Corte de cuentas a tres meses del primer caso de covid-19 en Colombia

Han pasado escasos tres meses desde aquel 6 de marzo de 2020, cuando un comunicado del Ministerio de Salud confirmó el primer caso de covid-19 en Colombia, luego de los análisis practicados a una paciente bogotana de 19 años que poco antes había viajado desde Milán. Minutos después de conocerse la noticia, tanto en los diferentes medios como en las redes sociales los demás temas pasaron a segundo plano.

Aunque el reporte generó inquietud, la verdadera preocupación llegó al Gobierno cuando este conoció proyecciones desarrolladas con el acompañamiento del Imperial College de Londres. Según el modelo elaborado, para mediados de junio –cuando se cumplieran 100 días del caso inicial– Colombia registraría 31,6 millones de personas contagiadas como cifra más probable, de las cuales 3,9 millones entrarían en la categoría de severos –con exigencia de hospitalización– y 1,3 millones habrían necesitado atención en cuidados intensivos.

Además, el pronóstico hablaba de 317.000 muertes: 63.300 ocurrirían en Bogotá, 43.700 en Antioquia y 32.200 en el Valle del Cauca, entre otras regiones. El supuesto principal era que no habría ninguna intervención para ponerle freno a la pandemia, con lo cual cada individuo enfermo les pasaría el mal a 2,28 de sus semejantes, en promedio.

Ante semejante escenario, las alarmas se dispararon. Cuando los diferentes alcaldes conocieron los datos de su respectiva población, empezó a subir la presión sobre la administración Duque para que tomara acciones drásticas. Tanto Claudia López en el Distrito Capital como Daniel Quintero en Medellín adelantaron al 20 de marzo una cuarentena que se haría efectiva de manera formal la semana siguiente.

Mirando hacia atrás

La historia de lo que siguió es conocida. Después de numerosas especulaciones, el plazo del 13 de abril se extendió al 27, para prorrogarse en un par de ocasiones más durante mayo, hasta el primero de junio. Aunque formalmente debería haber sucedido un retorno paulatino a la normalidad, las limitaciones severas son todavía más la norma que la excepción.

Es verdad que el número de actividades permitidas viene en aumento, como se nota en los indicadores de tráfico o en el uso del transporte masivo. Gran parte de las obras de construcción o de las fábricas han retomado operaciones, junto con las oficinas públicas. Aun así, el comercio anda a media marcha, la movilidad se encuentra restringida, la educación se imparte a distancia o en forma virtual y segmentos clave como transporte, restaurantes y turismo permanecen suspendidos.

En materia económica, el impacto no tiene precedentes en la historia reciente. Con base en los cálculos de Fedesarrollo se puede afirmar que el costo económico de dos meses largos de parálisis asciende a unos 100 billones de pesos, que equivalen a casi el 10 por ciento del producto interno bruto. Como van las cosas, Colombia se encamina a la peor contracción, desde cuando existen estadísticas.

El panorama, en lo que respecta al empleo, también es desolador. Según lo reportó el Dane, la población desocupada en abril aumentó en más de cinco millones, que equivale a una cuarta parte del total. El dato de mayo sería todavía peor, en la medida en que los cierres de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, aumentó, en concepto de los dirigentes gremiales.

Como consecuencia, viene un deterioro abismal en los índices de calidad de vida. El estimativo de la Universidad de Los Andes es que 7,3 millones de personas que formaban parte de la clase media vulnerable y de la consolidada podrían engrosar las filas de la pobreza a finales del año.

La otra cara de la moneda es que la emergencia ha sido –al menos por ahora– mucho menos grave de lo que se pensaba. El mérito les corresponde a las medidas gubernamentales y a la respuesta de los ciudadanos que en la etapa inicial cumplieron con la orden de quedarse en casa.

Cuando se hace la doble columna en la que están los costos y los beneficios, salta a la vista que la sociedad colombiana pagó y va a pagar un precio altísimo por causa del coronavirus. A cambio, evitó debacles como las de Brasil o México, en donde no se ve la luz al final del túnel.

Ese éxito relativo no impide evaluar las decisiones adoptadas, que se tomaron con muy poca información, ante la ausencia de datos propios. Como dice alguien involucrado en el proceso, “en un mundo de ciegos, los epidemiólogos fueron los tuertos”.

A este respecto, el exministro Alejando Gaviria sostiene que “los pronósticos del Imperial College constituyen uno de los mayores fiascos en la historia reciente”, pues “todos perdimos un poco la razón”. En cualquier circunstancia, un descache del 100 por ciento daría lugar a críticas duras. Aquí los desfases fueron de más del 15.000 por ciento.

Las lecciones

El problema de fondo es que el escenario que predecía una verdadera catástrofe se asentó en las altas esferas del Gobierno Nacional y sobre todo en el Palacio Liévano, sede de la administración del Distrito Capital. “En los medios quedó claro que Duque consideraba que podía darse un margen de espera, pero Claudia López propuso el simulacro. Con el miedo en el ambiente y la credibilidad de la alcaldesa, anticipar la cuarentena era políticamente inevitable”, relata un testigo de lo ocurrido.

Hoy más de un técnico acepta en voz baja que las restricciones pudieron haber comenzado una semana después y que las prolongaciones posteriores son cuestionables. A pesar de que desde mediados de abril, el propio Ministro de Salud insistió en la necesidad de mirar los retos con una perspectiva más amplia, al final se impuso la visión de extender el aislamiento obligatorio.

Como lo muestra el caso de Perú, que comenzó primero que sus vecinos a restringir la movilidad y ahora ocupa el octavo lugar dentro del mayor número de contagios a escala global, la efectividad de la medida decrece con el paso de los días. Por necesidad o por motivos culturales, la gente vuelve a la calle y la represión policial acaba perdiendo efectividad.

Debido a ello, la prioridad ahora son las intervenciones puntuales. Retos como el de Corabastos, en Bogotá, exigen protocolos específicos y no generales, como los ya planteados. Ello exige una buena gerencia pública, con capacidad de respuesta eficaz y herramientas de diverso orden. Aun así, vale la pena preguntarse si más de un gobernante adolece de “visión de túnel”, que lo lleva a centrarse en un solo objetivo –la contención de la pandemia– sin tener en cuenta el bienestar integral de la población.

El balance es importante en otras áreas. Desde el punto de vista de la infraestructura hospitalaria, tuvo lugar un avance, si bien este es inferior a las metas establecidas. La competencia en el mercado internacional es salvaje, con lo cual los respiradores comprados comenzaron a llegar con cuentagotas y los últimos hasta septiembre. Una opción, como usar las máquinas que se diseñaron localmente con el apoyo de la industria nacional, sigue en veremos por cuenta de la timidez del Invima. De otro lado, la capacidad de hacer pruebas es mucho mayor ahora. Más de 60 laboratorios se encuentran habilitados, con un potencial superior a los 16.000 test diarios.

Al mismo tiempo, quedó claro que el sistema de salud es mejor de lo que muchos creían. Retos difíciles como los de Villavicencio y Leticia pudieron manejarse, así queden otros pendientes en Tumaco o Cartagena.

Por otro lado, aparece un nuevo peligro. La política de liberar camas con el fin de atender a los enfermos de un pico que todavía no tiene lugar, vino acompañada de un deterioro financiero descomunal en clínicas y hospitales que en más de un caso operan al 30 por ciento de su capacidad.

Debido a ello, han sido licenciados centenares de especialistas y personal de apoyo. En caso de que la cresta de la ola ocurra en unas cuantas semanas, la emergencia encontraría una red de atención mucho más debilitada que en marzo.

No menos grave es el deterioro general en la salud pública. Los médicos citan numerosos ejemplos de personas que llegan a regañadientes a las salas de urgencia, varios días después de haber sufrido un infarto u otro episodio serio. El temor de un contagio se traduce en menos tratamientos de cáncer o en una caída en la vacunación infantil, lo que derivará en más muertes por causas distintas al covid-19.

Mirar hacia adelante

Tales elementos deberían servir para enmendar la plana ante lo que viene. Aparte de que regresar a las cuarentenas sería un error, resulta imperativo volver a los mensajes de prevención originales: lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social y reporte de casos de manera temprana.

De tal manera, hay que insistir en la pedagogía y el buen comportamiento voluntario. Eso quiere decir, campañas de comunicación efectivas para superar la consabida cita televisiva de las seis de la tarde con el Presidente de la República de anfitrión.

Sin desconocer que Iván Duque ha salido fortalecido de la crisis, su reto es cambiar la partitura a tiempo. Ahora el Ejecutivo está obligado a recoger las velas para que los mandatarios locales entiendan que los tiempos del pico y cédula o los toques de queda terminaron, pues lo que procede es el paso a una normalidad distinta a la de antes. Al mismo tiempo, los alcaldes deberían aprender con humildad de las experiencias exitosas que incluyen a Medellín, Bucaramanga o Tunja.

Un ejemplo de cómo reaccionar adecuadamente es el de la Fundación Cardioinfantil, en Bogotá. A finales de abril, la entidad se enfrentaba a un escenario desastroso, pues a pesar de haber recibido enfermos de covid-19, los demás pabellones se desocuparon.
“En lugar de sentarnos a esperar la llegada de un pico que se pospuso, empezamos a mirar cómo anticipar lo que traería el futuro”, explica Juan Pablo Umaña, cirujano y asesor de la Junta Directiva de la institución. Dicha labor condujo al uso de un modelo desarrollado por la Universidad de Washington en EE. UU., que ha probado ser muy acertado, pues incluye consideraciones como la movilidad.

Con base en los datos obtenidos, que parten de la evolución de la pandemia, la Fundación establece el escenario previsible de demanda de sus servicios para las siguientes cuatro semanas. Eso le permitió reabrir las áreas de trasplantes y cirugías cardiovasculares, con protocolos estrictos de bioseguridad.

Gracias a esa circunstancia, la ocupación está en el 75 por ciento y las cuentas se encuentran en negro. “Pero más importante es que decenas de personas que habían aplazado tratamientos urgentes se los pudieron hacer, sin que nadie haya salido contaminado”, agrega Umaña. Además, la herramienta muestra con suficiente tiempo si hay que liberar camas para responderle al coronavirus.

El modelo que usa la Cardioinfantil señala que el pico tendría lugar a comienzos de agosto, cuando es posible que la capacidad instalada del país llegue al límite. Pero aquí lo importante es entender que se necesitan instrumentos de predicción dinámicos que permitan ir adaptando eventuales aperturas o cierres para ir asignando los recursos al ritmo de la pandemia. Basar las decisiones en el porcentaje de ocupación de camas de UCI no es una buena aproximación al problema.

Semejante parte quiere decir que no hay que bajar la guardia. Más allá de las equivocaciones que pudieron cometerse en los pasados tres meses o de los aciertos conseguidos, lo que importa es aprender las lecciones.

“Una sociedad que mira solo una variable y desecha todas las demás está llamada a equivocarse”, dice Alejandro Gaviria. Por eso es tan importante recuperar la visión de conjunto en esta nueva etapa y centrarse en un mensaje de esperanza que reemplace al del miedo y se enfoque más en los casos activos y los recuperados, que en la cantidad de contagios y de muertes.

En lo que atañe a la reactivación, la obligación es diseñar una ruta de salida. Como dice un experto, “ha quedado en evidencia que la epidemiología aporta datos para la acción, pero la política pública es infinitamente más compleja”. Y eso es clave tenerlo en cuenta porque, a pesar del coronavirus, la vida sigue.

RICARDO ÁVILA PINTO
Analista Senior
Fuente: El tiempo