¿Agoniza el referendo?

El pasado jueves por la tarde 86 representantes de la Cámara recibieron una noticia que les cayó como un baldado de agua fría: la Corte Suprema había abierto una investigación preliminar sobre su voto afirmativo por el proyecto de referendo en la madrugada del 17 de diciembre de 2008. El desconcierto fue absoluto, por el momento en que se hizo pública la decisión del alto tribunal de iniciar averiguaciones: una semana en la que está al rojo vivo el debate sobre la conciliación del proyecto de referendo.
Todo nace de una denuncia penal que instauró el congresista del Polo Democrático Alternativo Germán Navas a principios de este año. Navas alega que el proyecto de referendo no se podía votar hasta cuando el Consejo Nacional Electoral entregara la certificación de los dineros aportados para la recolección de firmas. En su demanda dice que sus colegas son culpables de prevaricato por ignorar esa advertencia.

Aunque el gobierno, encabezado por el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, salió rápidamente a restarle importancia a la decisión de la Corte y enfatizar que es apenas "una indagación preliminar", en el Congreso los comentarios eran otros. Un congresista, quien pidió el anonimato dado el caldeado ambiente donde cualquier declaración puede ser motivo de una recusación, dijo: "La Corte mató el referendo". El representante liberal Carlos Piedrahíta se atrevió a pronosticar que con la decisión de la Corte el "proyecto dormirá el sueño de los justos".

En las huestes uribistas, el que puso la cara fue el representante Roy Barreras, de La U (antes de Cambio Radical), quien no dudó en calificar la decisión de la Corte como "una zancadilla" al trámite del referendo. Como le dijo a SEMANA, "el efecto político es evidente. Todos los congresistas que votaron por el referendo quedaron atemorizados. Esa fue la argucia jurídica que se jugó la oposición cuando Navas puso la demanda".

Barreras tiene razón: todo acto que hagan de ahora en adelante los legisladores será visto con lupa, no sólo por sus consecuencias políticas, sino por las judiciales. Y estas últimas son las más impredecibles y de mayor impacto para la vida de cada uno de ellos. Como le reconoció a SEMANA un uribista purasangre, a varios de sus colegas en el Congreso les van a surgir "dudas y miedos y le costará más sangre al gobierno alinear a todos otra vez".

El quid del asunto

Sobre el papel, la apertura de una investigación preliminar no es mayor cosa ni prueba alguna de que los congresistas obraron ilegalmente cuando aprobaron el proyecto de referendo. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Tres razones, principalmente. La primera, lo que en inglés se llama el 'timing' y que en español es una combinación de momento y oportunidad. El referendo ya es una papa caliente para cada legislador y la decisión de la Corte es ponerle más leña al fuego. Eleva el costo de su voto y, lo que es peor para muchos de ellos que son representantes de bajo perfil nacional, los vuelve más visibles.

Segundo, el trámite del referendo ya está apretado; los tiempos son muy ajustados. Es muy probable que varios congresistas se declaren impedidos cuando el proyecto vuelva a la Cámara para ser votado. O que sean recusados por sus colegas si no lo hacen. Todo este tejemaneje procedimental toma tiempo, días y semanas, los cuales no estaban en los cálculos de nadie. Un congresista uribista no descarta que se puede embolatar la aprobación del proyecto hasta agosto -lo que imposibilitaría que el referendo se votara este año-.

Hay algunos congresistas opositores que creen que la activación de la denuncia de Navas podría hacer imposible, incluso, la votación del referendo en la Cámara de Representantes. Sus matemáticas son sencillas: al estar impedidos de votar los 86 investigados, sería difícil lograr el quórum mínimo para sesionar, que es de 84 (hay 166 representantes). No habría suficientes congresistas. Un concepto del Consejo de Estado del 15 de abril de 2008 apoya esta tesis.

Según un miembro de la coalición del gobierno, se puede evitar este escenario apocalíptico al poner en marcha el llamado 'carrusel' de impedimentos, donde cada congresista impedido libera de culpa al otro. Este procedimiento, sin embargo, no es exento de riesgo: primero, es demorado, y segundo, los congresistas involucrados quedan expuestos a una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Así, a los 86 representantes, ya en la mira de la Corte Suprema, se les abriría un nuevo frente legal.

Aunque muchos analistas dudan que al final prospere la demanda de Navas, para muchos congresistas eso no es garantía de nada. Recuerdan que fue el mismo Navas quien denunció a Yidis Medina por cohecho y que en ese momento, nadie le dio importancia. También han visto cómo, en la para-política, cada investigación preliminar de la Corte evolucionó en indagatoria y detención. Para muchos en el Congreso, la Corte es el 'coco' de sus pesadillas de infancia.

En este escenario de una investigación penal y una casi segura demanda ante el Consejo de Estado, será difícil para el gobierno motivar a sus tropas. "Los congresistas uribistas son amigos del Presidente, pero más amigos de sí mismos", dice el senador liberal Luis Fernando Velasco. "No hay que olvidar que el instinto que más mueve a un político es la supervivencia. Más que uribistas, son gobiernistas".

Dadas las profundas repercusiones de la decisión de la Corte Suprema, para un miembro de la coalición del gobierno ésta no fue fortuita, sino un nuevo capítulo en la pugna del alto tribunal con el presidente Uribe. Dice que la denuncia llevaba varios meses engavetada y que no era necesario activarla en esto momentos. Sin duda, si la Corte se hubiera esperado hasta julio para iniciar sus verificaciones, otro sería su impacto. En declaraciones a la prensa, el presidente de la sala penal, Julio Enrique Socha, negó que la Corte buscara obstaculizar el referendo y dijo que estaba cumpliendo con la ley.

Antes de la investigación de la Corte a la coalición uribista en la Cámara, el referendo ya estaba en problemas. La recusación de Luis Carlos Restrepo contra el presidente de la Cámara, Germán Varón, fue un autogol: demoró el trámite y causó malestar en la bancada parlamentaria, donde el espíritu de cuerpo es fuerte. Este martes se da por descontado que la comisión de ética va a respaldar a Varón, lo que le permitirá nombrar a sus conciliadores el miércoles.

Tal vez ese día se empiecen a medir las verdaderas consecuencias de que haya 86 congresistas investigados por votar el referendo. ¿Se declararán impedidos algunos de ellos si son nombrados conciliadores? ¿Y si no lo hacen, la oposición los recusará? ¿Qué pesará más, su lealtad, sus prebendas burocráticas o los riesgos legales? En síntesis, ¿hasta qué punto son uribistas de verdad?