La ignorancia es atrevida, dice el pueblo sabio. Claro que si nos situamos en esta Colombia donde el salgareño tiene su iglesia, más bien diríamos que es fundamentalista, donde la única verdad es la del credo del CD, y todo lo demás es anatema.

Bien lo recuerda Héctor Riveros. Lo que hoy se tilda de Castrochavista para el campo lo propusieron los liberales hace más de 80 años en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. con su llamada "Revolución en marcha" y luego las sucesivas reformas agrarias.

El salgareño lo sabe, pero se aprovecha de la ignorancia supina de nuestras gentes que viven en un eterno presente preñado de suposiciones, intolerancia y miedo, limitándose a repetir su evangelio: impunidad, terrorismo, castrochavismo, mientras el ladino hacendado ríe sin pudor.

Cita:

Pa’ castrochavistas: los López, los Lleras, Gaviria…. Por HÉCTOR RIVEROS · 06 DE MAYO DE 2017 En Colombia cuando a un funcionario público le piden que haga algo siempre piensa en qué abogado contratar para que prepare el proyecto de ley. A la voz de tener que hacer una política de desarrollo rural integral que está prevista en el punto 1 del acuerdo con las Farc salieron con ¡un proyecto de 168 artículos! y, claro, la discusión que se armó amenaza con impedir el cumplimiento de ese compromiso. En general, como en muchos otros temas, en esta materia no se necesita una nueva norma sino la aplicación de las existentes que están vigentes desde hace ochenta años. Seguramente serán necesarias algunas modificaciones legales para resolver absurdos obstáculos que se presentan en la aplicación práctica, más por interpretación enrevesada que hace algún burócrata que porque la ley dice lo que él dice que dice. Lo curioso es que ese ejercicio ritual de expedir leyes que resultan inútiles se lo creen todos: los que las proponen y los que las critican y se trenzan en un debate que parece de verdad. Así está pasando con el proyecto que prepararon en el Ministerio de Agricultura. Después nadie se preocupa porque eso que queda escrito se cumpla, así fue en 1936, cuando los discursos eran virulentos y parecidos a los de ahora, así fue con la reforma agraria de los años 60, así fue en la Constituyente y cuando se debatió la Ley 160 de 1994. Los miembros de las Farc ya andan enredados en lo mismo. Dicen que en la Comisión de seguimiento al cumplimiento del acuerdo le han gastado horas a discutir parágrafo por parágrafo un proyecto que en al menos el 80% de su contenido ya está en otras normas vigentes. Han repetido el discurso de las injusticias del campo y dicen que el proyecto va en contravía de lo que se pactó en La Habana. El Centro Democrático, que legítimamente representa a los terratenientes, como que su presidente – fundador es uno de ellos, aprovechó para revivir la discusión de siempre: que si los van a expropiar, que si las tierras improductivas también, que qué tanta tierra van a poder acumular, que si toca preguntarles a los campesinos o a los indígenas, que si la expropiación se puede por vía administrativa y concluyeron con la sentencia tipo: es un proyecto castrochavista. Sería interesante si la lectura del proyecto se hiciese borrando lo que ya existe en alguna parte de la legislación y lo que además se pudiera hacer a través de algún decreto reglamentario. La discusión quedaría reducida prácticamente a nada. Colombia tiene uno de los regímenes jurídicos más progresistas en materia de derecho de propiedad: la define como una función social lo que ha permitido desarrollar la extinción del dominio, permite la expropiación por interés social o utilidad pública, autoriza que la expropiación se haga por vía administrativa y que la indemnización no sea plena, sino que se calcule de acuerdo con los intereses de “la comunidad y del afectado”. A eso hay que sumarle un largo conjunto de normas constitucionales y legales que establecen la protección de los campesinos, de la economía campesina, de la propiedad solidaria y cooperativa, incentivos en el crédito, asistencia técnica, apoyo en la comercialización, etc, etc, etc Fue López Pumarejo en 1936, no el fantasma de Chávez en 2017, el que introdujo en la Constitución la posibilidad de que la expropiación, “por razones de equidad”, se hiciera sin indemnización y fue en esa llamada “revolución en marcha” en que la que se ordenó que las tierras improductivas podían pasar gratuitamente a propiedad del Estado. Fueron Lleras Camargo y después Lleras Restrepo los que adoptaron una legislación de tierras más progresista que la que se propone ahora y crearon el Incora para desarrollar una reforma agraria, no mediante la adjudicación de baldíos sino mediante la compra o la expropiación de tierras a terratenientes para adjudicársela a campesinos. Fue Gaviria el que, en el proyecto de Constitución que puso a consideración de la Asamblea Constituyente, propuso que la expropiación se hiciera por vía administrativa y que la indemnización no fuera plena para que fuera no solo un método de redistribución de tierras, sino además un mecanismo de redistribución de la riqueza. Esa fórmula de que la indemnización se calcule teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y del afectado, que permite que a una persona que le expropien un terreno no le paguen lo que vale sino menos se copió de la muy capitalista constitución alemana, que consagra una fórmula igual. Después, ni se aplicó el concepto de función social para extinguir el dominio de las tierras improductivas, ni se hizo la reforma agraria, ni se ha hecho expropiación por vía administrativa, ni se ha expropiado sin que la indemnización sea plena todo lo contrario casi siempre resulta un gran negocio para el propietario que lo expropien como resultaba un gran negocio para los propietarios que los “incoraran”, que es como se llamaba coloquialmente la acción de comprar tierras para adjudicar a campesinos. La discusión es muy curiosa: el gobierno propone unas cosas que ya están como la del artículo 4 que dice lo que está dicho, desde el primer artículo de la Constitución, que: “las acciones y normas en materia de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural tienen por finalidad el bien común y por lo tanto el bienestar colectivo prima sobre el bienestar particular,” y el editorialista de La República, de propiedad de un grupo económico, asociado también a la propiedad de la tierra, se escandaliza ¡Habrase visto!

Fuente: La Silla Vacía