El presupuesto no es una tienda de barrio

El exministro es un analista agudo que brinda elementos de juicio al lector para que sepa interpretar la realidad nacional. Lo del presupuesto es una información valiosa. Nos muestra al Petro básico, el que no quiere ser el presidente de los colombianos sino el jefe de sus amigos. El desastre se sigue cocinando.

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El presupuesto no es una tienda de barrio Por: Juan Camilo Restrepo Todos los indicios conocidos indican que el presidente Petro considera que el manejo presupuestal es igual al de una registradora de tienda de barrio: que se abre para los amigos y se cierra para los enemigos. Relatando lo que conoció la revista Semana sobre los entretelones del tormentoso consejo de ministros del pasado 31 de enero que generó la renuncia del jefe de Planeación Jorge Iván González, cuenta la revista, que el presidente advirtió a sus ministros voz en cuello: “No quiero nada con Bogotá, nada con los Char, tampoco con Antioquia”. Y agrega Semana que una de las razones de los encontrones entre el presidente Petro y el jefe de Planeación fue que éste se mostró renuente a incluir en los documentos presupuestales una suma desmesurada de recursos como la que reclamaba el presidente para las juntas de acción comunal, por carecer éstas de idoneidad técnica para ejecutarlos. Los antecedentes son nutridos. Por ejemplo, cuando el debate con la anterior alcaldesa de Bogotá alcanzó sus niveles más álgidos sobre si el metro debía tener un tramo soterrado a lo largo de la carrera Caracas o no, el presidente amenazó que- de no darle gusto con su solicitud del tramo soterrado- le quitaría a la capital los aportes presupuestales que por ley (no por benevolencia del mandatario de turno) corresponden a toda municipalidad que emprende un proyecto de transporte masivo de envergadura. Es la llamada “ley de metros” Se ha sabido también que en la ley de presupuesto para la vigencia del 2024 el gobierno incluyó habilidosamente $13 billones en “partidas globales”, que luego podrán ser desglosadas y distribuidas por el presidente según sus afectos o desafectos políticos. Es la utilización del presupuesto como un martillo con el que se golpea o se premia a los amigos o enemigos políticos desde la casa de Nariño, según sea el caso. Las “partidas globales” en la ley de apropiaciones reaparecen en este gobierno. Hace algunas décadas fueron instrumento privilegiado con el cual se practicó un mortífero clientelismo político. Bastaba desagregarlas en partidas de gastos que interesaban a los amigos para burlar la perentoria disposición constitucional según la cual la autorización del gasto público la imparte el congreso- no el gobierno- al aprobar la ley anual de rentas y apropiaciones. La ley de presupuesto está conformada de dos partes inseparables. La una es el estimativo de los ingresos que van a entrar en las arcas públicas durante la vigencia correspondiente. La otra son las autorizaciones de gasto que aprueba el congreso, y a la cual no puede hacérsele el esquince de las partidas globales. Por esta razón, dicen la constitución y las leyes orgánicas del presupuesto, las autorizaciones del gasto que aparezcan en la ley de apropiaciones deben ser precisas, identificables y controlables. La definición del gasto público nunca debe dejarse al capricho del poder ejecutivo. Antes del 31 de diciembre de cada año el gobierno debe expedir el llamado “decreto de liquidación del presupuesto” que ordena la multiplicidad de cifras que se manejaron por el congreso durante el debate presupuestal sin que esté permitido que en dicho decreto se agregue nada extraño a lo que fue aprobado por el congreso. El derecho presupuestal nació a la vida moderna precisamente para cumplir con esa regla de oro de la democracia: en qué se gasta es algo que decide el congreso exclusivamente; mientras que la ejecución del gasto corresponde al ejecutivo. Cuando se olvida o se disimula con “partidas globales” esta regla fundamental de la democracia, se está vulnerando una de las columnas vertebrales de la vida democrática. “No hay tributos sin representación ni gasto que no haya sido autorizado por el congreso”, dice el viejo aforismo jurídico que constituye el pilar insoslayable de la democracia.

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JCamilo