“Si este documento se filtra la reforma se cae”: el papel del enfrentamiento

Pensar con el deseo es el problema de Petro y de los fanáticos que lo acompañan. Hay que mejorar lo existente y no destruir para levantar un elefante blanco.

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CAMBIO obtuvo en exclusiva copia del documento presentado por los ministros de Educación, Hacienda, Agricultura y el director de Planeación con sus reparos a la reforma a la salud. Según ellos, el proyecto no pasa el examen constitucional ni financiero. El presidente y la ministra consideran lo contrario. Por: Redacción Cambio El momento más tenso que se ha vivido durante el Gobierno de Gustavo Petro tuvo lugar hace unos días en el despacho de la jefa de gabinete, Laura Sarabia. A esa oficina, que muchos tienen como la segunda más poderosa de la Casa de Nariño, llegaron los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; de Agricultura, Cecilia López; de Educación, Alejandro Gaviria; y el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Los cuatro habían escrito un documento de observaciones al articulado de la reforma a la salud, que días antes le habían entregado a la ministra de Salud y al presidente de la república. Como los reparos habían sido formulados en consejos de ministros en Bogotá y Villa de Leyva, el presidente Petro les había pedido unificar las observaciones y escribirlas con el propósito de que la ministra de Salud, Carolina Corcho, las incluyera en el proyecto que sería presentado al Congreso. La sorpresa consistió, según ellos, en que los pusieron a “botar corriente”, pero ninguna de sus observaciones fue tenida en cuenta. Estaban quejándose de eso con la jefa de gabinete, cuando llegó a la reunión la ministra de Salud. En su mano la ministra Corcho tenía una USB con el articulado final del proyecto y con las versiones anteriores. Ante el vehemente argumento de los ministros discrepantes, abrió el archivo en un computador y les mostró cómo a juicio de ella las observaciones habían sido incluidas en el régimen de transición. El ministro Alejandro Gaviria expresó que lo único que se incluyó a última hora fueron un par de artículos cosméticos que en nada cambiaban la reforma. Luego la palabra la tomó el ministro de Hacienda y ratificó de viva voz lo que había publicado en un comunicado, en el que dijo que “todas las reformas en curso como son la Agraria, la de Salud, laboral y la del sistema pensional tendrán que ser coherentes con la regla fiscal”. De acuerdo con los estimados previos de Hacienda y Planeación, los costos de la reforma únicamente durante el Gobierno Petro serían de 90 billones de pesos, es decir, más de cuatro reformas tributarias como la aprobada el año pasado. Cuando la ministra empezaba a responder por el tema fiscal, nuevamente tomó la palabra Alejandro Gaviria, quien sostuvo que el Estado era ineficiente por principio y que el sistema de aseguramiento de la salud debía tener un carácter mixto, donde se garantizara la existencia de las EPS. En ese momento el tono de la ministra subió. Les dijo a sus colegas de gabinete que ella no iba a presentar una reforma de esa naturaleza porque simplemente no creía en un proyecto así. "Preséntenla ustedes”, les manifestó y agregó que esa propuesta era “regresiva y neoliberal”, que ellos no podían esperar que un Gobierno elegido para “hacer el cambio” impulsara una reforma que mantuviera todo igual o incluso empeorara el estado actual de cosas. La jefe de cartera agregó en tono contundente que ese modelo no era lógico ni justo y que un sistema de aseguramiento mixto equivalía a poner en manos de los particulares la ejecución de un deber del Estado y la garantía de un derecho fundamental de los ciudadanos. Fue entonces cuando una de las voces disidentes alcanzó a decir “no engañe al país”. El tono ya era francamente beligerante y la discusión amenazaba con seguir escalando, pero justo en ese momento los llamaron a todos a pasar al despacho presidencial. La compostura retornó mientras caminaban hacia la oficina del presidente, cuya sola presencia calmó bastante los ánimos. El mandatario tenía en la mano una copia del documento de 18 páginas presentado por los discrepantes. Dirigiéndose a todos, pero mirando fijamente al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, preguntó: —Este papel es privado ¿cierto? Todas las cabezas se movieron para asentir y, según uno de los asistentes, el presidente dijo: — Si este documento se filtra la reforma se cae. La discusión se centró entonces en el valor de la reforma. La ministra Corcho sostuvo que el papel de sus colegas parte de un cálculo equivocado porque atribuye al proyecto costos que seguirán existiendo con reforma o sin ella. Mencionó específicamente las deudas actuales de las EPS, que, según ella, son recuperables en buena medida y se vienen pagando dentro de plazos razonables. También dijo que la formalización laboral de los trabajadores de la salud es algo que ya estaba contemplado y presupuestado. Añadió que la financiación de infraestructura hospitalaria no es un costo que se cargará ciento por ciento al Presupuesto General de la Nación, sino que también lo asumirán los privados, algunos departamentos y municipios. Es decir, que no todo el dinero demandado por la reforma es plata nueva. En tono más moderado el debate siguió su curso. El presidente terció a favor de la ministra Corcho y manifestó que su pensamiento está reflejado en el proyecto de reforma. La titular de la cartera de Salud aprovechó el espaldarazo para decir que los cálculos financieros de la reforma eran producto del trabajo del economista Luis Jorge Garay, doctor del MIT y una autoridad mundial en la materia. Petro entonces insistió en que había que recalcular las cifras que figuraban en el documento de los discrepantes, porque la reforma a la salud debía ser viable y esos estimados la hacían inviable. Por muchos días se ha especulado sobre el contenido del documento que contiene los reparos del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, cuya presencia en el gabinete es percibida como indispensable por prácticamente todos los sectores económicos, los gremios de la producción y la comunidad internacional; las discrepancias del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien ocupó durante seis años la cartera de Salud y es percibido por muchos como una voz sensata en el gabinete; las observaciones de la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien fue presidenta del Instituto de Seguros Sociales y ha manifestado públicamente que el país debe evitar los errores de la extinta entidad, que se convirtió en un foco de corrupción e ineficiencia; y también las apreciaciones del director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, un economista y académico muy sólido y poco dado a las controversias políticas. CAMBIO tiene el documento. Las objeciones a la reforma a la salud El meollo de la discusión está en la supervivencia de las EPS. Mientras que para la ministra de Salud y el presidente Petro debe haber un régimen de transición y conversión que las transforme en prestadoras de salud y las excluya del aseguramiento, los ministros discrepantes sostienen que el régimen de salud debe ser mixto y garantizar la existencia de EPS. Plantean que cada una opere en la zona en la que tiene más afiliados hoy. Los ministros, además, señalan: “Consideramos importante adelantar el proceso de territorialización y establecimiento de monopolios en ciertos territorios. Sin embargo, se debe mantener la competencia en aquellos sitios donde las condiciones lo permitan (ej: en ciudades)”. Fuentes cercanas al Ministerio de Salud le dijeron a CAMBIO que esta era una manera de entregarle el hueso al Estado y reservar la carne pulpa, como las ciudades, para las EPS privadas. En el documento se puede leer que los ministros discrepantes tienen dos clases de objeciones: unas de orden constitucional y otras presupuestales. En el tema constitucional, sostienen que la reforma debe ser tramitada como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria. Las estatutarias exigen un trámite especial con mayoría absoluta, votación nominal y en una sola legislatura. En plata blanca, esto significa que es más difícil su aprobación porque, en contraste, una ley ordinaria se aprueba con mayoría simple y sin plazos especiales entre comisiones y plenarias. Los disidentes sostienen que la reforma a la salud debe ser tramitada como una ley estatutaria porque toca un derecho fundamental. En contraste, el presidente Petro y su ministra de Salud argumentan que esta es una reforma a la Ley 100 de 1993, que es ordinaria. Por lo tanto, no se requiere una norma de mayor jerarquía para modificarla. En consecuencia, la reforma comenzó su trámite en la Comisión Séptima de Representantes. En la Cámara, para evitarse los reparos de Roy Barreras, quien ha manifestado públicamente sus desacuerdos. Y en la Comisión Séptima por su carácter de ley ordinaria. El presidente de la Séptima es el actor Agmeth Escaf, evidentemente cercano a la familia presidencial. Si se hubiera tramitado como una ley estatutaria, habría tenido que entrar por la Comisión Primera, presidida por el conservador Juan Carlos Wills. El papel también señala que el Gobierno no puede decretar exoneraciones o exenciones que afecten directamente a los tributos y “a juicio de estas carteras, la regla establecida en el artículo 28 desconoce este mandato y en esa medida podría adolecer de un vicio de inconstitucionalidad”. Adicionalmente, los ministros aseguran que, si el proyecto es aprobado tal como está, ignoraría lo establecido en la Ley General de Presupuesto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que produciría un impacto en las finanzas públicas. También mencionan que es necesario hacer consultas previas con comunidades porque dos artículos tratan de la salud de los indígenas y su participación en el Consejo Nacional de sector. Los ministros aseguran que su colega de Salud está subestimando el costo de la reforma, que, de acuerdo con sus cálculos, crecerá casi al doble durante el primer año, con un aumento de 2,5 billones de pesos anuales hasta el año 2030. A la anterior cifra, que no está contemplada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, habría que sumarle el incremento de 0,95 billones de pesos por la eliminación de copagos que se contempla en la reforma. También 6,10 billones de pesos por atención de migrantes y turistas, medida que fue finalmente eliminada del articulado. Cerca de 2,53 billones de pesos por incapacidades y licencias de maternidad y paternidad. Y finalmente, 3,23 billones de pesos por la unificación de primas de los regímenes contributivo y subsidiado. Las cuentas del presidente Petro y la ministra Carolina Corcho son distintas y para ellos la reforma no solamente es costeable sino que el actual esquema de salud, creado por la Ley 100, es insostenible en el tiempo. El debate, que no termina dentro del gabinete ministerial, se extenderá en los próximos días al Congreso y probablemente llegue en unos meses a la Corte Constitucional. Es muy difícil prever qué terminará quedando de este proyecto de ley. Una persona cercana al Ministerio de Salud dijo que es explicable la resistencia al cambio en uno de los mayores negocios del país: “Es como quitarle el tenedor al diablo”.

Fuente: Revista Cambio