La complicidad empresarial en la guerra colombiana

Mucho se habla de la responsabilidad penal de la guerrilla; igual de los paramilitares y los agentes del Estado, ¿pero la de los empresarios? Infortunadamente, detrás de ellos hay un gran poder económico y político que los mantendrá al margen de la JEP.

Impunidad gritan los profetas de la guerra cuando de la guerrilla se trata, pero no se rasgan las vestiduras cuando los señalados son sus pares, los grandes empresarios que financiaron a los paramilitares y sus masacres.

Son los costos de terminar una guerra; muy pocos reciben el castigo que se merecen. Pero al menos se para el desangre y se comienza la reconstrucción mirando hacia las generaciones futuras.

Cita:

La complicidad empresarial en la guerra Por JUANITA LEÓN · 01 DE MAYO DE 2017 Durante la aprobación vía fast-track del acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de Paz -JEP- uno de los puntos que más polémica generó fue el de la responsabilidad de los no-armados que cometieron crímenes en el conflicto. Dadas las últimas modificaciones que sufrió, y la experiencia internacional sobre el tema, es posible anticipar que serán muy pocas las empresas y los empresarios que terminarán siendo juzgados por la justicia transicional. La complicidad corporativa Aunque los periodistas normalmente hemos cubierto la guerra como una confrontación entre grupos armados, el conflicto también ha tenido toda una variable económica que más temprano que tarde saldrá a relucir en la Comisión de la Verdad y también en la JEP. Así como muchos empresarios en Colombia han sido víctimas de las guerrillas y extorsionados tanto por ellas como por los paramilitares, muchos otros financiaron la expansión de grupos paramilitares, se aliaron con ellos para despojar tierras valiosas para sus proyectos productivos y fueron cómplices de muchas violaciones de derechos humanos. En un estudio reciente, la Universidad de Oxford (2016) identificó 26 procesos judiciales en Justicia y Paz iniciados en contra de empresarios en el país por su complicidad con la violencia de los grupos paramilitares. Entre estos están los casos de Urapalma en el Urabá, del Fondo Ganadero de Córdoba y de Chiquita Brands en el Urabá. En los procesos de Justicia y Paz al que acudieron los paramilitares que se desmovilizaron, más de 450 empresarios o empresas fueron mencionados casi 600 veces como colaboradores y financiadores de grupos paramilitares, en especial los pertenecientes a las AUC. En el funcionamiento de los grupos paramilitares estuvieron involucrados todo tipo de sectores económicos, desde aquellos que se dedicaban al comercio a pequeña escala como grandes hacendados ganaderos, pasando por multinacionales bananeras y gremios empresariales. La mayoría de los casos ocurrieron en Antioquia, la costa Caribe, Norte de Santander y el Valle del Cauca. Y los municipios más mencionados son Buenaventura (relación de comerciantes del puerto con el Bloque Calima), Puerto Boyacá, Tame y Turbo. Evidencia de lo que se ha llamado ‘complicidad corporativa’ en la guerra colombiana es lo que hay. Sin embargo, con las modificaciones que ha sufrido el tema de la responsabilidad de los terceros no armados desde que se negoció inicialmente el Acuerdo con las Farc hasta hoy es muy probable que solo una fracción de estos empresarios terminen condenados por la JEP. La evolución legal Inicialmente, irían a la JEP los colaboradores o financiadores que habían tenido “una participación determinante o habitual” en la comisión de crímenes de competencia de la JEP. Después de la renegociación con los del No, se modificó que ya no fuera solo para los que colaboraron con los paramilitares sino con cualquier actor del conflicto y se introdujo la posibilidad de una presentación voluntaria ante la JEP. Pero lo clave es que se elevó el estándar para ser llamados a esta justicia, al introducir que se requería “una participación activa y determinante”. Luego, durante la discusión de la reforma constitucional que aterrizó la JEP, por iniciativa de Cambio Radical, le metió un ajuste que restringe aún más la posibilidad de que un empresario sea juzgado por la JEP. Dice que la participación determinante es aquella que hubiera sido “eficaz y decisiva en la realización de los delitos”. Y, además, que los informes que hagan llegar las organizaciones de víctimas o de derechos humanos deben ser contrastados con otros medios (como las investigaciones de la Fiscalía.) Según un estudio hecho por Dejusticia a las compulsas hechas por jueces de Justicia y Paz contra empresarios o empresas, menos del 4 por ciento de los casos en donde aparecen mencionados los empresarios lo hacen como determinadores. Y solo en menos del 5 por ciento como autores. El resto aparecen (94,41%) como cómplices, lo que ya los sacaría de la JEP. De las 533 menciones de empresarios o empresas registradas, en un 81 por ciento no fue posible relacionar el financiamiento o colaboración con el actor armado con la comisión de una grave violación de los derechos humanos. Solo hay 85 menciones en estas compulsas en las que la colaboración del empresario o empresa iba dirigido a la comisión de una grave violación a los derechos humanos. Es decir que solo en esos casos habría cómo probar que su participación fue “decisiva” en la realización del delito. Esa reforma constitucional ahora será estudiada por la Corte Constitucional y luego desarrollada en una ley estatutaria. Los sindicatos y organizaciones de víctimas tienen sus ojos puestos en estas dos instancias para tratar de influir para garantizar que los empresarios sean obligados a contar sobre su participación en el conflicto y a pagar una pena por eso. Pero si la experiencia internacional es un indicador para eso, el camino para lograrlo no será fácil. Así lo indica el estudio comparado “La paz, responsabilidad de todos”, publicado hace unos días por la ONG holandesa Pax sobre la responsabilidad corporativa en la justicia transicional. Este muestra que si bien las comisiones de la verdad de los procesos de justicia transicional han arrojado bastante información sobre la complicidad de las empresas en la guerra, solo en unos pocos casos han sido juzgados, y en aún menos han sido obligados a reparar a las víctimas. Hay varias razones para esto, pero la principal es que los gobiernos requieren del apoyo del sector privado para lograr la reconciliación después de un proceso de paz y temen poner ese respaldo en juego llevándolos a la justicia transicional. Los empresarios son claves para que el posconflicto sea un éxito o un fracaso no solo porque en gran parte lo financian vía impuestos sino por su influencia política, mediática y como generadores de posibilidades de empleo para los desmovilizados y de revitalizar las zonas golpeadas por la guerra. Sin el respaldo del Gobierno, las víctimas difícilmente pueden enfrentarse a los recursos y poder del empresariado. En Colombia la situación será aún más difícil porque en no pocas ocasiones los empresarios que fueron cómplices de los victimarios fueron a la vez víctimas.

Fuente: La Silla Vacía