El fuero de la impunidad

EL FUERO DE LA IMPUNIDAD

Una patrulla de policía transita por una calle de la ciudad. En un lote, los uniformados observan algo que les llama la atención: un individuo está sujetando a una joven mientras ella, con todas sus fuerzas, intenta liberarse.

Los policías llegan al sitio de los hechos. La mujer grita mientras el agresor intenta huir. Al capturarlo, el sujeto manifiesta que es un alto funcionario judicial y por tal motivo no lo pueden detener, ni procesar, pues él tiene fuero y la policía no tiene competencia para siquiera ponerle las esposas.

La víctima de la agresión instaura la denuncia y lleva los certificados de Medicina Legal que acreditan que las lesiones coinciden con las que se producen en el forcejeo de una violación. ¿Acaso las pruebas y los testimonios pueden ser descartados porque los policías no tienen competencia para investigar al funcionario?

Esto es lo que viene ocurriendo con algunos miembros de las altas cortes: en una investigación por narcotráfico y lavado de activos surgieron los nombres de varios magistrados. Con esas evidencias se decidió profundizar la indagación para establecer si los juristas aparecían accidentalmente o tenían relaciones comerciales con el investigado.

Después de las pesquisas se determinó que existen méritos para que la justicia investigue penalmente al presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont; al magistrado de la Corte Yesid Ramírez; al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo, y al ex magistrado Carlos Isaac Nader.

Un comunicado de la Presidencia informó que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) estudió los Reportes de Operaciones Sospechosas de algunos ciudadanos y sus posibles vínculos con personas relacionadas con actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados.

Más claro: los Reportes de Operaciones Sospechosas se basan en los formularios que se diligencian al abrir una cuenta en un banco, o un CDT, o para adquirir acciones, o seguros, o se va a realizar alguna transacción que supere un monto determinado. Desde el año 2000 esos formularios, más la información que tienen que suministrar los bancos sobre movimientos de altas sumas de dinero; son procesados por la UIAF.

Esa información, que además es cruzada con el Sistema Muisca, permite determinar la procedencia y destinación de activos. Incluso la UIAF ha logrado establecer conexiones financieras entre delincuentes, políticos y empresas pertenecientes a gobiernos extranjeros.

La respuesta al comunicado de la UIAF resulta esclarecedora. El presidente de la Corte Suprema de Justicia habló de competencia y extralimitación de funciones. Ciertamente la Carta del 91 dice que el juez natural de los magistrados es el Congreso. ¿Acaso la UIAF los condenó? No. Al contrario: realizó una investigación en la que salen unos vínculos cruzados y una vez verificó el material, lo puso a disposición de las autoridades competentes.

Resulta absurdo pensar que si un magistrado atropella y mata a un peatón, y Medicina Legal con la Policía de Tránsito hacen la recaudación de pruebas, el funcionario judicial o sus compañeros salgan ante los medios a cuestionar la competencia sobre el acopio de evidencias.

El escándalo que intentan desatar tiene una razón de ser: si las pesquisas de la UIAF son contundentes, los motivos que tenía el DAS para hacer los seguimientos a los magistrados tendrían validez, pues se estaban indagando los nexos de un sospechoso de narcotráfico y lavado de activos con algunos personajes que a pesar del cargo que ostentan, no pueden olvidar que son y serán ciudadanos con derechos y deberes.
No obstante, la evidencia del cinismo judicial queda plasmada en las declaraciones de la presidenta de la Comisión Interinstitucional de Justicia, María Mercedes López, quien aseguró que frente a las denuncias de presuntos actos sospechosos de algunos magistrados, se les debe respetar la presunción de inocencia.

¡Caramba! Ahora, cuando el agua los toca a ellos si salen a dar alaridos por la presunción de inocencia. Sin embargo, cuando en sus fallos han enlodado a terceros con señalamientos que no han sido demostrados en un tribunal, ahí si no opera la cacareada presunción… ¿O es que el ministro Diego Palacio ya fue vencido en juicio?

Es más: la señora López pide diplomacia y prudencia para manejar la información… Intentémoslo: uno de los investigados, el magistrado Yesid Ramírez es el jefe del magistrado auxiliar Iván Velásquez, el intocable de los expedientes fantasma, experimentado buscador de testigos en cantinas y experto en descartar testigos que desmientan sus “investigaciones” o beneficien a su presa. ¿Funciona así la diplomacia pedida por la m,agistrada?

A su turno, los magistrados que se escudan en el muro de las togas y muestran una delictiva solidaridad de cuerpo, deberían aceptar que se adelante cualquier investigación y no recurrir a descalificaciones leguleyas para impedir que el país conozca el proceder torcido, corrupto, y las intenciones prevaricadoras de algunos de sus compañeros: eso, más que los fueros y privilegios inmerecidos, sí beneficia a la democracia.