No existe tarifa fija en los contratos petroleros

No existe tarifa fija en los contratos petroleros

La tarifa fija por barril extraído de petróleo que propone el Estado es contraria al reembolso del 100% de inversiones y costos, de la ley vigente

El presidente Rafael Correa dice que se le "agotó" la paciencia en la negociación del contrato que sustituirá al de participación por prestación de servicios y advierte que incluirá, en el proyecto de Ley del Sector Hidrocarburífero, normas que le permitan "expropiar" las concesiones otorgadas a las empresas extranjeras que operan en el país.

Desde el Gobierno se ha dicho que esta negociación empezó en diciembre de 2009, pero fuentes de las petroleras privadas aseguran que en realidad el proceso inició en marzo de este año, cuando les entregaron el modelo de contrato de prestación de servicios.

Hasta hace dos semanas esta negociación la manejaba el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, a cargo de Germánico Pinto, pero a raíz de los últimos cambios en el Gabinete, la responsabilidad pasó a manos del flamante ministro coordinador de los Sectores Energéticos, Jorge Glas.

De lo que se conoce, las compañías presentaron varias observaciones al modelo de contrato, en los ámbitos técnico, económico, ambiental, operativo.

Pero el "cuello de botella" de la negociación tiene que ver con la forma de pago. El modelo establece una tarifa fija por barril extraído de petróleo. La cláusula 10.1 señala: "Solo cuando la contratista hubiere encontrado en el área del contrato, hidrocarburos o sustancias asociadas comercialmente explotables, los haya producido y entregado en el punto de fiscalización, tendrá derecho al cobro de la tarifa que incluye: el reembolso de sus inversiones, costos, gastos y al pago por sus servicios"

Al respecto, las compañías han señalado que el establecimiento de una tarifa fija por barril extraído de petróleo crudo es contrario a lo que dispone la Ley de Hidrocarburos vigente para los contratos de prestación de servicios, que establece un reembolso del 100% de inversiones, costos y gastos, más un pago por los servicios prestados.

Otro aspecto del modelo de contrato que ha sido observado por las empresas se refiere al pago del impuesto a la renta sobre los reembolsos. Las petroleras sostienen que, de acuerdo con la ley vigente, los contratistas no deben tributar el impuesto a la renta sobre los reembolsos que efectúa Petroecuador.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario, las empresas pagan el 25% del impuesto a la renta; de acuerdo al nuevo modelo pagarían 44%. Fuentes del sector señalan que no sería problema este pago, pero hacen notar que está fuera de la ley.

El modelo de contrato no se ajusta a la ley vigente sino al proyecto de Ley de Hidrocarburos que aún no ha sido enviado a la Asamblea Nacional, pues actualmente circulan varios borradores pero el Gobierno aún no ha difundido el texto definitivo del nuevo cuerpo legal.

Adicionalmente, las operadoras privadas han señalado que en el modelo de contrato no se contempla la posibilidad de que, si los ingresos disponibles que genere el contrato, no son suficientes para pagar la tarifa única, se puedan acumular en pagos posteriores.

Actualmente, la única operadora que se maneja por el contrato de prestación de servicios es Agip. Las otras se hallan bajo la modalidad de participación.

Las compañías que negocian los nuevos contratos son: Andes Petroleum, PetroOriental, CNPC, Petrobras, Repsol y Agip.

En el primer trimestre de 2009, el ex ministro de Energía y Minas, Galo Chiriboga, encabezó una primera renegociación y se firmaron acuerdos transitorios (cuya vigencia terminaría en agosto) hasta definir el modelo del nuevo contrato.

En el enlace del último sábado, el presidente dijo que no les tiene consideración alguna a las operadoras porque "han abusado del país, cuando los precios del petróleo se elevaron estuvieron callados", pero si hubiesen bajado "habrían urgido por renegociar los contratos". (AA)
La firma Hogan & Hartson elaboró modelo de contrato

El ministerio de Recursos No Renovables buscó la asesoría internacional de la compañía Hogan & Hartson, para elaborar el proyecto de contrato modificatorio al contrato de participación a uno de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos.

El 8 de enero de este año, esa compañía presentó la oferta por un monto de $600 000, en respuesta a la invitación efectuada por esa cartera un día antes, mediante oficio n.º 006A-PSE-2010.

Este diario tuvo acceso a copias de la invitación enviada a la compañía asesora, la propuesta y del criterio jurídico sobre el convenio de pago.

Entre otros aspectos, en este último documento, del pasado 25 de marzo se hace mención al memorando 163-PSE-2010 de la Presidencia del Plan de Soberanía Energética, donde se solicita al coordinador administrativo financiero que proceda "con la reprogramación presupuestaria de $1 350 000, recursos que se trasladan desde la partida: Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, hacia Consultoría. Además, una vez que se cuente con dicha reprogramación, se requiere se proceda con la certificación presupuestaria correspondiente a $600 000 y $750 000, para los trámites en mención".

Para el 15 de marzo, la firma de abogados Hogan & Hartson presentó su informe sobre las actividades realizadas, las que concluyeron con la emisión del borrador final del contrato modificatorio a contrato de prestación de servicios.

Tres días después se le informaba al ministro del ramo que la compañía había realizado la entrega de los productos, acorde a los términos de referencia y había cumplido las actividades acordadas por lo que solicitaba el pago de los $600 000.

Si bien no se firmó el contrato, como consta en el memorando de criterio jurídico, se indica que el ministro podía disponer el pago previo el cumplimiento de varios presupuestos legales como que para la prestación del servicio haya mediado acto administrativo válido, que este haya sido recibido a satisfacción y que se tenga la disponibilidad presupuestaria. (AA)
Hora GMT: 19/Abril/2010 - 05:07