración de Enrique Peñalosa, sí pagó la multa del Acueducto y de la Uaesp y desembolsó alrededor de 78 mil millones de pesos de impuestos de los bogotanos. Los funcionarios de Petro encargados del esquema de basura insisten en que no violaba la libre competencia porque era temporal mientras el Distrito armaba una licitación para adjudicar zonas de recolección a privados o, si era viable, asumía directamente la operación. Petro, por su parte, ha dicho que Peñalosa podría haber solicitado la nulidad de la decisión y optó por no hacerlo, para perjudicarlo políticamente. 3. El riesgo político: alimenta la percepción de que Petro no es un demócrata Cambiar de un día para otro el modelo para que el Distrito manejara el negocio de aseo violaba la libre competencia. Así se lo advirtieron al entonces alcalde en público y en privado la Contraloría, la Procuraduría, la Comisión de Regulación de Aseo, la de Superservicios y los prestadores del servicio. Petro ignoró estas advertencias. No fue la primera vez ni la última en que optó por desatenderlas durante su administración. También lo hizo, por ejemplo, cuando decidió entregar a dedo el contrato de la máquina tapahuecos a Green Patcher Colombia, por lo cual fue recientemente condenada la funcionaria encargada. El Tiempo reveló en su momento los audios de funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial advirtiendo que la decisión era “kamikaze” porque esa empresa no tenía músculo financiero y estaba recién creada. Aún así, siguió adelante en pos de su visión. En el mismo episodio de las basuras, cuando decidió licitar la compra de los carros recolectores, uno de los oferentes advirtió al Acueducto, en medio de la licitación, que una propuesta no cumplía con todos los requisitos. La respuesta del Acueducto fue reconocer públicamente que ninguno los cumplía y que quienes ganaran debían firmar cartas de compromiso para adecuar sus carros a las especificaciones de la licitación, es decir, cumplir los requisitos después. En ese caso, como con el tema de la salud ahora, el voluntarismo visionario de Petro se impuso. Veinte ministros y viceministros de salud de los últimos tres gobiernos; sus tres ministros liberales y con mayor experiencia de su primer gabinete; los principales gremios de la salud; 80 organizaciones sociales; las grandes asociaciones de pacientes: la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas; miembros visibles de la coalición del gobierno en el Congreso, etc, criticaron públicamente la reforma a la salud. El presidente imploró a los colombianos salir a marchar para presionar la aprobación en el Congreso, y salvo los indígenas y los sindicalistas de Fecode —que tienen su propio sistema de salud— muy pocos más salieron en su defensa. Finalmente, la comisión Séptima del Senado la hundió después de año y medio de un trámite tortuoso en el Congreso. Aún así, el presidente decidió seguir adelante con su reforma por la puerta de atrás. Con lo cual refuerza la percepción que ha movido la oposición de ser una persona autoritaria y poco respetuosa del equilibrio de poderes. 4. Riesgo para la gobernabilidad: comenzará un choque de poderes Ayer, después de que la Supersalud intervinó a Sanitas y su representante legal pidió la intervención de la Procuraduría, Margarita Cabello anunció que estudia la pertinencia de abrir una investigación disciplinaria contra el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, “por presuntas inconsistencias en los argumentos que motivaron la intervención”. Si como consecuencia de ese estudio la Procuraduría decide suspender del cargo a Leal, como ya lo hizo con el canciller Álvaro Leyva, el choque con el presidente será frontal. Lo mismo si un juez cualquiera, vía una tutela de cualquier paciente de Sanitas o de la Nueva EPS, decide suspender la intervención de estas EPS como una medida cautelar, como ha pasado en el pasado con múltiples decisiones administrativas. Es fácil anticipar que en las próximas semanas vendrán varios choques institucionales, sin mencionar las marchas y contramarchas que ya estaban convocadas y que con estas decisiones tendrán más adeptos. En Bogotá, a raíz del cambio del modelo de basuras, el choque institucional fue inédito. El 8 de diciembre de 2013 Alejandro Ordóñez, quien era el procurador General, destituyó a Petro. En respuesta, el destituido alcalde promovió acciones jurídicas como una tutelatón en cientos de juzgados, y en el balcón del Palacio de Liévano dio discursos durante varios meses a sus seguidores diciendo que la decisión era política. La estrategia jurídica incluyó pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que suspendiera la destitución. En abril de 2014, ese órgano decretó medidas cautelares, por lo que finalmente en abril, Petro volvió a la Alcaldía. En 2017, el Consejo de Estado tumbó la destitución de la Procuraduría porque se comprobó que fue arbitraria pues Ordóñez no tuvo en cuenta sus argumentos de defensa. En 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó a Colombia revisar sus leyes pues organismos administrativos como la Procuraduría o la Contraloría no pueden tumbar personas elegidas por voto popular porque al hacerlo desconocen la voluntad de la gente. Como sucedió en otros episodios de su administración, varios funcionarios encargados de esta iniciativa terminaron empapelados por diferentes entes de control. Entre otros, dos gerentes de la Empresa de Acueducto Diego Bravo y Alberto Merlano. El costo anímico de todo este enfrentamiento y desgaste institucional para Bogotá fue muy alto. También el costo de oportunidad, pues el gobierno de Petro invirtió gran parte de su capital político y energía en este cambio de modelo que no duró sino tres años y que no cambió nada estructural. Quizás el efecto más transformador de todo este episodio es que Gustavo Petro, que dejó la Alcaldía con una favorabilidad del 35 por ciento, fue convertido en un héroe popular gracias a la arbitraria destitución del Procurador. Era un desenlace que el mismo Petro anticipó. Según le contó una exfuncionaria de alto nivel de Petro a La Silla Vacía, el día que salió la sanción de la Superintendencia de Servicios por el cambio del modelo de basuras, Petro convocó un consejo de gobierno en el Acueducto, que se había tomado el sindicato. Durante la reunión, que se extendió hasta la madrugada, Petro —según la fuente que estaba allí— dijo que con lo que estaba pasando podían pasar dos cosas: “nos tumban y nos vamos, o termino siendo el Presidente del país.”

Fuente: La Silla Vacía