Un proyecto del programa de las 100.000 viviendas gratis del gobierno cayó en manos de un grupo armado. Se trata de una alerta de lo que puede suceder en otras partes del país.
Hace diez meses el gobierno nacional entregó 512 apartamentos en la urbanización Villa Santa Fe de Antioquia en Medellín, dentro del programa de las 100.000 viviendas gratis. La mayoría de los beneficiarios eran víctimas del conflicto armado. Durante las primeras semanas todo fue una fiesta, pero con el pasar de los meses la urbanización se ha convertido en una nueva zona de guerra. Un grupo armado se tomó el complejo y obliga a los habitantes a pagarle por su seguridad, por usar parqueaderos que son suyos, y ver cómo algunas viviendas, de las que sacaron a sus legítimos propietarios, se han convertido en expendios de drogas y residencia de extorsionistas.
La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado (Uariv) y la entidad análoga del municipio revelaron en un estudio en octubre pasado que la banda Curazao o La Campiña protagoniza esa situación. Entre otras cosas, dicen que la banda amenazó y agredió a cuatro personas, por lo que varias familias tuvieron que dejar sus casas. También secuestró a dos vigilantes, y los confinó en uno de los apartamentos vacíos, donde ahora funcionan ollas de droga. Además, habla de violaciones, intimidación a mujeres, robo de motocicletas y reclutamiento de menores de edad.
La Policía ya ha hecho varios operativos. Pero aunque varios cabecillas y 12 integrantes de la banda ya están en la cárcel, esta sigue aterrorizando a la población. SEMANA comprobó que no solo en la urbanización Villa Santa Fe, sino en una aledaña conocida como Territorio Robledo, la gente tiene que pagar 100.000 pesos por torre por la ‘protección’. Todo el complejo tiene 99 bloques, y en cada piso hay en promedio cuatro apartamentos. En otra urbanización, Unidad Santa María, cada casa tiene que pagar 20.000 pesos mensuales.
El comercio también tiene que poner su cuota. A las tiendas pequeñas les cobran 50.000 pesos mensuales y las misceláneas y mercados más de 300.000 pesos. Pero la inseguridad y la venta de drogas campean, y hasta se han presentado denuncias de prostitución en algunos apartamentos. Algunos han visto a niños de 8 y 10 años probando llaves en motocicletas en los parqueaderos para luego contar a los ‘jefes’ cuál sirve para robarla. Han aparecido carros desvalijados y hasta se roban los adornos de Navidad.
El informe del 13 de octubre muestra cómo funciona la empresa criminal: “Hay apartamentos donde se venden sustancias psicoactivas, que entran al territorio transportadas en vehículos lujosos y los GA (grupos armados) se encargan de su distribución a través de niños y niñas”… Y “la iluminación de los diferentes bloques es casi inexistente, pues los GA destruyen o se apropian de los bombillos de uso público, por lo que el ambiente nocturno es de mucha penumbra”.
Sergio Vargas, secretario de Seguridad de Medellín, se quejó porque la comunidad no denuncia. Y es que el grupo armado encuentra apoyo en familiares, pues cuando las patrullas de la Policía se acercan al sector, por las calles de las urbanizaciones se oye un santo y seña que indica que la autoridad merodea. “Además, aquí los han cogido in fraganti, pero la gente ahí mismo dice: ‘este es un sobrino mío que me va a hacer un mandado, por eso le doy plata’”, cuenta un habitante.
Luz Patricia Correa, directora de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, dice que le preocupa sobre todo la revictimización de las familias. “Lo que pasa allá es lo mismo que ha sucedido históricamente en los barrios de Medellín. Ya empezamos un trabajo de acompañamiento para restablecer derechos, que no sea solamente darles viviendas a las personas”.
Algunos trabajadores sociales de la Alcaldía dicen que el problema se agravó cuando dos familias, desplazadas del corregimiento de San Cristóbal, recibieron viviendas en Villa Santa Fe, pues algunos de sus miembros ya hacían parte de combos delincuenciales y llegaron a los apartamentos a esparcir su régimen del terror.
Lo peor es que poco a poco los problemas de seguridad ya surgen en otras viviendas de interés prioritario en las urbanizaciones Altos de la Cruz, Pedregal Alto-La Aurora, Cantares, El Limonar o Urbanización Ciudad Este. Sin embargo, la situación de Villa de Santa Fe es tan grave, que en el informe la Unidad de Víctimas aconseja “aplazar la entrega de las casas”. Pero el viernes pasado el gobierno y la Alcaldía entregaron otros 434 apartamentos. Nuevas víctimas para el siniestro combo.
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La urbanización en Medellín que se convirtió en zona de guerra
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