Señores, ante la entrada de un nuevo mercado llamado Mercado de Carbono, en Colombia se ha desatado una discusion que es muy pertinente con respecto a que hacer con nuestros bosques. No obstante parece ser que las cosas no han sido muy claras hasta el momento, para seguir esta historia les propongo la lectura de los siguientes textos:
Los representantes de algunas organizaciones Indígenas y Negras, reunidas en el Segundo Taller sobre Cambio Climático, mecanismos financieros para la reducción de emisiones y papel de las Comunidades en Bogotá, convocado por los procesos Agenda Común para la Gobernabilidad en Territorios Ancestrales del Pacífico y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, FISCH. Observamos con preocupación que mientras el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, viene impulsando la construcción del documento R-PP, proceso de preparación para REDD+, empresas como C.I Progres S.A. entre otras, manifiestan tener poderes para hacer consulta previa y contratar entre Comunidades Negras y Resguardos Indígenas 58 millones de Hectáreas para incorporar a sus nichos de mercados voluntarios en el exterior.
Las iniciativas impulsadas por dichas empresas privadas, violan la integridad cultural, el derecho fundamental al territorio, la participación informada de los pueblos, mediante acciones de desinformación, manipulación, engaño, estafa y firma de contratos de consulta y concesión forestal para captación de CO2, y generar especulación financiera en los mercados voluntarios de carbono en el exterior con los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y negros, quienes poseen en el país, el mayor porcentaje de selvas, montes y bosques.
Consideramos, que en un proceso de R-PP Preparación para REDD+, el gobierno debe tomar medidas que preserven y garanticen los derechos a la integridad cultural, el derecho fundamental al territorio, la autodeterminación, promoviendo la participación efectiva e informada de las comunidades con mecanismos adecuados a través de sus organizaciones representativas, lo cual garantice que las comunidades tomen decisiones informadas.
Demandamos del Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, acciones urgentes que protejan los derechos de las comunidades en relación con acciones como las que viene desarrollando C.I. Progres S.A.
En el escenario de que C.I.Progres S.A. contrate 58 millones de hectáreas con las comunidades Negras e indígenas en mercados voluntario, no quedará, selva, ni monte, ni bosques, para una estrategia REDD+ en Colombia.
Solicitamos la intervención de los organismos de control y la Fiscalía para que investigue las vulneraciones que se vienen desarrollando en las comunidades. El Gobierno deberá aplicar una política de la precaución, en cuanto a los mecanismos de negociación voluntaria de carbono forestal asociado a la deforestación evitada, en tanto no se tengan certezas de los impactos sociales, económicos y ambientales que puedan tener los proyectos REDD. El gobierno nacional decretará una moratoria para la celebración de esta clase de contratos mientras no se tenga una norma nacional sobre el tema, producto de la estrategia REDD.
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