El informe enmochilado

Robándole a la patria:

Cita:

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) mantiene engavetado un informe que demuestra que una propiedad del expresidente Álvaro Uribe y su familia no tiene títulos legítimos. Se trata de Laguito 2, un predio creado mediante englobamiento de lo que inicialmente fueron varias propiedades pequeñas ubicadas en las inmediaciones de lo que hoy es la hacienda El Ubérrimo. De acuerdo con el reporte engavetado –que menciona la decisión de un juez y el dictamen de una Oficina de Registro de Instrumentos Públicos– El Laguito 2 crece sobre baldíos que deben ser devueltos por Uribe y restituidos a la Nación. El informe fue realizado en la ANT. La metadata del documento electrónico muestra que fue elaborado por una persona llamada Yois Smith Acosta. La directora de la ANT, Myriam Martínez, me dijo en las últimas horas, en una breve conversación telefónica, que efectivamente la abogada Acosta es contratista de esa entidad oficial. Por lo demás, en documentos públicos de la misma agencia se ve el nombre de Joisse Smith Acosta Cascavita revisando y aprobando comunicaciones oficiales. Al lado de su nombre aparece el título de “Líder contratista-Equipo de Clarificación SPA y GC”. La historia del informe enmochilado arrancó por una investigación emprendida por el periodista Juan Pablo Barrientos de Vorágine. En septiembre de 2020, Barrientos presentó dos derechos de petición ante la ANT indagando por las acciones que iba a tomar la agencia frente a los predios de El Laguito 2. El año anterior, 2019, el juzgado promiscuo de San Carlos, Córdoba, había concedido que le escrituraran la propiedad a una compañía familiar de los Uribe llamada Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, representada por doña Lina Moreno de Uribe. La ex primera dama entabló un proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva contra varios particulares argumentando que desde hacía más de siete años la sociedad de ella con su esposo y sus hijos, tenía dominio pacífico sobre el predio, explotaba la finca y pagaba el predial. Sin embargo, cuando el proceso llegó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté, la directora se negó explicando: “El predio en mención se encuentra en falsa tradición, desde sus inicios y no ha sido saneado, por tanto, no procede la pertenencia ya que se requiere que exista dominio y en este caso no lo hay. Es un Baldío Rural, le corresponde a la ANT, su disponibilidad”. Así las cosas, el deber de la Agencia Nacional de Tierras consistía en reclamar la restitución de la propiedad a la Nación por cuanto, por ley, solo puede adjudicar baldíos a comunidades campesinas, afrodescendientes o indígenas cuyo patrimonio no supere los 1.000 salarios mínimos. Sobra decir que los señores Uribe no hacen parte de ninguno de esos grupos. Sin embargo, como en el refrán castellano “Las cosas de palacio van despacio”. El informe jamás presentado dice: “En pocas palabras, el predio se ve afectado de falsa tradición y, por ende, al no evidenciarse un acto jurídico posterior que sanee esta circunstancia, como lo sería una adjudicación de la autoridad de tierras destinada para ello, es correcto afirmar que la naturaleza jurídica del predio es BALDIA, y no ha salido del dominio del Estado”. El senador Iván Cepeda también le había pedido a la ANT que iniciara acciones para recuperar otro baldío explotado por el expresidente Álvaro Uribe en el municipio de Montería. El mismo informe consagra que pese a las pruebas: “Actualmente, no se tienen gestiones, pronunciamientos ni actuaciones administrativas formales, por parte de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras ANT”. La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez, respondió en octubre de 2020 los derechos de petición del periodista Juan Pablo Barrientos y el senador Iván Cepeda. Les dijo que la ANT no ha tomado acción porque los predios que explota el expresidente Uribe no han sido incluidos en el inventario de baldíos. Han pasado 17 meses y siguen sin ser incluidos. La directora de la ANT, tan lenta para recuperar los terrenos de la nación en manos de Uribe, resultó rápida para pasarle al teléfono y atender sus instrucciones. En marzo de 2019, el profesor Diego Carrero publicó en su cuenta de Twitter un video donde el expresidente la llama por teléfono durante una reunión política porque “le queríamos recomendar unos compañeros de Riosucio”. Los compañeros al parecer tienen problemas con un resguardo embera-chamí. Uribe le indica cómo manejar el tema de tierras con las comunidades indígenas: “Hombre, el gobierno le puede ayudar a los indígenas con esa cantidad de tierra que tienen en el Cauca para que la pongan a producir. Nadie quiere hacerles mal pero que dejen de desalojar al resto de la gente, que también tiene derecho a trabajar”. La doctora Myriam, en un súbito gesto de recato le pide: “Bueno presidente. Presidente, usted me da dos minutos fuera del micrófono es que yo necesito comentarle un tema”. La solicitud es celebrada con risas por el auditorio. Así como la Fiscalía busca la impunidad de Uribe en el terreno penal, la Agencia Nacional de Tierras seguirá preservándole sus propiedades ilegales.

Fuente: Cambio