ONG piden que los parlamentos de la UE opinen sobre el TLC con Colombia

n grupo de más de 500 organizaciones no gubernamentales (ONG) europeas y latinoamericanas que se oponen al tratado de libre comercio (TLC) negociado entre la Unión Europea (UE) y Colombia y Perú, pidieron hoy que los parlamentos nacionales de los Veintisiete puedan pronunciarse sobre el acuerdo.

Para ello, solicitaron a través de un comunicado al Consejo de la UE que el tratado sea declarado "mixto", de forma que para su entrada en vigor sea necesario que lo apruebe no sólo el Parlamento Europeo -que está previsto que lo vote en el primer semestre del año próximo-, sino también las Cámaras nacionales de los 27 estados de la Unión.

Según las plataformas OIDHACO, Enlazando Alternativas, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP), Grupo Sur, Alianza Social Continental, la Red Colombiana de Acción contra el Libre Comercio (RECALCA) y CNCD-11.11.11, existen dictámenes jurídicos que señalan que el acuerdo comercial multipartito "no es de competencia exclusiva de la UE".

La Comisión Europea, tras recibir el mandato de los Veintisiete, concluyó el año pasado la negociación del TLC con esos dos países.

El Colegio de comisarios europeos dio su visto bueno al texto la semana pasada y actualmente lo examina el Consejo de la UE, la institución donde están representados los Gobiernos europeos, antes de que sea entregado formalmente a la Eurocámara, que no podrá modificar su contenido sino únicamente votar a favor o en contra.

El pasado lunes, el Consejo de Ministros de Comercio empezó a debatir el tratado y a dilucidar si es competencia exclusiva de la UE o si es necesario que los 27 parlamentos nacionales se pronuncien sobre su aplicación (mixto).

El texto contiene cláusulas de salvaguarda que podrían suspender el acuerdo si, una vez aprobado, alguna de las partes incumple el respeto a los derechos humanos.

"Los Estados miembros deben exigir la posibilidad de un debate democrático interno para poder abordar los altos índices de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la situación de conflicto armado como en Colombia", denunciaron en su nota las ONG.

Desde su punto de vista, el tratado no debería ver la luz porque "agudizará los conflictos y desigualdades sociales existentes en estos países y agravarán la situación de los derechos humanos".

Además, aseguran que las empresas europeas que realizan inversiones en Colombia lo hacen "en territorios que han sido arrebatados a campesinos, indígenas y poblaciones afrodescendendientes a través de graves violaciones a los derechos humanos".

La representante de Grupo Sur Lourdes Castro aseguró que la UE "carece de competencia" en materias como el desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que cree necesario que cada país se pronuncie sobre ello y el texto sea votado en los parlamentos nacionales.

La próxima semana, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, realizará una visita a las instituciones de la UE en Bruselas a fin de dar un nuevo impulso a la aprobación final del tratado.