Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
Ver la Versión Completa Con Imagenes : Procuraduría General sancionó disciplinariamente a Gustavo Petro
RICARDO69
14-12-2013, 16:17:05
a ver viejo rap, el hecho de que haya sido castigado no lo refuto, yo discuto al dimensión de la pena, por que es que aca se esta dando lo mismo de cuando a sentencia a alguien con 10 años por robarse un pan mientras sentencian a 1 o 2 años a un político por robarse miles de millones, con que lo castiguen que lo hagan si cometió errores, peor que sea en la justa medida.
ahora bien me asalta una duda ¿no hay para esos casos algo como un tabla, o un mecanismo para evaluar la falta y de acuerdo a ella se dicte sentencia? por que algo así seria bueno para que la sentencia no estuviera amarrada al criterio amañado o no del funcionario encargado de emitirla
Ah, ya.
En ese caso, en el Código Disciplinario hay unos rangos en medio de los cuales puede moverse el funcionario para sancionar. Pero la esencia de la sanción es la gravedad de la falta. Según eso hay sanciones que van desde una muy leves (multa, amonestación), para las conductas de esa misma índole, hasta la que hemos visto con Petro.
En ese caso se trata de una Inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años para desempeñar cargos públicos, que resultan de la comisión de conductas determinadas como faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, la cual se impone conjuntamente con la sanción de destitución.
Como usted puede ver, el funcionario si se puede mover en ese rango, aunque depende de la gravedad de la conducta. El procurador la catalogó como gravísima a título de dolo y por eso, además de la destitución lo inhabilitó dentro del rango en el que estaba permitido moverse.
Supongo, y digo supongo porque la resolución completa no se la conoce aún, que el procurador consideró que es más grave exponer la salubridad pública y, por ende, la salud de millones de bogotanos, que el hecho de robarse una plata, así sean los millones que sean. Es de entender que una de los elementos en los que se tiene que basar el funcionario es la naturaleza esencial del servicio y el grado en que ese servicio se afecta.
A primera vista, yo estaría de acuerdo con eso, sin que esto quiera decir que lo que han hecho muchos políticos en el carrusel, no sea de extrema gravedad.
ahora bien me asalta una duda ¿no hay para esos casos algo como un tabla, o un mecanismo para evaluar la falta y de acuerdo a ella se dicte sentencia? por que algo así seria bueno para que la sentencia no estuviera amarrada al criterio amañado o no del funcionario encargado de emitirla
Ah, ya.
En ese caso, en el Código Disciplinario hay unos rangos en medio de los cuales puede moverse el funcionario para sancionar. Pero la esencia de la sanción es la gravedad de la falta. Según eso hay sanciones que van desde una muy leves (multa, amonestación), para las conductas de esa misma índole, hasta la que hemos visto con Petro.
En ese caso se trata de una Inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años para desempeñar cargos públicos, que resultan de la comisión de conductas determinadas como faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, la cual se impone conjuntamente con la sanción de destitución.
Como usted puede ver, el funcionario si se puede mover en ese rango, aunque depende de la gravedad de la conducta. El procurador la catalogó como gravísima a título de dolo y por eso, además de la destitución lo inhabilitó dentro del rango en el que estaba permitido moverse.
Supongo, y digo supongo porque la resolución completa no se la conoce aún, que el procurador consideró que es más grave exponer la salubridad pública y, por ende, la salud de millones de bogotanos, que el hecho de robarse una plata, así sean los millones que sean. Es de entender que una de los elementos en los que se tiene que basar el funcionario es la naturaleza esencial del servicio y el grado en que ese servicio se afecta.
A primera vista, yo estaría de acuerdo con eso, sin que esto quiera decir que lo que han hecho muchos políticos en el carrusel, no sea de extrema gravedad.
Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
Heráclito
14-12-2013, 18:59:43
¿El Procurador violó el principio de igualdad? Si nos atenemos a lo que hizo con Samuel Moreno, la fiscalía podría tener argumentos sólidos para iniciar un proceso penal contra el Procurador y el fallo contra el alcalde Petro tendría un esguince inesperado.
De todas formas por ahora es una investigación preliminar, pero la exigencia que le hizo la fiscalía, incluyendo un término perentorio, para entregar copias del fallo de destitución, indica que el fiscal Montealegre tiene prisa... y mucho poder para poner las cosas en su justa medida.
¿Un tatequieto penal al procurador?
Destitución Petro
Fiscalía General abrirá indagación preliminar contra el Procurador, Alejandro Ordóñez
Se busca determinar si el jefe del Ministerio Público incurrió en una extralimitación de sus funciones.
Por: Elespectador.com
El Fiscal general Eduardo Montealegre afirmó este sábado que ese organismo abrirá dos indagaciones preliminares por la destitución del alcalde Gustavo Petro.
Una de las indagaciones busca determinar si el procurador general Alejandro Ordóñez violó el principio de igualdad al destituir e inhabilitar por 15 años para cargos públicos al alcalde de Bogotá por una supuesta mala gestión en el cambio del sistema de recolección de basuras de la capital. (Leer Guerra fría por efecto Petro).
La otra indagación tiene que ver con unas declaraciones del empresario Emilio Tapia, involucrado en un caso de corrupción según el cual hubo un complot contra Petro para hacer fracasar el cambio del sistema de basuras de uno privado a uno público. (Leer 'El caos de las basuras fue premeditado').
"Son dos líneas de investigación que abrirá la Fiscalía General", dijo Montealegre a periodistas.
El Fiscal dijo además que el ente acusador tiene que determinar si la destitución e inhabilitación de Petro fue o no proporcional con la falta de la que se le acusa pues puede haber incurrido, el Procurador, en una "extralimitación de funciones".
"En este momento se cuestiona por qué razón se le impone al alcalde de Bogotá una destitución e inhabilitación de 15 años por defectos en la contratación, no por un caso de corrupción o pérdida de dinero público".
Montealegre recordó "que otras personas que han incurrido en casos graves de corrupción en el país, de desfalco de dineros públicos, se les ha impuesto una sanción menor" que a Petro.
El Fiscal se refirió además a los planteamientos hechos por Petro el viernes pasado en el sentido de que constitucionalmente el Alcalde de Bogotá solo puede ser destituido por el Presidente de la República y no por el procurador.
"El balón en este momento está en manos del Presidente de la República quien tendrá que decidir en derecho si la razón la tiene el alcalde o el procurador", agregó el funcionario.
Montealegre dijo además que no comparte la apreciación del presidente Santos de que con la polémica generada por la destitución de Petro esté en riesgo la institucionalidad del país y aseguró que estos debates tiene que darse de una manera abierta.
Fuente; El Espectador
De todas formas por ahora es una investigación preliminar, pero la exigencia que le hizo la fiscalía, incluyendo un término perentorio, para entregar copias del fallo de destitución, indica que el fiscal Montealegre tiene prisa... y mucho poder para poner las cosas en su justa medida.
¿Un tatequieto penal al procurador?
Destitución Petro
Fiscalía General abrirá indagación preliminar contra el Procurador, Alejandro Ordóñez
Se busca determinar si el jefe del Ministerio Público incurrió en una extralimitación de sus funciones.
Por: Elespectador.com
El Fiscal general Eduardo Montealegre afirmó este sábado que ese organismo abrirá dos indagaciones preliminares por la destitución del alcalde Gustavo Petro.
Una de las indagaciones busca determinar si el procurador general Alejandro Ordóñez violó el principio de igualdad al destituir e inhabilitar por 15 años para cargos públicos al alcalde de Bogotá por una supuesta mala gestión en el cambio del sistema de recolección de basuras de la capital. (Leer Guerra fría por efecto Petro).
La otra indagación tiene que ver con unas declaraciones del empresario Emilio Tapia, involucrado en un caso de corrupción según el cual hubo un complot contra Petro para hacer fracasar el cambio del sistema de basuras de uno privado a uno público. (Leer 'El caos de las basuras fue premeditado').
"Son dos líneas de investigación que abrirá la Fiscalía General", dijo Montealegre a periodistas.
El Fiscal dijo además que el ente acusador tiene que determinar si la destitución e inhabilitación de Petro fue o no proporcional con la falta de la que se le acusa pues puede haber incurrido, el Procurador, en una "extralimitación de funciones".
"En este momento se cuestiona por qué razón se le impone al alcalde de Bogotá una destitución e inhabilitación de 15 años por defectos en la contratación, no por un caso de corrupción o pérdida de dinero público".
Montealegre recordó "que otras personas que han incurrido en casos graves de corrupción en el país, de desfalco de dineros públicos, se les ha impuesto una sanción menor" que a Petro.
El Fiscal se refirió además a los planteamientos hechos por Petro el viernes pasado en el sentido de que constitucionalmente el Alcalde de Bogotá solo puede ser destituido por el Presidente de la República y no por el procurador.
"El balón en este momento está en manos del Presidente de la República quien tendrá que decidir en derecho si la razón la tiene el alcalde o el procurador", agregó el funcionario.
Montealegre dijo además que no comparte la apreciación del presidente Santos de que con la polémica generada por la destitución de Petro esté en riesgo la institucionalidad del país y aseguró que estos debates tiene que darse de una manera abierta.
Fuente; El Espectador
Heráclito
14-12-2013, 19:17:39
Un buen resumen, con criterio jurídico, de lo que está sucediendo.
Mitos y verdades del fallo contra Petro / Opinión
Por: JOSÉ FERNANDO FLÓREZ RUIZ | Para EL TIEMPO | 6:01 p.m. | 13 de Diciembre del 2013
Un constitucionalista del Externado analiza la decisión del Procurador.
La destitución del alcalde mayor de Bogotá por parte del procurador general el pasado lunes generó una incertidumbre mediática por la que han circulado toda suerte de opiniones. Para descifrar la confusión, la clave está en los matices. La máxima de Spinoza describe muy bien el camino a seguir en situaciones de caos conceptual: “Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere”, o en una traducción libre: “No reír, no llorar, ni maldecir, sino comprender”. A continuación presento los siete principales puntos que se deben despejar para entender a cabalidad el alcance del debate, que reviste una alta complejidad tanto jurídica como política:
1. El sistema de responsabilidad de los servidores está mal diseñado.
Cierto. Hay consenso en que la Constitución del 91 le otorgó demasiados poderes a la Procuraduría y el Código Disciplinario Único vigente (Ley 734 de 2002) no responde a la exigencia de tipicidad estricta de las faltas que sería deseable. La vaguedad actual de las descripciones hace que muchas actuaciones de los funcionarios –como por ejemplo las fallas o errores de gestión- puedan ser interpretadas como faltas disciplinarias, cuando en realidad obedecen a la dinámica normal de las decisiones de política pública, en la que la perfección es sencillamente imposible. Sin embargo, este es un problema de técnica legislativa que no vicia la legalidad de las decisiones tomadas por la procuraduría bajo la normatividad vigente y cuya corrección estructural implicaría la realización de una profunda reforma tanto constitucional como legal.
El análisis del jurista Rodrigo Uprimny llega incluso a la conclusión de que la Procuraduría debería ser eliminada del ordenamiento jurídico colombiano, pues es una institución que genera una duplicidad perniciosa de funciones de control que ya se encuentran en cabeza de organismos como la defensoría, la fiscalía, la contraloría y las oficinas de control interno de las entidades estatales.
2. El Procurador no es competente para destituir al Alcalde Mayor.
Falso. Esta afirmación empezó a circular a raíz de la errónea interpretación que hizo el constitucionalista Gustavo Zafra del artículo 323 de la Constitución, a cuyo tenor “en los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor”. Sin embargo, esta disposición constitucional debe armonizarse con los artículos 44 y 51 del Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto ley 1421 de 1993), que establecen que el presidente destituirá o suspenderá al alcalde mayor cuando “lo haya solicitado el Procurador General de la Nación”. Luego es claro que el jefe de Estado es apenas el encargado de hacer efectiva la destitución o la suspensión ordenada por el procurador.
3. La inhabilidad del alcalde viola el derecho internacional.
Cierto. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Leopoldo López Vs. Venezuela acogió una interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según la cual el sufragio pasivo (el derecho a ser elegido) solo puede ser limitado mediante sentencia judicial penal. Se trata de una interpretación tajante que a la luz de la jurisprudencia de la CorteIDH no admite excepciones y en esa medida Petro tendría buen chance de que este tribunal internacional fallara a su favor en un eventual litigio.
Sin embargo, es claro que existe una antinomia entre el alcance que le da la CorteIDH a la Convención Americana y las disposiciones tanto constitucionales como legales del derecho interno colombiano, que autorizan expresamente a la procuraduría para limitar los derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente con la imposición de la sanción disciplinaria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. Este tipo de contradicción normativa entre derecho interno e internacional debe ser resuelta mediante el procedimiento de “control de convencionalidad”. En la acción de tutela interpuesta por el alcalde el jueves pasado, su abogado acertadamente invocó la violación de los derechos políticos de Petro “ante la falta de aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En otras palabras, le solicitó al juez de tutela que ejerciera lo más pronto el control de convencionalidad para ajustar el ordenamiento nacional a las exigencias del sistema interamericano de derechos humanos, en consonancia con la jurisprudencia de la CorteIDH.
Lo cierto es que un fallo internacional tardaría varios años en llegar –en promedio siete- y al no haber restitución en el cargo porque el período de mandato ya se habría vencido, dejaría sin efectos la inhabilidad dando lugar a una indemnización pecuniaria y a medidas de satisfacción como el ofrecimiento de excusas. En todo caso, sentaría un importante precedente para que en adelante no se vulneren los derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente, se armonice la legislación interna con las exigencias del derecho internacional y el Estado colombiano evite pagar cuantiosas indemnizaciones.
4. La destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años impuesta a Petro fue desproporcionada.
No es posible aún saberlo con certeza. Como no se conoce todavía el texto completo del fallo disciplinario –que solo se revelará una vez el alcalde sea debidamente notificado- no se puede ponderar la proporcionalidad de la dosimetría sancionatoria aplicada contra Gustavo Petro. No obstante, un recorrido por otros fallos de la procuraduría sí sugiere a primera vista que al procurador se le fue la mano en la severidad de la sanción, pues en hipótesis anteriores, en las que fue reconocido el dolo por parte del funcionario procesado como en el caso de Hipólito Moreno, quien confesó haber recibido un soborno de 600 millones de pesos, la inhabilidad impuesta fue menor: 11 años. Otra comparación que evidencia la desproporción es la suspensión por 12 meses del ex alcalde mayor Samuel Moreno, sanción mucho menos drástica que fue aplicada a un funcionario que sin embargo enfrenta cargos penales por los delitos de prevaricato, concusión, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación.
5. Hubo un complot de los operadores privados de aseo para entorpecer el cambio del modelo de recolección de basuras, hacer al alcalde mayor responsable disciplinariamente e inducir su destitución.
No es posible aún saberlo. Esta es la versión de Emilio Tapia en sus declaraciones al diario El Espectador, que deberá ser debidamente probada en un futuro escenario de impugnación del fallo del procurador bien sea ante la Corte Constitucional por vía de tutela, el Consejo de Estado mediante acción de nulidad o un proceso penal contra las firmas privadas de aseo.
6. Hubo una conspiración del procurador Ordóñez y el uribismo para tumbar a Petro.
No es posible aún saberlo. Esta teoría conspiratoria se basa en las declaraciones de Otty Patiño a Canal Capital, en las que dijo haber asistido el pasado 14 de noviembre a una reunión con Francisco Santos, quien según Patiño sabía de antemano que Petro sería destituido y estaba preparando un programa de gobierno para lanzar su candidatura para remplazarlo. A esto se sumaría el hecho de que Álvaro Uribe y Fernando Londoño se habrían reunido varias veces con el procurador Ordóñez para fraguar el entuerto. Al igual que el anterior punto, esta teoría deberá ser probada en los escenarios judiciales pertinentes para tener alguna repercusión.
7. La destitución del alcalde mayor fue ilegal al constituir una mera venganza ideológica del procurador contra Petro por su condición de “comunista ateo”.
Este tipo de argumento político tremendista utilizado por Petro y sus seguidores es irrelevante para el debate jurídico, salvo que el alcalde mayor tenga pruebas de que hubo una intención desviada del procurador en su proceso disciplinario. En este caso, deberá denunciarlo penalmente ante la autoridad competente, que es el Fiscal General de la Nación.
En suma, las perspectivas judiciales de Petro indican que le quedan varios recursos en el derecho nacional, que solo una vez agotados abrirán un espacio en las instancias internacionales, donde las posibilidades de éxito serían mayores aunque a largo plazo.
JOSÉ FERNANDO FLÓREZ RUIZ
Abogado y politólogo U. Externado
Fuente: El Tiempo
Mitos y verdades del fallo contra Petro / Opinión
Por: JOSÉ FERNANDO FLÓREZ RUIZ | Para EL TIEMPO | 6:01 p.m. | 13 de Diciembre del 2013
Un constitucionalista del Externado analiza la decisión del Procurador.
La destitución del alcalde mayor de Bogotá por parte del procurador general el pasado lunes generó una incertidumbre mediática por la que han circulado toda suerte de opiniones. Para descifrar la confusión, la clave está en los matices. La máxima de Spinoza describe muy bien el camino a seguir en situaciones de caos conceptual: “Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere”, o en una traducción libre: “No reír, no llorar, ni maldecir, sino comprender”. A continuación presento los siete principales puntos que se deben despejar para entender a cabalidad el alcance del debate, que reviste una alta complejidad tanto jurídica como política:
1. El sistema de responsabilidad de los servidores está mal diseñado.
Cierto. Hay consenso en que la Constitución del 91 le otorgó demasiados poderes a la Procuraduría y el Código Disciplinario Único vigente (Ley 734 de 2002) no responde a la exigencia de tipicidad estricta de las faltas que sería deseable. La vaguedad actual de las descripciones hace que muchas actuaciones de los funcionarios –como por ejemplo las fallas o errores de gestión- puedan ser interpretadas como faltas disciplinarias, cuando en realidad obedecen a la dinámica normal de las decisiones de política pública, en la que la perfección es sencillamente imposible. Sin embargo, este es un problema de técnica legislativa que no vicia la legalidad de las decisiones tomadas por la procuraduría bajo la normatividad vigente y cuya corrección estructural implicaría la realización de una profunda reforma tanto constitucional como legal.
El análisis del jurista Rodrigo Uprimny llega incluso a la conclusión de que la Procuraduría debería ser eliminada del ordenamiento jurídico colombiano, pues es una institución que genera una duplicidad perniciosa de funciones de control que ya se encuentran en cabeza de organismos como la defensoría, la fiscalía, la contraloría y las oficinas de control interno de las entidades estatales.
2. El Procurador no es competente para destituir al Alcalde Mayor.
Falso. Esta afirmación empezó a circular a raíz de la errónea interpretación que hizo el constitucionalista Gustavo Zafra del artículo 323 de la Constitución, a cuyo tenor “en los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor”. Sin embargo, esta disposición constitucional debe armonizarse con los artículos 44 y 51 del Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto ley 1421 de 1993), que establecen que el presidente destituirá o suspenderá al alcalde mayor cuando “lo haya solicitado el Procurador General de la Nación”. Luego es claro que el jefe de Estado es apenas el encargado de hacer efectiva la destitución o la suspensión ordenada por el procurador.
3. La inhabilidad del alcalde viola el derecho internacional.
Cierto. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Leopoldo López Vs. Venezuela acogió una interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según la cual el sufragio pasivo (el derecho a ser elegido) solo puede ser limitado mediante sentencia judicial penal. Se trata de una interpretación tajante que a la luz de la jurisprudencia de la CorteIDH no admite excepciones y en esa medida Petro tendría buen chance de que este tribunal internacional fallara a su favor en un eventual litigio.
Sin embargo, es claro que existe una antinomia entre el alcance que le da la CorteIDH a la Convención Americana y las disposiciones tanto constitucionales como legales del derecho interno colombiano, que autorizan expresamente a la procuraduría para limitar los derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente con la imposición de la sanción disciplinaria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. Este tipo de contradicción normativa entre derecho interno e internacional debe ser resuelta mediante el procedimiento de “control de convencionalidad”. En la acción de tutela interpuesta por el alcalde el jueves pasado, su abogado acertadamente invocó la violación de los derechos políticos de Petro “ante la falta de aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En otras palabras, le solicitó al juez de tutela que ejerciera lo más pronto el control de convencionalidad para ajustar el ordenamiento nacional a las exigencias del sistema interamericano de derechos humanos, en consonancia con la jurisprudencia de la CorteIDH.
Lo cierto es que un fallo internacional tardaría varios años en llegar –en promedio siete- y al no haber restitución en el cargo porque el período de mandato ya se habría vencido, dejaría sin efectos la inhabilidad dando lugar a una indemnización pecuniaria y a medidas de satisfacción como el ofrecimiento de excusas. En todo caso, sentaría un importante precedente para que en adelante no se vulneren los derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente, se armonice la legislación interna con las exigencias del derecho internacional y el Estado colombiano evite pagar cuantiosas indemnizaciones.
4. La destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años impuesta a Petro fue desproporcionada.
No es posible aún saberlo con certeza. Como no se conoce todavía el texto completo del fallo disciplinario –que solo se revelará una vez el alcalde sea debidamente notificado- no se puede ponderar la proporcionalidad de la dosimetría sancionatoria aplicada contra Gustavo Petro. No obstante, un recorrido por otros fallos de la procuraduría sí sugiere a primera vista que al procurador se le fue la mano en la severidad de la sanción, pues en hipótesis anteriores, en las que fue reconocido el dolo por parte del funcionario procesado como en el caso de Hipólito Moreno, quien confesó haber recibido un soborno de 600 millones de pesos, la inhabilidad impuesta fue menor: 11 años. Otra comparación que evidencia la desproporción es la suspensión por 12 meses del ex alcalde mayor Samuel Moreno, sanción mucho menos drástica que fue aplicada a un funcionario que sin embargo enfrenta cargos penales por los delitos de prevaricato, concusión, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación.
5. Hubo un complot de los operadores privados de aseo para entorpecer el cambio del modelo de recolección de basuras, hacer al alcalde mayor responsable disciplinariamente e inducir su destitución.
No es posible aún saberlo. Esta es la versión de Emilio Tapia en sus declaraciones al diario El Espectador, que deberá ser debidamente probada en un futuro escenario de impugnación del fallo del procurador bien sea ante la Corte Constitucional por vía de tutela, el Consejo de Estado mediante acción de nulidad o un proceso penal contra las firmas privadas de aseo.
6. Hubo una conspiración del procurador Ordóñez y el uribismo para tumbar a Petro.
No es posible aún saberlo. Esta teoría conspiratoria se basa en las declaraciones de Otty Patiño a Canal Capital, en las que dijo haber asistido el pasado 14 de noviembre a una reunión con Francisco Santos, quien según Patiño sabía de antemano que Petro sería destituido y estaba preparando un programa de gobierno para lanzar su candidatura para remplazarlo. A esto se sumaría el hecho de que Álvaro Uribe y Fernando Londoño se habrían reunido varias veces con el procurador Ordóñez para fraguar el entuerto. Al igual que el anterior punto, esta teoría deberá ser probada en los escenarios judiciales pertinentes para tener alguna repercusión.
7. La destitución del alcalde mayor fue ilegal al constituir una mera venganza ideológica del procurador contra Petro por su condición de “comunista ateo”.
Este tipo de argumento político tremendista utilizado por Petro y sus seguidores es irrelevante para el debate jurídico, salvo que el alcalde mayor tenga pruebas de que hubo una intención desviada del procurador en su proceso disciplinario. En este caso, deberá denunciarlo penalmente ante la autoridad competente, que es el Fiscal General de la Nación.
En suma, las perspectivas judiciales de Petro indican que le quedan varios recursos en el derecho nacional, que solo una vez agotados abrirán un espacio en las instancias internacionales, donde las posibilidades de éxito serían mayores aunque a largo plazo.
JOSÉ FERNANDO FLÓREZ RUIZ
Abogado y politólogo U. Externado
Fuente: El Tiempo
HOMER.
14-12-2013, 19:51:36
queda claro entonces que en ''segundo tiempo'' de este cuento a parecer petro tendría alguna ventaja
Heráclito
15-12-2013, 16:33:54
Sigue la polémica jurídica, sólo que esta vez son los pesos pesados de la justicia los encargados de alborotar aún más el avispero.
Santos debe decidir si el procurador tiene facultades para destituir o no a Petro: Fiscal
Eduardo Montealegre advirtió sobre crisis institucional por destitución de alcalde de Bogotá.
Por: EFE
El fiscal general, Eduardo Montealegre, considera que la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha puesto al país en una crisis institucional que puede tener "consecuencias e implicaciones políticas enormes para la democracia".
Montealegre, que en los próximos días se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos para analizar la situación, dijo en una entrevista este fin de semana que la solución para esa crisis está en manos del jefe de Estado, que debe decidir si el procurador general, Alejandro Ordóñez, tiene facultades para destituir o no a Petro por un asunto administrativo.
"Mi posición frente al presidente de la República va a ser muy clara. Creo que hay que reconocer una crisis institucional y además le diré al presidente de la República que la llave maestra para solucionar la crisis institucional la tiene el propio presidente", expresó.
El fiscal explicó que hay una tesis que dice que sólo el presidente puede destituir al alcalde de Bogotá por fallas administrativas y en esto no puede haber medias tintas pues es un caso que "hay que tomarlo en blanco o en negro".
"El presidente tiene que tomar una decisión contundente acerca de la delimitación de competencias. O es el procurador o es él. Yo le voy a solicitar al presidente que tome una postura muy clara frente al tema acerca de si el competente es el procurador o el presidente de la República", dijo el fiscal.
Petro, que militó en el grupo guerrillero M-19, fue elegido alcalde por voto popular para el periodo 2012-2015 pero el pasado lunes fue destituido por Ordóñez por el supuesto mal manejo de una crisis en el sistema de recolección de basuras ocurrida hace un año cuando hizo un cambio en la operación de este servicio que pasó de manos privadas a una empresa pública.
La drástica sanción al alcalde ha levantado ampolla en el país porque hasta los opositores a Petro consideran que el procurador, alineado con la derecha radical, se excedió en su castigo por cuestiones ideológicas.
Según el fiscal, destituir al alcalde de Bogotá, "que además proviene de la izquierda, de una guerrilla amnistiada, que viene de un proceso de paz en el que los colombianos le tendimos la mano a esa guerrilla desmovilizada que creyó en las vías democráticas", es una decisión "muy respetable" pero que se debe "analizar con el debido cuidado" por las consecuencias que puede traer para el país.
El funcionario se refirió en concreto a las negociaciones de paz que el Gobierno y la guerrilla de las Farc llevan a cabo en Cuba desde hace un año, a las cuales la destitución de Petro envía un mensaje negativo.
"Independientemente del tema jurídico, desde el punto de vista político la destitución va a tener serias repercusiones en La Habana, en el proceso de paz", dijo el fiscal.
Montealegre recordó "que la guerrilla está pidiendo espacios democráticos, garantías políticas para abandonar la lucha armada e incorporarse a la vida civil" y en ese contexto "la destitución de un alcalde elegido democráticamente, que perteneció antiguamente a una guerrilla como la del M-19, que dejó las armas para participar en la vida democrática del país, va a generar desconfianza".
El fiscal, que este sábado anunció que abrirá dos indagaciones preliminares por la destitución de Petro, una de ellas para establecer si hubo irregularidades o extralimitaciones en la sanción, dijo que su deber es investigar.
"Sin comprometer mi criterio sobre el particular creo que como fiscal general de la Nación debo iniciar las investigaciones correspondientes para determinar si fue un acto jurídico, si fue un acto transparente, o si por el contrario se trató de una artimaña, de una confabulación entre ciertos sectores políticos en contra del proceso de paz", manifestó.
Sobre el papel que puede jugar en este caso la justicia internacional, a la cual acudirá Petro el próximo miércoles cuando se reunirá en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con otras autoridades, el fiscal opinó que será muy importante pues hay "un antagonismo entre el ordenamiento interno colombiano y lo que dice el derecho internacional".
"El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos es muy claro en señalar que la única persona que tiene competencia para destituir a una persona elegida democráticamente es un juez penal y previo un juicio penal. Y aquí la decisión no la tomó un juez penal, no se tomó por una conducta eventualmente delictiva. La tomó un funcionario administrativo", expresó.
Fuente: El Espectador
Santos debe decidir si el procurador tiene facultades para destituir o no a Petro: Fiscal
Eduardo Montealegre advirtió sobre crisis institucional por destitución de alcalde de Bogotá.
Por: EFE
El fiscal general, Eduardo Montealegre, considera que la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha puesto al país en una crisis institucional que puede tener "consecuencias e implicaciones políticas enormes para la democracia".
Montealegre, que en los próximos días se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos para analizar la situación, dijo en una entrevista este fin de semana que la solución para esa crisis está en manos del jefe de Estado, que debe decidir si el procurador general, Alejandro Ordóñez, tiene facultades para destituir o no a Petro por un asunto administrativo.
"Mi posición frente al presidente de la República va a ser muy clara. Creo que hay que reconocer una crisis institucional y además le diré al presidente de la República que la llave maestra para solucionar la crisis institucional la tiene el propio presidente", expresó.
El fiscal explicó que hay una tesis que dice que sólo el presidente puede destituir al alcalde de Bogotá por fallas administrativas y en esto no puede haber medias tintas pues es un caso que "hay que tomarlo en blanco o en negro".
"El presidente tiene que tomar una decisión contundente acerca de la delimitación de competencias. O es el procurador o es él. Yo le voy a solicitar al presidente que tome una postura muy clara frente al tema acerca de si el competente es el procurador o el presidente de la República", dijo el fiscal.
Petro, que militó en el grupo guerrillero M-19, fue elegido alcalde por voto popular para el periodo 2012-2015 pero el pasado lunes fue destituido por Ordóñez por el supuesto mal manejo de una crisis en el sistema de recolección de basuras ocurrida hace un año cuando hizo un cambio en la operación de este servicio que pasó de manos privadas a una empresa pública.
La drástica sanción al alcalde ha levantado ampolla en el país porque hasta los opositores a Petro consideran que el procurador, alineado con la derecha radical, se excedió en su castigo por cuestiones ideológicas.
Según el fiscal, destituir al alcalde de Bogotá, "que además proviene de la izquierda, de una guerrilla amnistiada, que viene de un proceso de paz en el que los colombianos le tendimos la mano a esa guerrilla desmovilizada que creyó en las vías democráticas", es una decisión "muy respetable" pero que se debe "analizar con el debido cuidado" por las consecuencias que puede traer para el país.
El funcionario se refirió en concreto a las negociaciones de paz que el Gobierno y la guerrilla de las Farc llevan a cabo en Cuba desde hace un año, a las cuales la destitución de Petro envía un mensaje negativo.
"Independientemente del tema jurídico, desde el punto de vista político la destitución va a tener serias repercusiones en La Habana, en el proceso de paz", dijo el fiscal.
Montealegre recordó "que la guerrilla está pidiendo espacios democráticos, garantías políticas para abandonar la lucha armada e incorporarse a la vida civil" y en ese contexto "la destitución de un alcalde elegido democráticamente, que perteneció antiguamente a una guerrilla como la del M-19, que dejó las armas para participar en la vida democrática del país, va a generar desconfianza".
El fiscal, que este sábado anunció que abrirá dos indagaciones preliminares por la destitución de Petro, una de ellas para establecer si hubo irregularidades o extralimitaciones en la sanción, dijo que su deber es investigar.
"Sin comprometer mi criterio sobre el particular creo que como fiscal general de la Nación debo iniciar las investigaciones correspondientes para determinar si fue un acto jurídico, si fue un acto transparente, o si por el contrario se trató de una artimaña, de una confabulación entre ciertos sectores políticos en contra del proceso de paz", manifestó.
Sobre el papel que puede jugar en este caso la justicia internacional, a la cual acudirá Petro el próximo miércoles cuando se reunirá en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con otras autoridades, el fiscal opinó que será muy importante pues hay "un antagonismo entre el ordenamiento interno colombiano y lo que dice el derecho internacional".
"El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos es muy claro en señalar que la única persona que tiene competencia para destituir a una persona elegida democráticamente es un juez penal y previo un juicio penal. Y aquí la decisión no la tomó un juez penal, no se tomó por una conducta eventualmente delictiva. La tomó un funcionario administrativo", expresó.
Fuente: El Espectador
eddievoleibol
15-12-2013, 18:29:21
Petro LLoron...:jijoju::jijoju::jijoju:
http://i41.tinypic.com/28ksimt.gif
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Heráclito
17-12-2013, 15:12:22
Un análisis ponderado y juicioso, que se puede leer sin prevención y ya con cabeza fría después de los discursos veintejulieros del perdedor y de los golpes de pecho de los que crearon el monstruo sin prever sus consecuencias.
Los efectos de la virtual caída de Petro
Por: Héctor Riveros, Sáb, 2013-12-14 09:57
La decisión del Procurador General de la Nación de ordenar la destitución del Alcalde de Bogotá y su consecuente inhabilidad para ejercer cargos públicos por quince años produjo varios efectos contrarios a los que Ordóñez esperaba. Él dirá que su decisión es jurídica –cosa que no cree nadie- y que por tanto no repara en las consecuencias políticas de sus decisiones.
Todos los efectos eran previsibles y obvios por lo que algunos creíamos que el Procurador no iba a cometer la torpeza de sancionar de la manera como sancionó a Petro. Veamos:
Petro pasó de alcalde mediocre a víctima del establecimiento
La Alianza Verde se ganó una lotería
Robledo resultó ser el gran perdedor
Revivió la reforma a la justicia con la Procuraduría como un capítulo urgente
Se consolidó una alianza impensable: Ex EME y Partido Comunista
1. De Alcalde errático a líder nacional
La mayoría de los ciudadanos de Bogotá hemos calificado como mala la gestión del Alcalde Petro. Su imagen favorable rodeaba el 30 por ciento y el descontento, medido en las encuestas, se percibía en el ambiente. La arbitrariedad de Ordóñez se convirtió en una gran oportunidad para Petro y la ha aprovechado bien.
Los deseos incumplidos del Alcalde se alcanzaron como milagrosamente en un solo día. Quería ser protagonista en el proceso de paz y pasó de ser despreciado por las Farc - que afirmaban que “ni siquiera guerrillero fue”- a ser objeto de comunicados públicos y de apoyos expresos.
Quería ser reconocido internacionalmente y de haber logrado un par de premios menores otorgados por firmas tan cuestionadas como Siemens, pasó a pronunciamientos de alguna agencia del sistema de Naciones Unidas, una declaración del embajador de los Estados Unidos, una carta de un grupo de parlamentarios europeos, una carta de la asociación de alcaldes de América Latina, y la lista sigue.
Quería tener una imagen mayoritariamente favorable y de ser uno de los alcaldes con peor calificación pasó de la noche a la mañana a tener un 20 por ciento más de apoyo ciudadano de lo que tenía en promedio.
Petro es un gran ganador de todo esto. Probablemente tendrá que dejar la Alcaldía –la tutela es la única esperanza verdaderamente eficaz para que se quede, lo demás es retórica- pero en el mediano plazo ganará la pelea jurídica (Ordóñez las pierde casi todas), le levantarán la inhabilidad y será un candidato presidencial muy importante en el 2018, ya sin el recuerdo de su pésima gestión en Bogotá.
2. Los “Verdes” duplican sus expectativas electorales
Un día antes de la destitución de Petro, la Alianza Verde había logrado meter a “Raimundo y todo el mundo” en su lista al Senado. La Unión Patriótica, el Partido Comunista, la Marcha Patriótica, las dignidades, y un largo etc., además de tener a Antonio Navarro en la cabeza de lista. Eso solo les aseguraba el umbral, pero la expectativa de votos no pasaba de los 700.000. Ahora razonablemente piensan en superar el millón de votos y llegar a entre 8 y diez curules.
Aunque Navarro ha sido moderado en sus declaraciones no hay duda que la solidaridad que se ha generado a favor de Petro tendrá varios efectos en las elecciones del próximo 9 de marzo y uno de ellos será el aumento de la votación a favor del líder de los progresistas y especialmente del que se deposita solo marcando el logo del Partido. Sin tener mucho que ofrecer encontraron una “causa movilizadora”, algo que en política es dificilísimo de conseguir.
3. El Polo se margina de todo
A Jorge Robledo la gente lo califica como el mejor senador de Colombia. Su gestión en el Congreso genera admiración pero su actuación como político ha resultado, al menos por esta vez catastrófica. El Polo se ha marginado del proceso de paz por “michicatiarle” a Santos el apoyo. El Polo quedó descolocado en esto de Petro. El Polo perdió lo que parecía su mayor logro: las “dignidades”, esos movimientos que afectaron tanto al Gobierno en los paros de hace unos meses, los cuales ahora están en su mayoría con Petro y por tanto con los “verdes”.
4. La Procuraduría en la mira
Aunque académicos tan respetables como Rodrigo Uprimny llevaban meses señalando no solo los peligros, sino incluso la inutilidad de la Procuraduría, esas eran unas ideas sin ninguna viabilidad política de salir adelante. Se adelantó una “reforma a la justicia” que en realidad era una revisión al sistema de controles y no se incluyó a la Procuraduría, porque se creía que todo estaba bien.
Ordóñez ha abusado tanto de su poder que hay prácticamente un consenso de que hay que reformar las facultades de la Procuraduría. No habrá nueva “reforma” institucional, cualquiera que ella sea, que no incluya un capítulo sobre el Ministerio Público. El gran logro de este Procurador será haber demostrado los peligros de una especie de “monstruo dormido” ahora atizado por radicalismos de derecha.
5. Los EMES vuelven al redil
La historia es larga. Una gran parte de los militantes del M 19 pasaron por las Farc y/o por el Partido Comunista, pero, primero se declararon disidentes y se fueron con esa nueva guerrilla y luego, cuando firmaron la paz con el Gobierno, fueron duramente cuestionados por las Farc y los movimientos de izquierda más radical. Traidores era el calificativo. Hace solo unos meses Andrés París dijo, cuando le preguntaron por Petro, que él creía que ni guerrillero había sido y todos los coqueteos del Alcalde para meterse en el proceso de La Habana habían sido literalmente despreciados por las Farc.
Esa historia cambió en forma radical en estos días, primero con la conformación de la lista al Senado de la Alianza Verde y después con la muy activa participación de los militantes de estos sectores en la movilización a favor de Petro. Las banderas rojas con la hoz y el martillo se destacaban en la concentración del lunes y su apoyo ha resultado crucial para llenar la Plaza de Bolívar estos días.
Pareciera que, tras la bajada de Navarro, Aída Abella fuera la candidata presidencial de este sector político.
ADENDA: Unos abogados, respetables algunos otros no tanto, se inventaron la teoría de que el Procurador no puede ordenar la destitución de Petro porque el artículo 323 de la Constitución dice que “en los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor”. La tesis es tan rebuscada que no merecería ni un comentario si no fuera porque se ha vuelto la defensa central del Alcalde y algunos medios la han presentado como si se hubiera descubierto el salvavidas. Desafortunada y afortunadamente no es así, al menos por la tres siguientes razones.
Esa es una formula vieja, así funciona para todos los funcionarios destituidos por la Procuraduría. Ese órgano “ordena su destitución” y en el caso de los elegidos el Presidente o el Gobernador es quien los destituye, así como a los funcionarios no elegidos los destituye el nominador.
Eso que dice el artículo 323 que transcribí es lo mismo que dice para otros funcionarios como los gobernadores (para solo citar un ejemplo) y por tanto no es ni un gran descubrimiento, ni es una especie de fuero que tenga el Alcalde de Bogotá. El artículo 304 de la Constitución dice: “El Presidente de la República, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores”. El artículo 323 dice que el Presidente destituye al Alcalde en los casos señalados por la ley y uno de ellos es el de la solicitud del Procurador:
ARTICULO 44 del Estatuto de Bogotá DESTITUCION. El Presidente de la República destituirá al alcalde mayor:
1. Cuando contra él se haya dictado sentencia condenatoria de carácter penal.
2. Cuando así lo haya solicitado el Procurador General de la Nación, y
3. En los demás casos previstos por la Constitución y la ley.
Digo que afortunadamente esta no es la fórmula salvadora no porque quiera que destituyan al Alcalde Petro, con lo que estoy totalmente en contra, sino porque en medio del desespero han llegado a la absurda tesis de que es el Presidente el que podría hacerlo¿Se imaginan a ustedes, por poner un ejemplo, a Uribe con la facultad de destituir Alcaldes? ¿Cómo puede afirmarse sin sonrojarse que es más garantista que a un Alcalde elegido popularmente lo destituya el Presidente, que puede ser su enemigo político, a la Procuraduría que mal que bien debería ser un organismo independiente? La defensa de Petro pasó de la tesis –esa sí razonable- de que la destitución debería ser decretada judicialmente ¡a que podría se ordenada por el Presidente!
Fuente: La silla vacía
Los efectos de la virtual caída de Petro
Por: Héctor Riveros, Sáb, 2013-12-14 09:57
La decisión del Procurador General de la Nación de ordenar la destitución del Alcalde de Bogotá y su consecuente inhabilidad para ejercer cargos públicos por quince años produjo varios efectos contrarios a los que Ordóñez esperaba. Él dirá que su decisión es jurídica –cosa que no cree nadie- y que por tanto no repara en las consecuencias políticas de sus decisiones.
Todos los efectos eran previsibles y obvios por lo que algunos creíamos que el Procurador no iba a cometer la torpeza de sancionar de la manera como sancionó a Petro. Veamos:
Petro pasó de alcalde mediocre a víctima del establecimiento
La Alianza Verde se ganó una lotería
Robledo resultó ser el gran perdedor
Revivió la reforma a la justicia con la Procuraduría como un capítulo urgente
Se consolidó una alianza impensable: Ex EME y Partido Comunista
1. De Alcalde errático a líder nacional
La mayoría de los ciudadanos de Bogotá hemos calificado como mala la gestión del Alcalde Petro. Su imagen favorable rodeaba el 30 por ciento y el descontento, medido en las encuestas, se percibía en el ambiente. La arbitrariedad de Ordóñez se convirtió en una gran oportunidad para Petro y la ha aprovechado bien.
Los deseos incumplidos del Alcalde se alcanzaron como milagrosamente en un solo día. Quería ser protagonista en el proceso de paz y pasó de ser despreciado por las Farc - que afirmaban que “ni siquiera guerrillero fue”- a ser objeto de comunicados públicos y de apoyos expresos.
Quería ser reconocido internacionalmente y de haber logrado un par de premios menores otorgados por firmas tan cuestionadas como Siemens, pasó a pronunciamientos de alguna agencia del sistema de Naciones Unidas, una declaración del embajador de los Estados Unidos, una carta de un grupo de parlamentarios europeos, una carta de la asociación de alcaldes de América Latina, y la lista sigue.
Quería tener una imagen mayoritariamente favorable y de ser uno de los alcaldes con peor calificación pasó de la noche a la mañana a tener un 20 por ciento más de apoyo ciudadano de lo que tenía en promedio.
Petro es un gran ganador de todo esto. Probablemente tendrá que dejar la Alcaldía –la tutela es la única esperanza verdaderamente eficaz para que se quede, lo demás es retórica- pero en el mediano plazo ganará la pelea jurídica (Ordóñez las pierde casi todas), le levantarán la inhabilidad y será un candidato presidencial muy importante en el 2018, ya sin el recuerdo de su pésima gestión en Bogotá.
2. Los “Verdes” duplican sus expectativas electorales
Un día antes de la destitución de Petro, la Alianza Verde había logrado meter a “Raimundo y todo el mundo” en su lista al Senado. La Unión Patriótica, el Partido Comunista, la Marcha Patriótica, las dignidades, y un largo etc., además de tener a Antonio Navarro en la cabeza de lista. Eso solo les aseguraba el umbral, pero la expectativa de votos no pasaba de los 700.000. Ahora razonablemente piensan en superar el millón de votos y llegar a entre 8 y diez curules.
Aunque Navarro ha sido moderado en sus declaraciones no hay duda que la solidaridad que se ha generado a favor de Petro tendrá varios efectos en las elecciones del próximo 9 de marzo y uno de ellos será el aumento de la votación a favor del líder de los progresistas y especialmente del que se deposita solo marcando el logo del Partido. Sin tener mucho que ofrecer encontraron una “causa movilizadora”, algo que en política es dificilísimo de conseguir.
3. El Polo se margina de todo
A Jorge Robledo la gente lo califica como el mejor senador de Colombia. Su gestión en el Congreso genera admiración pero su actuación como político ha resultado, al menos por esta vez catastrófica. El Polo se ha marginado del proceso de paz por “michicatiarle” a Santos el apoyo. El Polo quedó descolocado en esto de Petro. El Polo perdió lo que parecía su mayor logro: las “dignidades”, esos movimientos que afectaron tanto al Gobierno en los paros de hace unos meses, los cuales ahora están en su mayoría con Petro y por tanto con los “verdes”.
4. La Procuraduría en la mira
Aunque académicos tan respetables como Rodrigo Uprimny llevaban meses señalando no solo los peligros, sino incluso la inutilidad de la Procuraduría, esas eran unas ideas sin ninguna viabilidad política de salir adelante. Se adelantó una “reforma a la justicia” que en realidad era una revisión al sistema de controles y no se incluyó a la Procuraduría, porque se creía que todo estaba bien.
Ordóñez ha abusado tanto de su poder que hay prácticamente un consenso de que hay que reformar las facultades de la Procuraduría. No habrá nueva “reforma” institucional, cualquiera que ella sea, que no incluya un capítulo sobre el Ministerio Público. El gran logro de este Procurador será haber demostrado los peligros de una especie de “monstruo dormido” ahora atizado por radicalismos de derecha.
5. Los EMES vuelven al redil
La historia es larga. Una gran parte de los militantes del M 19 pasaron por las Farc y/o por el Partido Comunista, pero, primero se declararon disidentes y se fueron con esa nueva guerrilla y luego, cuando firmaron la paz con el Gobierno, fueron duramente cuestionados por las Farc y los movimientos de izquierda más radical. Traidores era el calificativo. Hace solo unos meses Andrés París dijo, cuando le preguntaron por Petro, que él creía que ni guerrillero había sido y todos los coqueteos del Alcalde para meterse en el proceso de La Habana habían sido literalmente despreciados por las Farc.
Esa historia cambió en forma radical en estos días, primero con la conformación de la lista al Senado de la Alianza Verde y después con la muy activa participación de los militantes de estos sectores en la movilización a favor de Petro. Las banderas rojas con la hoz y el martillo se destacaban en la concentración del lunes y su apoyo ha resultado crucial para llenar la Plaza de Bolívar estos días.
Pareciera que, tras la bajada de Navarro, Aída Abella fuera la candidata presidencial de este sector político.
ADENDA: Unos abogados, respetables algunos otros no tanto, se inventaron la teoría de que el Procurador no puede ordenar la destitución de Petro porque el artículo 323 de la Constitución dice que “en los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor”. La tesis es tan rebuscada que no merecería ni un comentario si no fuera porque se ha vuelto la defensa central del Alcalde y algunos medios la han presentado como si se hubiera descubierto el salvavidas. Desafortunada y afortunadamente no es así, al menos por la tres siguientes razones.
Esa es una formula vieja, así funciona para todos los funcionarios destituidos por la Procuraduría. Ese órgano “ordena su destitución” y en el caso de los elegidos el Presidente o el Gobernador es quien los destituye, así como a los funcionarios no elegidos los destituye el nominador.
Eso que dice el artículo 323 que transcribí es lo mismo que dice para otros funcionarios como los gobernadores (para solo citar un ejemplo) y por tanto no es ni un gran descubrimiento, ni es una especie de fuero que tenga el Alcalde de Bogotá. El artículo 304 de la Constitución dice: “El Presidente de la República, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores”. El artículo 323 dice que el Presidente destituye al Alcalde en los casos señalados por la ley y uno de ellos es el de la solicitud del Procurador:
ARTICULO 44 del Estatuto de Bogotá DESTITUCION. El Presidente de la República destituirá al alcalde mayor:
1. Cuando contra él se haya dictado sentencia condenatoria de carácter penal.
2. Cuando así lo haya solicitado el Procurador General de la Nación, y
3. En los demás casos previstos por la Constitución y la ley.
Digo que afortunadamente esta no es la fórmula salvadora no porque quiera que destituyan al Alcalde Petro, con lo que estoy totalmente en contra, sino porque en medio del desespero han llegado a la absurda tesis de que es el Presidente el que podría hacerlo¿Se imaginan a ustedes, por poner un ejemplo, a Uribe con la facultad de destituir Alcaldes? ¿Cómo puede afirmarse sin sonrojarse que es más garantista que a un Alcalde elegido popularmente lo destituya el Presidente, que puede ser su enemigo político, a la Procuraduría que mal que bien debería ser un organismo independiente? La defensa de Petro pasó de la tesis –esa sí razonable- de que la destitución debería ser decretada judicialmente ¡a que podría se ordenada por el Presidente!
Fuente: La silla vacía
Heráclito
17-12-2013, 15:19:17
Ya se lo dijo Santos a Petro. No va a tomar partido por ninguno de los dos. Se reunió con cada uno por separado, los escuchó y después de oír argumentos, quejas y sugerencias, opta por lo que tiene que hacer, cumplir la ley, cumpliendo formalmente con la decisión del Procurador que sancionó a Petro con su destitución.
¿Pero quién gana y quién pierde en estos juegos de poder? Porque la virgen se le apareció a más de uno, hay que ver si lo saben aprovechar.
Petro se encomienda a Santos para que lo salve, pero...
Por: Juanita León, Lun, 2013-12-16 17:12
En entrevista con La W esta mañana, Gustavo Petro volvió a poner a Santos contra las cuerdas al afirmar que la decisión última sobre su destitución es del Presidente Juan Manuel Santos y de nadie más. Aunque jurídicamente el argumento del Alcalde tiene poco peso, sí le genera al Presidente varios dilemas políticos.
"Si el proceso de decisión interno del Gobierno Nacional es ayudar a dar un golpe de Estado al alcalde, sabiendo que el alcalde va a ganar mucho tiempo después cuando se venza el periodo del mandato, entonces que digan la verdad, que digan que pueden hacer la consulta, esperar el resultado, pero yo quiero porque se me da la gana ayudarle al procurador a tumbar el alcalde", manifestó Petro en la entrevista.
El argumento que vienen esgrimiendo los petristas es doble. Por un lado, dicen que el artículo 323 de la Constitución que dice que “en los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente suspenderá o destituirá al alcalde mayor (de Bogotá)” significa que es él y no el Procurador el que puede destituir alcaldes. Por el otro, dicen que dado que la Convención Interamericana dice que a los funcionarios elegidos popularmente solo los puede destituir una autoridad judicial, entonces el Presidente podría no firmar la destitución.
El problema que tiene el primer argumento es que la Corte Constitucional ya se pronunció explícitamente frente a ese punto en 1995 en un sentido contrario al que le conviene a Petro.
En la sentencia C229 de 1995, del magistrado Alejandro Martínez (y cuyo magistrado auxiliar era Rodrigo Uprimny), la Corte dijo que es inconstitucional que el Procurador tenga que pedir permiso al Presidente para destituir a funcionarios elegidos popularmente.
Para alegar esto, la Corte Constitucional dijo que si la destitución de un Alcalde dependiera del Presidente violaría los principios de la descentralización. Y la razón de esto es que los alcaldes solo son subordinados del Presidente de la República en asuntos muy puntuales, como por ejemplo, el orden público. En todo lo demás, son autónomos.
La Corte fue explícita en que el Presidente no tiene margen de apreciación para la destitución de un alcalde, y lo puede hacer solo en los casos explícitamente definidos por la ley. Y uno de ellos, es que el Procurador haya sancionado a un alcalde con la destitución.
Históricamente, todos los procuradores han destituido alcaldes y gobernadores (no de la forma masiva y arbitraria de Ordóñez) y hasta el momento nadie ha alegado que el Presidente podía evitarlo. Frente a esto, los defensores de Petro alegan que no se trataba del Alcalde de Bogotá que tendría un régimen especial. Sin embargo, fue un argumento que nadie esgrimió cuando suspendió a Samuel Moreno, el ex alcalde de Bogotá.
Frente al segundo argumento, del ordenamiento internacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha dicho –como afirma Petro- que la destitución solo opera por la vía judicial (y no disciplinaria). Lo que ha dicho –según dos expertos consultados por La Silla- es que se les tienen que respetar las garantías judiciales. Por eso fue que la destitución de Piedad se mantuvo en la Corte Constitucional.
El argumento de los petristas llevaría a que las decisiones de los órganos internos se suspendan hasta que falle una corte internacional, sin haber agotado previamente las instancias nacionales, con las implicaciones que esto tendría para la soberanía nacional.
En este contexto, los argumentos jurídicos para que el Presidente tome una decisión y se abstenga de ejecutar la sanción del Procurador no parecen tener mucho peso, pero como suele suceder en Colombia, los debates políticos se terminan formulando jurídicamente.
En lo político
En Casa de Nariño no hay ninguna duda sobre el argumento jurídico y, como dijo el Ministro de Justicia, Santos siente que no tiene ninguna alternativa diferente a hacer efectiva la sanción del Procurador.
Sin embargo, cómo hacerlo ha sido motivo de múltiples reuniones con sus asesores porque enfrenta varios dilemas políticos.
Por un lado, la decisión de Procurador fue tan desproporcionada y generó una reacción tan fuerte en contra de Ordóñez, que en Palacio sienten que no pueden dejar pasar la oportunidad de recortar las facultades del Procurador.
Alejandro Ordóñez es hoy una de las principales amenazas contra el proceso de paz y como dijo un asesor de Santos, “Al Presidente se le apareció la Virgen”, con el fallo desproporcionado contra Petro. “Él no va a perder la oportunidad de cabalgar sobre esa ola de indignación y va a entrar a resolver esa desproporción de poder del Procurador”. La forma de hacerlo sería a través de la “gran reforma política” anunciada por el ministro del Interior Aurelio Iragorri.
El dilema aquí son los azules. El Partido Conservador -que es el mismo del Procurador- le ha hecho saber al Presidente que ellos respaldan a Ordóñez y que no esperan menos de Santos. De hecho, después de una reunión con el Procurador la semana pasada se reunió la bancada en el despacho del vicepresidente del Senado y acordaron pedir una cita institucional al Presidente para hablar sobre esto.
La cita no se ha concretado, pero después de que acordaron pedirla, salió el Ministro del Interior y rectificó lo que había dicho Gómez Méndez sobre recortar las facultades del Procurador y el mismo Gómez Méndez también recogió sus palabras. Los conservadores, según le dijo uno de los senadores azules a La Silla, quedaron “satisfechos”.
Pero después de que Santos había alineado mucho a los azules a punta de entregarles el manejo de las entidades del agro que quedaron acéfalas como contó en su momento La Silla, este incidente del Procurador y Petro constituye una amenaza latente para el Presidente en vísperas de elecciones legislativas cuando la base azul está claramente con Uribe.
Pero, por otro lado, el Presidente necesita a la izquierda para ganar en primera vuelta o por lo menos, para no perder en la segunda. Y cómo enfrente la destitución de Petro tendrá un peso importante en esa decisión.
Como dijo Héctor Riveros en una columna, con el uribismo ganando fuerza en las legislativas, con Enrique Peñalosa como eventual contendor, Santos va a necesitar hacer una coalición con la izquierda. Tendría con qué puesto que para la izquierda salvar el proceso de paz es una prioridad. Pero como Peñalosa -que es el más seguro candidato de la Alianza Verde- también apoya el proceso de paz, la izquierda tendría entre quiénes escoger. Máxime cuando la Alianza Verde es hoy en día un partido más de izquierda que de centro.
Hoy por hoy, su propio partido desprecia a Peñalosa y el plan es evitar en la medida de lo posible que él sea su candidato presidencial. Pero como ya acordaron que harán una consulta interna y esa decisión no la pueden revocar una vez radicada en el Consejo Nacional Electoral, la única verdadera opción que tienen es conseguir otro candidato más fuerte que se le enfrente y le gane a Peñalosa. Si Ingrid Betancourt no le camina y no encuentran otro candidato, el ex alcalde de Bogotá tiene opciones de ganarle a Óscar Iván Zuluaga y pasar a segunda vuelta. Allí, la izquierda puede inclinar la balanza a favor o en contra de Santos, dado que los uribistas seguramente se irán con Peñalosa.
La opción por Bogotá
El otro frente que tiene concentrada la atención de los asesores del Presidente que están a cargo de Bogotá -en particular Lucho Garzón, que es uno de los que lleva la batuta en este tema- es la futura elección del sucesor de Petro.
La esperanza que tienen -según le dijo una fuente cercana a Santos a La Silla- es que la elección se dé en mayo, después de la primera vuelta y no antes. “El Presidente requiere a Bogotá si quiere ganar en primera vuelta”, dijo. “El que se quede con la Alcaldía se queda con la Presidencia”.
En las pasadas elecciones, Bogotá le puso a Santos el 16 por ciento de los votos -1,1 millones- a la Presidencia.
Por eso, las eventuales elecciones atípicas de la ciudad han puesto a temblar todo el tablero electoral. Otro asesor de Santos dijo que el Presidente “ve con muy buenos ojos” a Peñalosa.
Según él, si Bogotá está bien al Presidente le va bien pues en Casa de Nariño siempre han estado convencidos de que el pesimismo que existe en Bogotá es el que arrastra hacia la baja al Presidente (una tesis que no se sustenta en las cifras pues en sitios con mayor optimismo como Cali le va igual de mal en las encuestas).
Pero otra razón puede ser que si convencen a Peñalosa que compita por la ciudad se quitarían de encima a un rival que podría tener alguna oportunidad.
Lo mismo si Carlos Fernando Galán se lanza. Sin él jalonando las listas de Cambio Radical al Senado, es posible que el partido de Germán Vargas Lleras se quede sin personería, lo que terminaría de quitarle al ex ministro de Vivienda la tentación de lanzarse a la Presidencia. Pero Galán ya se bajó de esa aspiración.
Así las cosas, el tema de la destitución de Petro es uno de los temas que más ronda hoy la Casa de Nariño. Pero no precisamente por las teorías jurídicas que Petro les ha lanzado.
Fuente: La silla vacía
¿Pero quién gana y quién pierde en estos juegos de poder? Porque la virgen se le apareció a más de uno, hay que ver si lo saben aprovechar.
Petro se encomienda a Santos para que lo salve, pero...
Por: Juanita León, Lun, 2013-12-16 17:12
En entrevista con La W esta mañana, Gustavo Petro volvió a poner a Santos contra las cuerdas al afirmar que la decisión última sobre su destitución es del Presidente Juan Manuel Santos y de nadie más. Aunque jurídicamente el argumento del Alcalde tiene poco peso, sí le genera al Presidente varios dilemas políticos.
"Si el proceso de decisión interno del Gobierno Nacional es ayudar a dar un golpe de Estado al alcalde, sabiendo que el alcalde va a ganar mucho tiempo después cuando se venza el periodo del mandato, entonces que digan la verdad, que digan que pueden hacer la consulta, esperar el resultado, pero yo quiero porque se me da la gana ayudarle al procurador a tumbar el alcalde", manifestó Petro en la entrevista.
El argumento que vienen esgrimiendo los petristas es doble. Por un lado, dicen que el artículo 323 de la Constitución que dice que “en los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente suspenderá o destituirá al alcalde mayor (de Bogotá)” significa que es él y no el Procurador el que puede destituir alcaldes. Por el otro, dicen que dado que la Convención Interamericana dice que a los funcionarios elegidos popularmente solo los puede destituir una autoridad judicial, entonces el Presidente podría no firmar la destitución.
El problema que tiene el primer argumento es que la Corte Constitucional ya se pronunció explícitamente frente a ese punto en 1995 en un sentido contrario al que le conviene a Petro.
En la sentencia C229 de 1995, del magistrado Alejandro Martínez (y cuyo magistrado auxiliar era Rodrigo Uprimny), la Corte dijo que es inconstitucional que el Procurador tenga que pedir permiso al Presidente para destituir a funcionarios elegidos popularmente.
Para alegar esto, la Corte Constitucional dijo que si la destitución de un Alcalde dependiera del Presidente violaría los principios de la descentralización. Y la razón de esto es que los alcaldes solo son subordinados del Presidente de la República en asuntos muy puntuales, como por ejemplo, el orden público. En todo lo demás, son autónomos.
La Corte fue explícita en que el Presidente no tiene margen de apreciación para la destitución de un alcalde, y lo puede hacer solo en los casos explícitamente definidos por la ley. Y uno de ellos, es que el Procurador haya sancionado a un alcalde con la destitución.
Históricamente, todos los procuradores han destituido alcaldes y gobernadores (no de la forma masiva y arbitraria de Ordóñez) y hasta el momento nadie ha alegado que el Presidente podía evitarlo. Frente a esto, los defensores de Petro alegan que no se trataba del Alcalde de Bogotá que tendría un régimen especial. Sin embargo, fue un argumento que nadie esgrimió cuando suspendió a Samuel Moreno, el ex alcalde de Bogotá.
Frente al segundo argumento, del ordenamiento internacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha dicho –como afirma Petro- que la destitución solo opera por la vía judicial (y no disciplinaria). Lo que ha dicho –según dos expertos consultados por La Silla- es que se les tienen que respetar las garantías judiciales. Por eso fue que la destitución de Piedad se mantuvo en la Corte Constitucional.
El argumento de los petristas llevaría a que las decisiones de los órganos internos se suspendan hasta que falle una corte internacional, sin haber agotado previamente las instancias nacionales, con las implicaciones que esto tendría para la soberanía nacional.
En este contexto, los argumentos jurídicos para que el Presidente tome una decisión y se abstenga de ejecutar la sanción del Procurador no parecen tener mucho peso, pero como suele suceder en Colombia, los debates políticos se terminan formulando jurídicamente.
En lo político
En Casa de Nariño no hay ninguna duda sobre el argumento jurídico y, como dijo el Ministro de Justicia, Santos siente que no tiene ninguna alternativa diferente a hacer efectiva la sanción del Procurador.
Sin embargo, cómo hacerlo ha sido motivo de múltiples reuniones con sus asesores porque enfrenta varios dilemas políticos.
Por un lado, la decisión de Procurador fue tan desproporcionada y generó una reacción tan fuerte en contra de Ordóñez, que en Palacio sienten que no pueden dejar pasar la oportunidad de recortar las facultades del Procurador.
Alejandro Ordóñez es hoy una de las principales amenazas contra el proceso de paz y como dijo un asesor de Santos, “Al Presidente se le apareció la Virgen”, con el fallo desproporcionado contra Petro. “Él no va a perder la oportunidad de cabalgar sobre esa ola de indignación y va a entrar a resolver esa desproporción de poder del Procurador”. La forma de hacerlo sería a través de la “gran reforma política” anunciada por el ministro del Interior Aurelio Iragorri.
El dilema aquí son los azules. El Partido Conservador -que es el mismo del Procurador- le ha hecho saber al Presidente que ellos respaldan a Ordóñez y que no esperan menos de Santos. De hecho, después de una reunión con el Procurador la semana pasada se reunió la bancada en el despacho del vicepresidente del Senado y acordaron pedir una cita institucional al Presidente para hablar sobre esto.
La cita no se ha concretado, pero después de que acordaron pedirla, salió el Ministro del Interior y rectificó lo que había dicho Gómez Méndez sobre recortar las facultades del Procurador y el mismo Gómez Méndez también recogió sus palabras. Los conservadores, según le dijo uno de los senadores azules a La Silla, quedaron “satisfechos”.
Pero después de que Santos había alineado mucho a los azules a punta de entregarles el manejo de las entidades del agro que quedaron acéfalas como contó en su momento La Silla, este incidente del Procurador y Petro constituye una amenaza latente para el Presidente en vísperas de elecciones legislativas cuando la base azul está claramente con Uribe.
Pero, por otro lado, el Presidente necesita a la izquierda para ganar en primera vuelta o por lo menos, para no perder en la segunda. Y cómo enfrente la destitución de Petro tendrá un peso importante en esa decisión.
Como dijo Héctor Riveros en una columna, con el uribismo ganando fuerza en las legislativas, con Enrique Peñalosa como eventual contendor, Santos va a necesitar hacer una coalición con la izquierda. Tendría con qué puesto que para la izquierda salvar el proceso de paz es una prioridad. Pero como Peñalosa -que es el más seguro candidato de la Alianza Verde- también apoya el proceso de paz, la izquierda tendría entre quiénes escoger. Máxime cuando la Alianza Verde es hoy en día un partido más de izquierda que de centro.
Hoy por hoy, su propio partido desprecia a Peñalosa y el plan es evitar en la medida de lo posible que él sea su candidato presidencial. Pero como ya acordaron que harán una consulta interna y esa decisión no la pueden revocar una vez radicada en el Consejo Nacional Electoral, la única verdadera opción que tienen es conseguir otro candidato más fuerte que se le enfrente y le gane a Peñalosa. Si Ingrid Betancourt no le camina y no encuentran otro candidato, el ex alcalde de Bogotá tiene opciones de ganarle a Óscar Iván Zuluaga y pasar a segunda vuelta. Allí, la izquierda puede inclinar la balanza a favor o en contra de Santos, dado que los uribistas seguramente se irán con Peñalosa.
La opción por Bogotá
El otro frente que tiene concentrada la atención de los asesores del Presidente que están a cargo de Bogotá -en particular Lucho Garzón, que es uno de los que lleva la batuta en este tema- es la futura elección del sucesor de Petro.
La esperanza que tienen -según le dijo una fuente cercana a Santos a La Silla- es que la elección se dé en mayo, después de la primera vuelta y no antes. “El Presidente requiere a Bogotá si quiere ganar en primera vuelta”, dijo. “El que se quede con la Alcaldía se queda con la Presidencia”.
En las pasadas elecciones, Bogotá le puso a Santos el 16 por ciento de los votos -1,1 millones- a la Presidencia.
Por eso, las eventuales elecciones atípicas de la ciudad han puesto a temblar todo el tablero electoral. Otro asesor de Santos dijo que el Presidente “ve con muy buenos ojos” a Peñalosa.
Según él, si Bogotá está bien al Presidente le va bien pues en Casa de Nariño siempre han estado convencidos de que el pesimismo que existe en Bogotá es el que arrastra hacia la baja al Presidente (una tesis que no se sustenta en las cifras pues en sitios con mayor optimismo como Cali le va igual de mal en las encuestas).
Pero otra razón puede ser que si convencen a Peñalosa que compita por la ciudad se quitarían de encima a un rival que podría tener alguna oportunidad.
Lo mismo si Carlos Fernando Galán se lanza. Sin él jalonando las listas de Cambio Radical al Senado, es posible que el partido de Germán Vargas Lleras se quede sin personería, lo que terminaría de quitarle al ex ministro de Vivienda la tentación de lanzarse a la Presidencia. Pero Galán ya se bajó de esa aspiración.
Así las cosas, el tema de la destitución de Petro es uno de los temas que más ronda hoy la Casa de Nariño. Pero no precisamente por las teorías jurídicas que Petro les ha lanzado.
Fuente: La silla vacía
PEDROELGRANDE
17-12-2013, 23:36:59
Ya se lo dijo Santos a Petro. No va a tomar partido por ninguno de los dos. Se reunió con cada uno por separado, los escuchó y después de oír argumentos, quejas y sugerencias, opta por lo que tiene que hacer, cumplir la ley, cumpliendo formalmente con la decisión del Procurador que sancionó a Petro con su destitución.
¿Pero quién gana y quién pierde en estos juegos de poder? Porque la virgen se le apareció a más de uno, hay que ver si lo saben aprovechar.
Fuente: La silla vacía
Jeje que lindo parangón Don Juan Manuel Pilatos. Que Cumpla la Ley y mande a crucificar al cordero que le entregó en bandeja el Fariseo. Con razón Colombia tiene fama de leguleya.
¿Pero quién gana y quién pierde en estos juegos de poder? Porque la virgen se le apareció a más de uno, hay que ver si lo saben aprovechar.
Por acá podría estar la respuesta para el insensible y calculador Riveros. Quien aplica eso de que la política es simple asunto de calculistas. O sea, en este caso la Ley hay que cumplirla...si se aplica a los de ruana... :
http://www.denunciando.com/politica-y-sociedad-85/871778-dos-estatutos-epistemologicos-de-poder-procurador-contra-alcalde.html
¿Pero quién gana y quién pierde en estos juegos de poder? Porque la virgen se le apareció a más de uno, hay que ver si lo saben aprovechar.
Fuente: La silla vacía
Jeje que lindo parangón Don Juan Manuel Pilatos. Que Cumpla la Ley y mande a crucificar al cordero que le entregó en bandeja el Fariseo. Con razón Colombia tiene fama de leguleya.
¿Pero quién gana y quién pierde en estos juegos de poder? Porque la virgen se le apareció a más de uno, hay que ver si lo saben aprovechar.
Por acá podría estar la respuesta para el insensible y calculador Riveros. Quien aplica eso de que la política es simple asunto de calculistas. O sea, en este caso la Ley hay que cumplirla...si se aplica a los de ruana... :
http://www.denunciando.com/politica-y-sociedad-85/871778-dos-estatutos-epistemologicos-de-poder-procurador-contra-alcalde.html
Heráclito
18-12-2013, 14:40:25
Jeje que lindo parangón Don Juan Manuel Pilatos. Que Cumpla la Ley y mande a crucificar al cordero que le entregó en bandeja el Fariseo. Con razón Colombia tiene fama de leguleya.
¿Pero quién gana y quién pierde en estos juegos de poder? Porque la virgen se le apareció a más de uno, hay que ver si lo saben aprovechar.
Por acá podría estar la respuesta para el insensible y calculador Riveros. Quien aplica eso de que la política es simple asunto de calculistas. O sea, en este caso la Ley hay que cumplirla...si se aplica a los de ruana... :
http://www.denunciando.com/politica-y-sociedad-85/871778-dos-estatutos-epistemologicos-de-poder-procurador-contra-alcalde.html
El problema, Pedro, no es de Santos sino de la Constitución. El presidente no sanciona disciplinariamente porque no está dentro de sus funciones. Esta potestad disciplinaria se la entregó la Constitución al Procurador, pero como éste no pertenece a la Rama ejecutiva, no puede ejecutar administrativamente la sanción y por eso, en el caso de un alcalde sin régimen especial, debe oficiar al gobernador respectivo, y si es el alcalde de Bogotá, debe oficiar al presidente para que la ejecute. Santos no tiene la facultad de discutir el fondo del asunto, porque eso indicaría usurpación de funciones. Tan sólo debe ejecutar el mandato de la máxima autoridad disciplinaria. Eso es todo.
¿Pero quién gana y quién pierde en estos juegos de poder? Porque la virgen se le apareció a más de uno, hay que ver si lo saben aprovechar.
Por acá podría estar la respuesta para el insensible y calculador Riveros. Quien aplica eso de que la política es simple asunto de calculistas. O sea, en este caso la Ley hay que cumplirla...si se aplica a los de ruana... :
http://www.denunciando.com/politica-y-sociedad-85/871778-dos-estatutos-epistemologicos-de-poder-procurador-contra-alcalde.html
El problema, Pedro, no es de Santos sino de la Constitución. El presidente no sanciona disciplinariamente porque no está dentro de sus funciones. Esta potestad disciplinaria se la entregó la Constitución al Procurador, pero como éste no pertenece a la Rama ejecutiva, no puede ejecutar administrativamente la sanción y por eso, en el caso de un alcalde sin régimen especial, debe oficiar al gobernador respectivo, y si es el alcalde de Bogotá, debe oficiar al presidente para que la ejecute. Santos no tiene la facultad de discutir el fondo del asunto, porque eso indicaría usurpación de funciones. Tan sólo debe ejecutar el mandato de la máxima autoridad disciplinaria. Eso es todo.
Heráclito
18-12-2013, 19:17:30
Difícil que la CIDH dicte la medida cautelar pedida por Petro. La prudencia y el esperar a que se agoten las vías judiciales de cada país para intervenir ha sido su política. Pero todo puede cambiar. En unos días lo sabremos.
CIDH podría decidir sobre solicitud de Petro esta semana
Por: SERGIO GÓMEZ MASERI |
6:33 p.m. | 18 de Diciembre del 2013
El Alcalde solicitó ante ese organismo medidas cautelares sobre el fallo de la Procuraduría.
Incluso esta misma semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría tomar una decisión sobre si otorga o rechaza la solicitud de medidas cautelares que elevó el alcalde Gustavo Petro para frenar la decisión de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.
Eso dijo el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, que este miércoles se reunió con Petro en la sede de ese organismo en Washington. (Lea también: Destitución de Petro es un tema que hay que estudiar, dice la CorteIDH).
Según Álvarez, la Comisión, tras recibir nueva información de los abogados de Petro, iniciará sus consultas y procederá luego a una votación entre sus seis integrantes para determinar si se otorgan las medidas.
Álvarez aclaró que la CIDH podría decidir también solicitar más información a los peticionarios, lo cual postergaría la decisión final. Además anunció que Petro ya presentó una demanda formal ante la CIDH para que estudie la validez de la destitución, pero a través del sistema regular de casos.
Las medidas cautelares, de otorgarse, tienen efectos inmediatos, mientras que los casos presentados por el sistema regular pueden tardar entre 3 y siete años.
“Si el Procurador logra destituir y el Gobierno lo acepta no hay forma de reparar ese daño. Por eso la medida cautelar es imprescindible si queremos evitar ese daño. Esperamos tranquilos la decisión de la CIDH”, dijo Petro que llegó el miércoles a la capital estadounidense para exponer su situación ante diferentes autoridades de la ciudad.
Si buen Petro se mostró consciente de que no existen muchos antecedentes de medidas cautelares para proteger derechos políticos, dijo que su petición era viable porque el sistema lo permitía.
Petro también se refirió a la decisión de la Registraduría que le dio luz verde a un referendo revocatorio en su contra.
“Pedí que no se interponga ningún recurso, a los que tenemos derecho, para pelear esa decisión. Queremos que esto vaya a las urnas y que decida la ‘Bogotá Humana’”, afirmó Petro.
Según el Alcalde, “es mucho más importante que la gente vaya a las urnas y decida que las decisión de un funcionario administrativo (el Procurador) que nadie lo eligió y que con una firma, por que quiso, destituye el voto de más de 700 mil ciudadanos. Queremos ir a las urnas y ojalá no nos lo impidan”, sostuvo Petro.
Durante el día, Petro también se reunió con el representante a la Cámara por el partido Demócrata, James McGovern.
A la salida McGovern leyó una declaración en la que dice que la decisión del Procurador invita a una reflexión sobre si en Colombia se está dando la bienvenida al pluralismo político.
“Esto es un asunto interno de Colombia, pero naciones e individuos que son amigos de Colombia y que apoyan el proceso de paz están mirando con cuidado este debate para ver como tales acciones pueden afectar la inclusión de nuevas voces y sectores sociales en la viuda política y democrática de Colombia”, dijo el legislador.
Petro se entrevistará este jueves con un asesor del senador Patrick Leahy y con representantes de ONG y Centros de Pensamientos de la ciudad.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Fuente: El Tiempo
CIDH podría decidir sobre solicitud de Petro esta semana
Por: SERGIO GÓMEZ MASERI |
6:33 p.m. | 18 de Diciembre del 2013
El Alcalde solicitó ante ese organismo medidas cautelares sobre el fallo de la Procuraduría.
Incluso esta misma semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría tomar una decisión sobre si otorga o rechaza la solicitud de medidas cautelares que elevó el alcalde Gustavo Petro para frenar la decisión de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.
Eso dijo el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, que este miércoles se reunió con Petro en la sede de ese organismo en Washington. (Lea también: Destitución de Petro es un tema que hay que estudiar, dice la CorteIDH).
Según Álvarez, la Comisión, tras recibir nueva información de los abogados de Petro, iniciará sus consultas y procederá luego a una votación entre sus seis integrantes para determinar si se otorgan las medidas.
Álvarez aclaró que la CIDH podría decidir también solicitar más información a los peticionarios, lo cual postergaría la decisión final. Además anunció que Petro ya presentó una demanda formal ante la CIDH para que estudie la validez de la destitución, pero a través del sistema regular de casos.
Las medidas cautelares, de otorgarse, tienen efectos inmediatos, mientras que los casos presentados por el sistema regular pueden tardar entre 3 y siete años.
“Si el Procurador logra destituir y el Gobierno lo acepta no hay forma de reparar ese daño. Por eso la medida cautelar es imprescindible si queremos evitar ese daño. Esperamos tranquilos la decisión de la CIDH”, dijo Petro que llegó el miércoles a la capital estadounidense para exponer su situación ante diferentes autoridades de la ciudad.
Si buen Petro se mostró consciente de que no existen muchos antecedentes de medidas cautelares para proteger derechos políticos, dijo que su petición era viable porque el sistema lo permitía.
Petro también se refirió a la decisión de la Registraduría que le dio luz verde a un referendo revocatorio en su contra.
“Pedí que no se interponga ningún recurso, a los que tenemos derecho, para pelear esa decisión. Queremos que esto vaya a las urnas y que decida la ‘Bogotá Humana’”, afirmó Petro.
Según el Alcalde, “es mucho más importante que la gente vaya a las urnas y decida que las decisión de un funcionario administrativo (el Procurador) que nadie lo eligió y que con una firma, por que quiso, destituye el voto de más de 700 mil ciudadanos. Queremos ir a las urnas y ojalá no nos lo impidan”, sostuvo Petro.
Durante el día, Petro también se reunió con el representante a la Cámara por el partido Demócrata, James McGovern.
A la salida McGovern leyó una declaración en la que dice que la decisión del Procurador invita a una reflexión sobre si en Colombia se está dando la bienvenida al pluralismo político.
“Esto es un asunto interno de Colombia, pero naciones e individuos que son amigos de Colombia y que apoyan el proceso de paz están mirando con cuidado este debate para ver como tales acciones pueden afectar la inclusión de nuevas voces y sectores sociales en la viuda política y democrática de Colombia”, dijo el legislador.
Petro se entrevistará este jueves con un asesor del senador Patrick Leahy y con representantes de ONG y Centros de Pensamientos de la ciudad.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Fuente: El Tiempo
Heráclito
20-12-2013, 16:06:27
Aunque ya estamos en el anton pirulilulilu, y ya el Niño Dios recibió la carta de Petro prometiéndole ser buen alcalde, el tiempo sigue corriendo en su contra. Todo lo que debía hacerse lo hizo, y ahora sólo resta esperar.
No la tiene fácil en la Comisión Interamericana que no es amiga de medidas cautelares y prefiere ir siempre sobre seguro para evitar roces innecesarios con los gobiernos, salvo el procedimiento habitual de un proceso pero ante la Corte Interamericana.
Pero alguna vez tiene que ser la vencida y quizás esta vez la Comisión, ante una condena tan desproporcionada y que afecta a la capital de un país miembro, pueda otorgar lo pedido. Es difícil, pero como lo debió pensar Petro, la peor diligencia es la que no se hace.
Y quién sabe, hasta de pronto le suena la flauta.
Los caminos de Petro ante la CIDH
Por: SERGIO GÓMEZ MASERI CORRESPONSAL DE EL TIEMPO WASHINGTON |
4:57 p.m. | 19 de Diciembre del 2013
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/IMAGEN/IMAGEN-13302935-2.png
Petro viajó a Estados Unidos para interponer recursos para evitar su destitución.Foto: EFE
Los escenarios plantean más información del caso y agotamiento de recursos en Colombia.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, puso en marcha este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dos procedimientos que podrían definir su futuro político, independientemente de lo que ocurra en Colombia. El primero fue la solicitud de medidas cautelares, que se otorgan cuando hay un riesgo inminente de daño irreparable, especialmente en lo que se refiere a la vida e integridad física de una persona.
Petro había solicitado ese recurso el 28 de octubre, pero durante su reunión con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, presentó nueva información e insistió en que está a punto de cometerse un daño irreparable contra él y los votantes de Bogotá que lo eligieron.
Álvarez advirtió que la solicitud ya se encuentra bajo revisión de la Comisión y que muy pronto, quizá esta misma semana, podría llegar una decisión, que será tomada por los seis comisionados (son siete pero en este caso no participa uno, por ser colombiano) y se hará vía electrónica dado que la CIDH no está en sesiones y sus miembros se encuentran en sus respectivos países.
Los escenarios posibles
1. La CIDH podría negar la petición del Alcalde. Si lo hace, ese sería el fin de este recurso. El Alcalde podría presentar una nueva solicitud si posee nueva evidencia o cambian las circunstancias. La negación no sería de conocimiento público y solo se le trasmitiría al peticionario, quien decide si la revela.
2. La Comisión podría solicitar más información si considera que le faltan elementos para decidir. Las medidas cautelares suelen tramitarse en poco tiempo, ya que ese es su espíritu, pero su estudio puede extenderse si se trata de un caso complejo.
3. La CIDH puede otorgar las medidas cautelares y pedir al Estado que suspenda la destitución. Si lo hace, y dependiendo de los argumentos, estaría generando un precedente de gran impacto en el hemisferio. Hasta la fecha hay pocos antecedentes de medidas cautelares otorgadas para proteger derechos políticos, como los que invoca Petro.
El único referente cercano es el caso del excanciller mexicano Jorge Castañeda en el 2005, que acudió a la CIDH pues las autoridades electorales de su país se negaban a inscribirlo como candidato a las elecciones presidenciales, ya que lo hacía a título independiente y no como parte de un partido. La CIDH otorgó las medidas, pero en vista de que el Estado no las implementó, decidió acudir a la Corte Interamericana (Corte IDH), para que resolviera el asunto.
La Corte, cuyas sentencias son aceptadas como de obligatorio cumplimiento en toda la región, las negó argumentando que las medidas provisionales (así se llaman en la Corte IDH) no se aplican a los derechos políticos y que le era imposible resolver el tema sin entrar a ver del fondo del caso, algo que solo podría hacer a través del procedimiento regular de casos del Sistema Interamericano, que requiere muchas otras etapas y suele tardarse entre cuatro y siete años.
El proceso regular
Petro acudió al procedimiento regular (sistema de casos), que para el trámite exige que el peticionario haya agotado todos los recursos internos en su país. La CIDH tendrá que estudiar si se agotaron. Esto se llama etapa de ‘estudio inicial’ y culmina con la decisión de tramitar o no una petición.
Si decide que el caso no es tramitable pues aún no se han agotado los recursos internos y no es aplicable una excepción, el Alcalde tendría que esperar a que se agoten todos los trámites: que el Procurador lo destituya en segunda instancia y posiblemente una acción ante el Consejo de Estado.
Si decide que sí es tramitable, la CIDH notifica al Estado y se inicia la ‘etapa de admisibilidad’, en la que se consideran los argumentos del Estado. Esta etapa culmina con la publicación de un informe de admisibilidad o inadmisibilidad. Si lo aprueba, se iniciaría el estudio de fondo del caso. Esta etapa incluye la presentación y estudio de los argumentos de ambas partes.
No hay antecedentes
Medidas cautelares no han tenido éxito
Este año se presentaron a la CIDH unas 90 solicitudes de medidas cautelares por vulneración de derechos políticos y ninguna fue concedida. Petro alega que el derecho evoluciona y que el hecho de que no existan antecedentes no quiere decir que no pueda cambiar ahora. Si sucede, lo más probable es que miles de personas que han sido destituidas, o estén en vías de serlo, acudirían en masa a la CIDH para solicitar que se les proteja también. En cambio, en el procedimiento regular, Petro tiene posibilidad de salir victorioso.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
Fuente: El Tiempo
No la tiene fácil en la Comisión Interamericana que no es amiga de medidas cautelares y prefiere ir siempre sobre seguro para evitar roces innecesarios con los gobiernos, salvo el procedimiento habitual de un proceso pero ante la Corte Interamericana.
Pero alguna vez tiene que ser la vencida y quizás esta vez la Comisión, ante una condena tan desproporcionada y que afecta a la capital de un país miembro, pueda otorgar lo pedido. Es difícil, pero como lo debió pensar Petro, la peor diligencia es la que no se hace.
Y quién sabe, hasta de pronto le suena la flauta.
Los caminos de Petro ante la CIDH
Por: SERGIO GÓMEZ MASERI CORRESPONSAL DE EL TIEMPO WASHINGTON |
4:57 p.m. | 19 de Diciembre del 2013
http://www.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/IMAGEN/IMAGEN-13302935-2.png
Petro viajó a Estados Unidos para interponer recursos para evitar su destitución.Foto: EFE
Los escenarios plantean más información del caso y agotamiento de recursos en Colombia.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, puso en marcha este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dos procedimientos que podrían definir su futuro político, independientemente de lo que ocurra en Colombia. El primero fue la solicitud de medidas cautelares, que se otorgan cuando hay un riesgo inminente de daño irreparable, especialmente en lo que se refiere a la vida e integridad física de una persona.
Petro había solicitado ese recurso el 28 de octubre, pero durante su reunión con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, presentó nueva información e insistió en que está a punto de cometerse un daño irreparable contra él y los votantes de Bogotá que lo eligieron.
Álvarez advirtió que la solicitud ya se encuentra bajo revisión de la Comisión y que muy pronto, quizá esta misma semana, podría llegar una decisión, que será tomada por los seis comisionados (son siete pero en este caso no participa uno, por ser colombiano) y se hará vía electrónica dado que la CIDH no está en sesiones y sus miembros se encuentran en sus respectivos países.
Los escenarios posibles
1. La CIDH podría negar la petición del Alcalde. Si lo hace, ese sería el fin de este recurso. El Alcalde podría presentar una nueva solicitud si posee nueva evidencia o cambian las circunstancias. La negación no sería de conocimiento público y solo se le trasmitiría al peticionario, quien decide si la revela.
2. La Comisión podría solicitar más información si considera que le faltan elementos para decidir. Las medidas cautelares suelen tramitarse en poco tiempo, ya que ese es su espíritu, pero su estudio puede extenderse si se trata de un caso complejo.
3. La CIDH puede otorgar las medidas cautelares y pedir al Estado que suspenda la destitución. Si lo hace, y dependiendo de los argumentos, estaría generando un precedente de gran impacto en el hemisferio. Hasta la fecha hay pocos antecedentes de medidas cautelares otorgadas para proteger derechos políticos, como los que invoca Petro.
El único referente cercano es el caso del excanciller mexicano Jorge Castañeda en el 2005, que acudió a la CIDH pues las autoridades electorales de su país se negaban a inscribirlo como candidato a las elecciones presidenciales, ya que lo hacía a título independiente y no como parte de un partido. La CIDH otorgó las medidas, pero en vista de que el Estado no las implementó, decidió acudir a la Corte Interamericana (Corte IDH), para que resolviera el asunto.
La Corte, cuyas sentencias son aceptadas como de obligatorio cumplimiento en toda la región, las negó argumentando que las medidas provisionales (así se llaman en la Corte IDH) no se aplican a los derechos políticos y que le era imposible resolver el tema sin entrar a ver del fondo del caso, algo que solo podría hacer a través del procedimiento regular de casos del Sistema Interamericano, que requiere muchas otras etapas y suele tardarse entre cuatro y siete años.
El proceso regular
Petro acudió al procedimiento regular (sistema de casos), que para el trámite exige que el peticionario haya agotado todos los recursos internos en su país. La CIDH tendrá que estudiar si se agotaron. Esto se llama etapa de ‘estudio inicial’ y culmina con la decisión de tramitar o no una petición.
Si decide que el caso no es tramitable pues aún no se han agotado los recursos internos y no es aplicable una excepción, el Alcalde tendría que esperar a que se agoten todos los trámites: que el Procurador lo destituya en segunda instancia y posiblemente una acción ante el Consejo de Estado.
Si decide que sí es tramitable, la CIDH notifica al Estado y se inicia la ‘etapa de admisibilidad’, en la que se consideran los argumentos del Estado. Esta etapa culmina con la publicación de un informe de admisibilidad o inadmisibilidad. Si lo aprueba, se iniciaría el estudio de fondo del caso. Esta etapa incluye la presentación y estudio de los argumentos de ambas partes.
No hay antecedentes
Medidas cautelares no han tenido éxito
Este año se presentaron a la CIDH unas 90 solicitudes de medidas cautelares por vulneración de derechos políticos y ninguna fue concedida. Petro alega que el derecho evoluciona y que el hecho de que no existan antecedentes no quiere decir que no pueda cambiar ahora. Si sucede, lo más probable es que miles de personas que han sido destituidas, o estén en vías de serlo, acudirían en masa a la CIDH para solicitar que se les proteja también. En cambio, en el procedimiento regular, Petro tiene posibilidad de salir victorioso.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
Fuente: El Tiempo
HOMER.
20-12-2013, 16:13:18
bueno pues nada pierda con intentarlo
Heráclito
20-12-2013, 16:18:09
Como en un buen guión, la liebre salta por donde menos se le espera, y la solución al conflicto es la menos esperada. ¿Terminará Montealegre impidiendo el exabrupto de Ordóñez? La pelea entre el siglo XIX y el XXI está dada, e incluso ya Ordóñez pasó a la ofensiva al denunciar al fiscal ante la Comisión de acusaciones a través de interpuesta persona (Jesús Suárez de la fundación Marido y Mujer).
Ni Santos, ni la Comisión Interamericana, ni una tutela, sino Montealegre. Sorprende este caso por sus muchas variantes.
Si hubo ilegalidad, Fiscalía podría suspender decisión del Procurador contra Petro
Según Eduardo Montealegre, su entidad tiene la competencia de suspender los efectos de actos administrativos cuando esta determine que fueron fallados de forma contraria a la ley.
Por: Elespectador.com
http://st.elespectador.co/files/imagecache/480width/imagenprincipal/01b04120fe97f8cfcc49e2211fa1165c.jpg
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, sin afirmar que vaya a suceder, dijo en Blu Radio que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia T-489 confirmó la competencia de su entidad para suspender los efectos de actos administrativos cuando esta determine que fueron fallados de forma contraria a la ley.
En el caso reciente del alcalde Gustavo Petro, “lo primero es determinar si existe o no una conducta contraria a la ley por parte del procurador delegado que tomó la decisión”. Si hipotéticamente así fuera, si se probara una extralimitación, “la Fiscalía podría hacer uso de esa facultad”, la de “decretar la suspensión de los efectos de la destitución del alcalde Petro”.
Igualmente anunció que llamará a declarar al exvicepresidente de la República, Francisco Santos y el exdirigente del M-19, Otty Patiño en la investigación que se adelanta por el presunto “complot” por el esquema de basuras.
“El alcalde y sus asesores han denunciado un complot por parte de operadores de aseo, han sido nombrados de operadores de aseo. Por eso van a llamarse a declarar a Emilio Tapia para determinar si existió el complot de que habló Petro”, precisó.
El pasado 9 de diciembre, el jefe del Ministerio Público anunció su decisión de destituir e inhabilitar por 15 años para el ejercicio de cargos públicos al alcalde Gustavo Petro, por las irregularidades que se presentaron a la hora de definir el nuevo esquema de aseo en la capital de la República.
Fuente: El Espectador
Ni Santos, ni la Comisión Interamericana, ni una tutela, sino Montealegre. Sorprende este caso por sus muchas variantes.
Si hubo ilegalidad, Fiscalía podría suspender decisión del Procurador contra Petro
Según Eduardo Montealegre, su entidad tiene la competencia de suspender los efectos de actos administrativos cuando esta determine que fueron fallados de forma contraria a la ley.
Por: Elespectador.com
http://st.elespectador.co/files/imagecache/480width/imagenprincipal/01b04120fe97f8cfcc49e2211fa1165c.jpg
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, sin afirmar que vaya a suceder, dijo en Blu Radio que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia T-489 confirmó la competencia de su entidad para suspender los efectos de actos administrativos cuando esta determine que fueron fallados de forma contraria a la ley.
En el caso reciente del alcalde Gustavo Petro, “lo primero es determinar si existe o no una conducta contraria a la ley por parte del procurador delegado que tomó la decisión”. Si hipotéticamente así fuera, si se probara una extralimitación, “la Fiscalía podría hacer uso de esa facultad”, la de “decretar la suspensión de los efectos de la destitución del alcalde Petro”.
Igualmente anunció que llamará a declarar al exvicepresidente de la República, Francisco Santos y el exdirigente del M-19, Otty Patiño en la investigación que se adelanta por el presunto “complot” por el esquema de basuras.
“El alcalde y sus asesores han denunciado un complot por parte de operadores de aseo, han sido nombrados de operadores de aseo. Por eso van a llamarse a declarar a Emilio Tapia para determinar si existió el complot de que habló Petro”, precisó.
El pasado 9 de diciembre, el jefe del Ministerio Público anunció su decisión de destituir e inhabilitar por 15 años para el ejercicio de cargos públicos al alcalde Gustavo Petro, por las irregularidades que se presentaron a la hora de definir el nuevo esquema de aseo en la capital de la República.
Fuente: El Espectador
HOMER.
20-12-2013, 16:23:50
lo que yo me pregunto es, ¿si tiene el fiscal montealegre suficiente material como para tomar una desicion favorable a petro???
Heráclito
20-12-2013, 17:05:52
lo que yo me pregunto es, ¿si tiene el fiscal montealegre suficiente material como para tomar una desicion favorable a petro???
Tiene suficiente material para decidir en derecho, que es lo que a todos nos interesa. Y el fiscal Montealegre lo hará, sin la menor duda.
Tiene suficiente material para decidir en derecho, que es lo que a todos nos interesa. Y el fiscal Montealegre lo hará, sin la menor duda.
HOMER.
20-12-2013, 17:13:35
Tiene suficiente material para decidir en derecho, que es lo que a todos nos interesa. Y el fiscal Montealegre lo hará, sin la menor duda.
y esa muy posible desicion en derecho ¿a quien apunta a darle la razón, al procurador o a petro? mejor dicho en el terreno del fiscal quien podría tener ventaja.
y otra duda, el fallo del fiscal podria ser que se levanten los 15 años de inhabilidad pero que se mantenga la destitucion o ¿el fallo desde la fiscalia debería ser todo o nada???
y esa muy posible desicion en derecho ¿a quien apunta a darle la razón, al procurador o a petro? mejor dicho en el terreno del fiscal quien podría tener ventaja.
y otra duda, el fallo del fiscal podria ser que se levanten los 15 años de inhabilidad pero que se mantenga la destitucion o ¿el fallo desde la fiscalia debería ser todo o nada???
Heráclito
20-12-2013, 18:03:27
y esa muy posible desicion en derecho ¿a quien apunta a darle la razón, al procurador o a petro? mejor dicho en el terreno del fiscal quien podría tener ventaja.
y otra duda, el fallo del fiscal podria ser que se levanten los 15 años de inhabilidad pero que se mantenga la destitucion o ¿el fallo desde la fiscalia debería ser todo o nada???
La decisión en derecho apunta a darle la razón a la verdad de acuerdo con las pruebas recaudadas. Ya no hay opiniones sino pruebas. Si de las pruebas se extrae que Ordóñez fue justo, no pasará nada. Pero si se demuestra lo contrario, el fallo se cae con todas sus implicaciones y el Procurador podría ser acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema que es su juez penal.
y otra duda, el fallo del fiscal podria ser que se levanten los 15 años de inhabilidad pero que se mantenga la destitucion o ¿el fallo desde la fiscalia debería ser todo o nada???
La decisión en derecho apunta a darle la razón a la verdad de acuerdo con las pruebas recaudadas. Ya no hay opiniones sino pruebas. Si de las pruebas se extrae que Ordóñez fue justo, no pasará nada. Pero si se demuestra lo contrario, el fallo se cae con todas sus implicaciones y el Procurador podría ser acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema que es su juez penal.
Heráclito
20-12-2013, 18:08:40
Para alquilar balcón el pulso entre el procurador y Gustavo Petro. El tiempo es corto, pero si Petro consigue que el referendo revocatorio sea primero y le favorece, la CIDH tendría suficientes razones para dictar una medida cautelar y dejar en suspenso el fallo de Ordóñez, claro, si antes la fiscalía no ha hecho lo suyo y detiene por su lado el desproporcionado fallo.
Pase lo que pase, a Petro se le apareció la Virgen, al menos para darle esperanzas.
Cambio de estrategia: Petro se la juega por el referendo
Por: 2Orillas | diciembre 20, 2013
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está en una carrera contra el tiempo para ganarle la mano al procurador Alejandro Ordóñez. Con la recusación interpuesta contra el jefe del ministerio publico, ganaría al menos tres meses y tendría tiempo para ir al referendo de revocatoria antes de que su destitución quede en firme. Impulsado por las encuestas donde ha venido ganado terreno (Tiene 42% de favorabilidad, por encima de Santos que tiene 39%), Petro está interesado ahora más que nunca en medirse en las urnas. Espera que sean los electores quienes lo ratifiquen en el cargo y de darse este escenario, pondría contra las cuerdas al procurador ya que no tendría presentación que una decisión administrativa se imponga sobre la voluntad popular. Un triunfo de Petro en las urnas fortalecería enormemente su estrategia internacional de cara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la que busca no perder sus derechos políticos.
Fuente: Las 2 orillas
Pase lo que pase, a Petro se le apareció la Virgen, al menos para darle esperanzas.
Cambio de estrategia: Petro se la juega por el referendo
Por: 2Orillas | diciembre 20, 2013
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está en una carrera contra el tiempo para ganarle la mano al procurador Alejandro Ordóñez. Con la recusación interpuesta contra el jefe del ministerio publico, ganaría al menos tres meses y tendría tiempo para ir al referendo de revocatoria antes de que su destitución quede en firme. Impulsado por las encuestas donde ha venido ganado terreno (Tiene 42% de favorabilidad, por encima de Santos que tiene 39%), Petro está interesado ahora más que nunca en medirse en las urnas. Espera que sean los electores quienes lo ratifiquen en el cargo y de darse este escenario, pondría contra las cuerdas al procurador ya que no tendría presentación que una decisión administrativa se imponga sobre la voluntad popular. Un triunfo de Petro en las urnas fortalecería enormemente su estrategia internacional de cara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la que busca no perder sus derechos políticos.
Fuente: Las 2 orillas
HOMER.
20-12-2013, 20:13:03
me asalta otra duda, ¿esas medidas cautelares que alcances tienen? ¿que tanta ''protección'' le brindarían a petro? en otras palabras ¿para que servirían específicamente??
Heráclito
21-12-2013, 10:30:39
me asalta otra duda, ¿esas medidas cautelares que alcances tienen? ¿que tanta ''protección'' le brindarían a petro? en otras palabras ¿para que servirían específicamente??
Se suspende el proceso hasta que haya un fallo definitivo. Si se tiene en cuenta que los fallos de la CIDH demoran varios años, en la práctica Petro terminaría su mandato.
Se suspende el proceso hasta que haya un fallo definitivo. Si se tiene en cuenta que los fallos de la CIDH demoran varios años, en la práctica Petro terminaría su mandato.
+Wilfred
21-12-2013, 11:17:59
Sería bueno que Petro tomara este tiempo que va a estar por fuera de la política para reflexionar sobre lo que pudo hacer mal. Porque el hombre tiene buenas ideas, pero su retórica no era la más adecuada.
Finalmente, el Procurador, antes que hacerle un mal, terminó haciéndole un bien enorme.
Finalmente, el Procurador, antes que hacerle un mal, terminó haciéndole un bien enorme.
PEDROELGRANDE
21-12-2013, 14:39:31
Sábado, 21 de Diciembre de 2013 07:15
Alcalde de Bogotá
"Si fuera presidente de Colombia, habría un golpe de Estado"
http://thumbnails111.imagebam.com/29646/a884dc296457035.jpg (http://www.imagebam.com/image/a884dc296457035)
Autor:Eva Saiz
País:Colombia
Región:Sur América
Fuente:El País
Entre el equipo que ha acompañado al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a Washington se ha instalado un moderado optimismo ante la posibilidad de que el regidor logre esquivar, aunque sea temporalmente, el fallo de la Procuraduría General de Colombia que el pasado 9 de diciembre decidió destituirlo de su cargo e inhabilitarlo durante 15 años por presuntas irregularidades en el proceso de desprivatización de basuras de la capital colombiana. Las declaraciones del fiscal general colombiano a una radio nacional a primera hora del viernes, asegurando que una sentencia de la Corte Constitucional le faculta para suspender la decisión del procurador, Alejandro Ordóñez, si constata que se excedió en sus funciones o incumplió la ley al adoptar su resolución, se percibe entre los asesores del regidor como una confirmación velada de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría otorgar las medidas cautelares para suspender su destitución que Petro le solicitó el pasado miércoles.
El exguerrillero del M19, sin embargo, prefiere mantener la cautela. "No me quiero crear falsas ilusiones y, si algo saqué de mi educación católica, es que prefiero ver los hechos antes de pronunciarme", asegura a EL PAÍS en el último día de su visita a la capital de EE UU, donde entre sus múltiples reuniones, se ha encontrado con el secretario general de la OEA. Petro ha presentado su caso como el detonante para abordar la regeneración democrática que, sostiene, necesita Colombia. En pocos días, el alcalde ha conseguido movilizar a la ciudadanía, tanto a su favor como en contra del polémico procurador, con quien ha entablado un pulso político cuyo último órdago se dirimirá en la CIDH antes del 3 de enero, cuando se hace efectiva la destitución de Petro. Aunque ha apelado a las vías legales, el regidor también invoca a la suerte para que le ayude en el desenlace de su envite, cuyo resultado espera tranquilo.
Pregunta. ¿Le ha pedido usted al fiscal general que inicie el proceso para lograr la suspensión del fallo de la Procuraduría?
Respuesta. Yo no he activado ningún proceso ante la Fiscalía. Se trata de una actuación de oficio, es una posibilidad jurídica que debe valorar el fiscal.
P. En todo caso, esa decisión, de producirse, nunca llegaría antes del 3 de enero
R. Es ése límite cronológico de la aplicación de la decisión del procurador lo que hace que hayamos optado por solicitar las medidas cautelares ante la CIDH para que suspenda provisionalmente mi destitución. Si no se hace antes de que se haga efectivo el fallo de la Procuraduría, no sólo se produciría un daño irreparable a mi propio derecho de acabar mi Gobierno o ser elegido para otro cargo público en el futuro, sino a los derechos políticos de mis electores y para evitar eso es para lo que hemos venido a Washington
P. Sólo existe un antecedente de otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH en un caso de protección de derechos políticos y, de otorgarlas, lo cual evitaría al presidente Juan Manuel Santos la incómoda posición de tener que ejecutar la decisión del procurador, podría provocarse un efecto dominó, empezando por los centenares de cargos públicos destituidos como usted por la Procuraduría, y por otros ciudadanos en países como México o Perú, donde también se contempla la destitución administrativa. ¿Habló de ello con el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza?
R. Planteamos varios de esos temas. Que no existan grandes antecedentes no significa que la CIDH no pueda otorgar medidas cautelares. Pero lo que aquí se ha producido de manera clara es una violación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que exclusivamente se puede limitar por ley el derecho a elegir y ser elegido por causas específicas, entre ellas, la condena por un fallo judicial emitido por un juez de lo Penal, no por medidas disciplinarias y, mucho menos, por una autoridad administrativa como el procurador. El procurador contravino un proceso judicial, los hechos de los que se me acusa no son constitutivos de delito. Lo que él está haciendo es sancionar una política pública que no le gusta, que es la desprivatización del servicio de basura.
El pulso político con el procurador
P. Si, como usted sostiene y defienden muchos otros juristas colombianos y extranjeros, es tan evidente que con su decisión el procurador ha infringido la Constitución, ¿por qué cree que él adoptó una medida aparentemente tan drástica y desproporcionada, según coinciden la mayoría de analistas?
R. Creo que en Colombia, en general, no hay claridad jurídica alrededor del peso del derecho convencional, pero, en medio de esa situación de desconocimiento, el procurador está atravesado por varios tipos de presiones. Una proviene de él mismo. Él es un integrista que pertenece a una secta excomulgada por la Iglesia católica, que es el lefebvrismo, que reivindica el concilio de Trento. Yo respeto las creencias del procurador, si no fuera porque en su concepción religiosa del Estado se contempla la lucha contra los impíos y, de todos ellos, yo soy el impío mayor, porque me levanté en armas, fui un insurgente de izquierdas y, después de firmar la paz, redactamos una Constitución que ellos no respetan porque allí se consagran derechos a favor de las personas discriminadas. Al frente de la alcaldía yo he desarrollado políticas inclusivas que han provocado la reacción del procurador. Mirando otros casos de personas que han sido destituidas por él, sí hay una lógica que nos lleva a pensar que ha transformado la Procuraduria en un aparato de policía político-religiosa.
P. ¿Es posible que perder su pulso con el procurador acabe siendo beneficioso para su futuro político? Si no se paralizara el proceso de destitución, usted podría ser restituido en sus derechos dentro de tres o cuatro años -de acuerdo con los plazos que suele tardar en pronunciarse la CIDH y la Corte Interamericana- en condiciones muy ventajosas para aspirar a un alto cargo político, como la presidencia, sin el lastre del desgaste político de la alcaldía de Bogotá y con el apoyo popular de los que ven en la decisión del procurador una maniobra para acabar con su carrera política intacto.
..
R. [Risas] Es un cálculo bien hecho pero ingenuo. Porque, si no se cambia la situación estructural de un régimen que permite que se pueda destituir a un alcalde simplemente porque no gustan sus políticas, sin intervención de un juez y violando el derecho al voto, hay que proyectar ese cálculo. Si no se resuelven esas causas estructurales y yo fuera presidente de la República, lo que sobrevendría es un golpe de Estado. No hay una diferencia entre un golpe de Estado clásico y lo que ha pasado aquí. Pero estos mismos sectores que ahora me han destituido, ante un ascenso al Gobierno de la República de un proyecto de izquierdas, harían lo mismo que en Chile, porque no están preparados para eso y lo del alcalde de Bogotá es una demostración. Si no son capaces de resistir el que un proyecto alternativo gobierne en la capital por cuatro años, cómo iban a resistir el que por cuatro años, con opción de reelección, un proyecto de esa misma calidad gobierne el país. Plantearse ese cálculo es lícito, pero yo vivo en un país en el que sé lo que pasa e, independientemente de lo que ocurra conmigo, lo que es necesario es profundizar en las reformas democráticas antes de pensar en otra cosa.
Vinculación de la destitución con el proceso de paz
P. Manteniéndonos en el peor de los escenarios posibles para usted, si no prosperaran las medidas cautelares solicitadas ante la CIDH, ni la fiscalía instara la suspensión del fallo del procurador, ¿qué tiene planeado hacer?
R. Seguiría por los procesos ordinarios que me darán la recuperación de mis derechos en dos, tres años, quizás más, pero sólo los míos. Nunca se podrán recuperar los derechos conculcados a mis electores, a más de 700.000 ciudadanos, y eso tiene una consecuencia grave en la historia de Colombia y es que, por ese tipo de hechos, llevamos dos siglos de guerra.
P. ¿Augura usted movilizaciones ciudadanas que puedan acabar en brotes de violencia?
R. Hemos provocado una movilización permanente que ha llenado la plaza de Bolívar cinco veces, y aún continúan. La movilización pacífica sin ningún hecho de violencia es un derecho. El problema de fondo es lo que va generándose en la mentalidad de la juventud en el sentido de constatar que los mecanismos pacíficos en la disputa del poder no son posibles. Eso nos daña. Me pasó a mí cuando era joven.
P. ¿Insinúa que podría producirse un nuevo 19 de abril?
R. Esa es una pregunta de la prensa colombiana que trata de demostrar que quiero volver a las armas. Yo hice un compromiso al contrario.
P. Pero acaba de decir que ha sido la frustración ante decisiones políticas como la que le afecta a usted la que ha provocado 200 años de guerra civil en Colombia.
R. El mensaje que ha mandado el procurador es un mensaje violento. Cuando tú le dices a una sociedad que no puede disputar el poder pacíficamente, cuando se plantea algo así, generalmente, en la historia no se producen procesos pacíficos. Esa es la historia de la propia España. Yo lo que quiero es sentar unas bases sólidas que, con la excusa del ataque que yo he sufrido, permitan demostrar que el ejercicio de poder en Colombia se puede hacer de manera pacífica y ese es el dilema de fondo.
P. ¿Cómo afectaría una protesta social generalizada a su favor al clima social de Colombia, ahora que está en medio de un proceso para poner fin a uno de los conflictos más sangrientos y divisorios de su país? ¿Cree que podría dañar el proceso de paz con las FARC?
R. No lo va a dañar pero sí le afecta. Es evidente que es un contra mensaje. Si a un hombre que deja las armas y decide el camino del voto y gana en ese camino, se le suspende arbitrariamente, entonces ¿qué va a pasar con los que hoy están en armas? Obviamente, se trata de un mensaje negativo.
P. Se ha empezado a criticar que esté vinculando su caso con el proceso de paz
R. Eso es lo que insinúan varios sectores de la prensa colombiana, que está en manos de los hombres más ricos del país que no comulgan con mi planteamiento. Pero es que es un hecho que mi caso está articulado a las negociaciones con las FARC. Hay pronunciamientos al respecto desde La Habana y el mismo embajador de Colombia en EE UU ha manifestado que mi destitución podría perjudicar a las negociaciones.
P. ¿Estaría usted dispuesto a rebajar o a solicitar que se suspendieran las manifestaciones de apoyo a su causa en aras de beneficiar el desarrollo de los diálogos en La Habana?
R. La prensa que me ataca hoy era la misma que cuando gané decía que mi caso era un ejemplo de paz. Parte de mi esfuerzo y de mi lucha, que es por lo que estoy aquí, es para promover ese ejemplo. El que no se me destituya por delito, como ordenan las normas sino por una política pública que congenia con lo que estaba en mi programa, todo eso da un mensaje profundamente negativo hacia la paz y quienes lo han promovido lo hacen precisamente por eso. No es que desconozcan este tema, no es que yo lo esté manipulando, es que quienes han impulsado mi destitución lo que quieren es que no haya proceso de paz.
P. ¿El procurador, entonces, ha actuado contra usted porque él mismo está en contra de ese diálogo o porque quiere contentar a esa parte política de su país que usted sostiene que está en contra del proceso?
R. Ambas cosas. El procurador tiene la convicción del que el proceso de paz en La Habana no sirve, de hecho, fue a La Haya a quejarse sin consultar al presidente. Y también hace parte de agrupaciones políticas y sociales que no quieren ese proceso a las que pertenece el anterior presidente de la república.
Reforma democrática
P. Volviendo a su reivindicación de una regeneración democrática, ¿cree factible que en plenas negociaciones de paz, un proceso electoral en marcha y la implacable oposición del expresidente Álvaro Uribe, Colombia puede llevar a cabo esa reforma democrática, ese cambio de la Constitución de 1991, que apoyó el M19, que usted demanda?
R. Viéndolo desde lo positivo, que también es un albur, esto que acaba de acontecer da la oportunidad de acometer un profundo proceso de regeneración democrática, que además se conjuga con el actual proceso de paz en marcha. Y la paz es una democratización del país, no es solo que unos señores armados dejen de estarlo. Desde un escenario optimista, ahora se pueden conjugar las condiciones para esa reforma democrática, pero habría que ver si Santos está dispuesto a dar ese paso audaz.
P. ¿Y usted ve en el presidente esa predisposición? Iniciar el proceso de diálogo con las FARC demuestra cierta audacia.
R. El del diálogo fue un paso audaz, pero quienes hagan ese proceso deben tener un respaldo ciudadano muy fuerte. El presidente dio ese paso nada más ser elegido e, inmediatamente, le respondieron sus antiguos compañeros sociales y políticos, y empezó a haber titubeos. El país va polarizándose, pero creo que construir un movimiento ciudadano a favor de la paz y la democracia, como el que se ha generado estos días en las calles de Bogotá, es fundamental para darle la solidez y la contundencia al axioma que es la democratización del país.
Excesiva victimización
P. La Procuradoría lo ha sancionado, la Registraduría ha convocado un referéndum revocatorio y el fiscal general también lo está investigando por el proceso de desprivatización de basuras. ¿Reconoce errores en esa gestión o se equivocan todas las instituciones públicas al centrarse en ese tema?
R. En una política pública siempre habrá fallas, no existe en el mundo una política pública infalible. Toda planificación, toda política pública es atravesada por el conflicto social que se puede tratar de predecir pero nunca al máximo. Errores indudablemente hay, hubo y habrá.
P. ¿Sigue sosteniendo, entonces, que el principal causante de la crisis sanitaria de Bogotá en 2012 lo provocó un boicot de las anteriores empresas privadas concesionarias del servicio de basuras?
R. El sabotaje lo hubo y nosotros lo denunciamos. Antes de la finalización de los contratos reclamamos la devolución de los camiones para garantizar la continuidad del servicio. Lo operadores privados debían completar la entrega paulatina al distrito de la flota para no provocar problemas y eso no sucedió.
P. Muchos se quejan de que está pecando de excesivo victimismo con este caso para tapar ocultar, así, una mala gestión al frente del Ayuntamiento de Bogotá
R. Las estadísticas sociales claves indican que hemos logrado muchos éxitos en la ciudad. La mala gestión es un calificativo que nos dan las clases medias-altas. Hemos hecho una política diferente que fue previamente discutida en las elecciones y que estaba consignada en nuestro programa de Gobierno con el que ganamos las elecciones y del cual nadie se debería extrañar porque simplemente la estamos aplicando.
P. Pero hasta su destitución, sólo el 35% de los bogotanos aprobaban su gestión, de acuerdo con una encuesta de Gallup, y ahora el nivel de respaldo casi roza el 50%
R. Esa es una encuesta. Nosotros hacemos sondeos internos para medir momentos difíciles y son mucho más optimistas y hay otras encuestas públicas similares a las nuestras. Antes de la destitución teníamos el 50% de apoyo y el 39% en contra del Gobierno, que no es un mal guarismo. No he tenido resultados después de entonces, pero todas coinciden en que son mejores.
Alcalde de Bogotá
"Si fuera presidente de Colombia, habría un golpe de Estado"
http://thumbnails111.imagebam.com/29646/a884dc296457035.jpg (http://www.imagebam.com/image/a884dc296457035)
Autor:Eva Saiz
País:Colombia
Región:Sur América
Fuente:El País
Entre el equipo que ha acompañado al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a Washington se ha instalado un moderado optimismo ante la posibilidad de que el regidor logre esquivar, aunque sea temporalmente, el fallo de la Procuraduría General de Colombia que el pasado 9 de diciembre decidió destituirlo de su cargo e inhabilitarlo durante 15 años por presuntas irregularidades en el proceso de desprivatización de basuras de la capital colombiana. Las declaraciones del fiscal general colombiano a una radio nacional a primera hora del viernes, asegurando que una sentencia de la Corte Constitucional le faculta para suspender la decisión del procurador, Alejandro Ordóñez, si constata que se excedió en sus funciones o incumplió la ley al adoptar su resolución, se percibe entre los asesores del regidor como una confirmación velada de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría otorgar las medidas cautelares para suspender su destitución que Petro le solicitó el pasado miércoles.
El exguerrillero del M19, sin embargo, prefiere mantener la cautela. "No me quiero crear falsas ilusiones y, si algo saqué de mi educación católica, es que prefiero ver los hechos antes de pronunciarme", asegura a EL PAÍS en el último día de su visita a la capital de EE UU, donde entre sus múltiples reuniones, se ha encontrado con el secretario general de la OEA. Petro ha presentado su caso como el detonante para abordar la regeneración democrática que, sostiene, necesita Colombia. En pocos días, el alcalde ha conseguido movilizar a la ciudadanía, tanto a su favor como en contra del polémico procurador, con quien ha entablado un pulso político cuyo último órdago se dirimirá en la CIDH antes del 3 de enero, cuando se hace efectiva la destitución de Petro. Aunque ha apelado a las vías legales, el regidor también invoca a la suerte para que le ayude en el desenlace de su envite, cuyo resultado espera tranquilo.
Pregunta. ¿Le ha pedido usted al fiscal general que inicie el proceso para lograr la suspensión del fallo de la Procuraduría?
Respuesta. Yo no he activado ningún proceso ante la Fiscalía. Se trata de una actuación de oficio, es una posibilidad jurídica que debe valorar el fiscal.
P. En todo caso, esa decisión, de producirse, nunca llegaría antes del 3 de enero
R. Es ése límite cronológico de la aplicación de la decisión del procurador lo que hace que hayamos optado por solicitar las medidas cautelares ante la CIDH para que suspenda provisionalmente mi destitución. Si no se hace antes de que se haga efectivo el fallo de la Procuraduría, no sólo se produciría un daño irreparable a mi propio derecho de acabar mi Gobierno o ser elegido para otro cargo público en el futuro, sino a los derechos políticos de mis electores y para evitar eso es para lo que hemos venido a Washington
P. Sólo existe un antecedente de otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH en un caso de protección de derechos políticos y, de otorgarlas, lo cual evitaría al presidente Juan Manuel Santos la incómoda posición de tener que ejecutar la decisión del procurador, podría provocarse un efecto dominó, empezando por los centenares de cargos públicos destituidos como usted por la Procuraduría, y por otros ciudadanos en países como México o Perú, donde también se contempla la destitución administrativa. ¿Habló de ello con el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza?
R. Planteamos varios de esos temas. Que no existan grandes antecedentes no significa que la CIDH no pueda otorgar medidas cautelares. Pero lo que aquí se ha producido de manera clara es una violación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que exclusivamente se puede limitar por ley el derecho a elegir y ser elegido por causas específicas, entre ellas, la condena por un fallo judicial emitido por un juez de lo Penal, no por medidas disciplinarias y, mucho menos, por una autoridad administrativa como el procurador. El procurador contravino un proceso judicial, los hechos de los que se me acusa no son constitutivos de delito. Lo que él está haciendo es sancionar una política pública que no le gusta, que es la desprivatización del servicio de basura.
El pulso político con el procurador
P. Si, como usted sostiene y defienden muchos otros juristas colombianos y extranjeros, es tan evidente que con su decisión el procurador ha infringido la Constitución, ¿por qué cree que él adoptó una medida aparentemente tan drástica y desproporcionada, según coinciden la mayoría de analistas?
R. Creo que en Colombia, en general, no hay claridad jurídica alrededor del peso del derecho convencional, pero, en medio de esa situación de desconocimiento, el procurador está atravesado por varios tipos de presiones. Una proviene de él mismo. Él es un integrista que pertenece a una secta excomulgada por la Iglesia católica, que es el lefebvrismo, que reivindica el concilio de Trento. Yo respeto las creencias del procurador, si no fuera porque en su concepción religiosa del Estado se contempla la lucha contra los impíos y, de todos ellos, yo soy el impío mayor, porque me levanté en armas, fui un insurgente de izquierdas y, después de firmar la paz, redactamos una Constitución que ellos no respetan porque allí se consagran derechos a favor de las personas discriminadas. Al frente de la alcaldía yo he desarrollado políticas inclusivas que han provocado la reacción del procurador. Mirando otros casos de personas que han sido destituidas por él, sí hay una lógica que nos lleva a pensar que ha transformado la Procuraduria en un aparato de policía político-religiosa.
P. ¿Es posible que perder su pulso con el procurador acabe siendo beneficioso para su futuro político? Si no se paralizara el proceso de destitución, usted podría ser restituido en sus derechos dentro de tres o cuatro años -de acuerdo con los plazos que suele tardar en pronunciarse la CIDH y la Corte Interamericana- en condiciones muy ventajosas para aspirar a un alto cargo político, como la presidencia, sin el lastre del desgaste político de la alcaldía de Bogotá y con el apoyo popular de los que ven en la decisión del procurador una maniobra para acabar con su carrera política intacto.
..
R. [Risas] Es un cálculo bien hecho pero ingenuo. Porque, si no se cambia la situación estructural de un régimen que permite que se pueda destituir a un alcalde simplemente porque no gustan sus políticas, sin intervención de un juez y violando el derecho al voto, hay que proyectar ese cálculo. Si no se resuelven esas causas estructurales y yo fuera presidente de la República, lo que sobrevendría es un golpe de Estado. No hay una diferencia entre un golpe de Estado clásico y lo que ha pasado aquí. Pero estos mismos sectores que ahora me han destituido, ante un ascenso al Gobierno de la República de un proyecto de izquierdas, harían lo mismo que en Chile, porque no están preparados para eso y lo del alcalde de Bogotá es una demostración. Si no son capaces de resistir el que un proyecto alternativo gobierne en la capital por cuatro años, cómo iban a resistir el que por cuatro años, con opción de reelección, un proyecto de esa misma calidad gobierne el país. Plantearse ese cálculo es lícito, pero yo vivo en un país en el que sé lo que pasa e, independientemente de lo que ocurra conmigo, lo que es necesario es profundizar en las reformas democráticas antes de pensar en otra cosa.
Vinculación de la destitución con el proceso de paz
P. Manteniéndonos en el peor de los escenarios posibles para usted, si no prosperaran las medidas cautelares solicitadas ante la CIDH, ni la fiscalía instara la suspensión del fallo del procurador, ¿qué tiene planeado hacer?
R. Seguiría por los procesos ordinarios que me darán la recuperación de mis derechos en dos, tres años, quizás más, pero sólo los míos. Nunca se podrán recuperar los derechos conculcados a mis electores, a más de 700.000 ciudadanos, y eso tiene una consecuencia grave en la historia de Colombia y es que, por ese tipo de hechos, llevamos dos siglos de guerra.
P. ¿Augura usted movilizaciones ciudadanas que puedan acabar en brotes de violencia?
R. Hemos provocado una movilización permanente que ha llenado la plaza de Bolívar cinco veces, y aún continúan. La movilización pacífica sin ningún hecho de violencia es un derecho. El problema de fondo es lo que va generándose en la mentalidad de la juventud en el sentido de constatar que los mecanismos pacíficos en la disputa del poder no son posibles. Eso nos daña. Me pasó a mí cuando era joven.
P. ¿Insinúa que podría producirse un nuevo 19 de abril?
R. Esa es una pregunta de la prensa colombiana que trata de demostrar que quiero volver a las armas. Yo hice un compromiso al contrario.
P. Pero acaba de decir que ha sido la frustración ante decisiones políticas como la que le afecta a usted la que ha provocado 200 años de guerra civil en Colombia.
R. El mensaje que ha mandado el procurador es un mensaje violento. Cuando tú le dices a una sociedad que no puede disputar el poder pacíficamente, cuando se plantea algo así, generalmente, en la historia no se producen procesos pacíficos. Esa es la historia de la propia España. Yo lo que quiero es sentar unas bases sólidas que, con la excusa del ataque que yo he sufrido, permitan demostrar que el ejercicio de poder en Colombia se puede hacer de manera pacífica y ese es el dilema de fondo.
P. ¿Cómo afectaría una protesta social generalizada a su favor al clima social de Colombia, ahora que está en medio de un proceso para poner fin a uno de los conflictos más sangrientos y divisorios de su país? ¿Cree que podría dañar el proceso de paz con las FARC?
R. No lo va a dañar pero sí le afecta. Es evidente que es un contra mensaje. Si a un hombre que deja las armas y decide el camino del voto y gana en ese camino, se le suspende arbitrariamente, entonces ¿qué va a pasar con los que hoy están en armas? Obviamente, se trata de un mensaje negativo.
P. Se ha empezado a criticar que esté vinculando su caso con el proceso de paz
R. Eso es lo que insinúan varios sectores de la prensa colombiana, que está en manos de los hombres más ricos del país que no comulgan con mi planteamiento. Pero es que es un hecho que mi caso está articulado a las negociaciones con las FARC. Hay pronunciamientos al respecto desde La Habana y el mismo embajador de Colombia en EE UU ha manifestado que mi destitución podría perjudicar a las negociaciones.
P. ¿Estaría usted dispuesto a rebajar o a solicitar que se suspendieran las manifestaciones de apoyo a su causa en aras de beneficiar el desarrollo de los diálogos en La Habana?
R. La prensa que me ataca hoy era la misma que cuando gané decía que mi caso era un ejemplo de paz. Parte de mi esfuerzo y de mi lucha, que es por lo que estoy aquí, es para promover ese ejemplo. El que no se me destituya por delito, como ordenan las normas sino por una política pública que congenia con lo que estaba en mi programa, todo eso da un mensaje profundamente negativo hacia la paz y quienes lo han promovido lo hacen precisamente por eso. No es que desconozcan este tema, no es que yo lo esté manipulando, es que quienes han impulsado mi destitución lo que quieren es que no haya proceso de paz.
P. ¿El procurador, entonces, ha actuado contra usted porque él mismo está en contra de ese diálogo o porque quiere contentar a esa parte política de su país que usted sostiene que está en contra del proceso?
R. Ambas cosas. El procurador tiene la convicción del que el proceso de paz en La Habana no sirve, de hecho, fue a La Haya a quejarse sin consultar al presidente. Y también hace parte de agrupaciones políticas y sociales que no quieren ese proceso a las que pertenece el anterior presidente de la república.
Reforma democrática
P. Volviendo a su reivindicación de una regeneración democrática, ¿cree factible que en plenas negociaciones de paz, un proceso electoral en marcha y la implacable oposición del expresidente Álvaro Uribe, Colombia puede llevar a cabo esa reforma democrática, ese cambio de la Constitución de 1991, que apoyó el M19, que usted demanda?
R. Viéndolo desde lo positivo, que también es un albur, esto que acaba de acontecer da la oportunidad de acometer un profundo proceso de regeneración democrática, que además se conjuga con el actual proceso de paz en marcha. Y la paz es una democratización del país, no es solo que unos señores armados dejen de estarlo. Desde un escenario optimista, ahora se pueden conjugar las condiciones para esa reforma democrática, pero habría que ver si Santos está dispuesto a dar ese paso audaz.
P. ¿Y usted ve en el presidente esa predisposición? Iniciar el proceso de diálogo con las FARC demuestra cierta audacia.
R. El del diálogo fue un paso audaz, pero quienes hagan ese proceso deben tener un respaldo ciudadano muy fuerte. El presidente dio ese paso nada más ser elegido e, inmediatamente, le respondieron sus antiguos compañeros sociales y políticos, y empezó a haber titubeos. El país va polarizándose, pero creo que construir un movimiento ciudadano a favor de la paz y la democracia, como el que se ha generado estos días en las calles de Bogotá, es fundamental para darle la solidez y la contundencia al axioma que es la democratización del país.
Excesiva victimización
P. La Procuradoría lo ha sancionado, la Registraduría ha convocado un referéndum revocatorio y el fiscal general también lo está investigando por el proceso de desprivatización de basuras. ¿Reconoce errores en esa gestión o se equivocan todas las instituciones públicas al centrarse en ese tema?
R. En una política pública siempre habrá fallas, no existe en el mundo una política pública infalible. Toda planificación, toda política pública es atravesada por el conflicto social que se puede tratar de predecir pero nunca al máximo. Errores indudablemente hay, hubo y habrá.
P. ¿Sigue sosteniendo, entonces, que el principal causante de la crisis sanitaria de Bogotá en 2012 lo provocó un boicot de las anteriores empresas privadas concesionarias del servicio de basuras?
R. El sabotaje lo hubo y nosotros lo denunciamos. Antes de la finalización de los contratos reclamamos la devolución de los camiones para garantizar la continuidad del servicio. Lo operadores privados debían completar la entrega paulatina al distrito de la flota para no provocar problemas y eso no sucedió.
P. Muchos se quejan de que está pecando de excesivo victimismo con este caso para tapar ocultar, así, una mala gestión al frente del Ayuntamiento de Bogotá
R. Las estadísticas sociales claves indican que hemos logrado muchos éxitos en la ciudad. La mala gestión es un calificativo que nos dan las clases medias-altas. Hemos hecho una política diferente que fue previamente discutida en las elecciones y que estaba consignada en nuestro programa de Gobierno con el que ganamos las elecciones y del cual nadie se debería extrañar porque simplemente la estamos aplicando.
P. Pero hasta su destitución, sólo el 35% de los bogotanos aprobaban su gestión, de acuerdo con una encuesta de Gallup, y ahora el nivel de respaldo casi roza el 50%
R. Esa es una encuesta. Nosotros hacemos sondeos internos para medir momentos difíciles y son mucho más optimistas y hay otras encuestas públicas similares a las nuestras. Antes de la destitución teníamos el 50% de apoyo y el 39% en contra del Gobierno, que no es un mal guarismo. No he tenido resultados después de entonces, pero todas coinciden en que son mejores.
PrimeroColombia
22-12-2013, 21:23:44
Petro no sera corrupto pero si peco de inepto y de ahi la destitucion que, ademas, implica practicmente su muerte politica. Soy muy critico de los politicos de izquierda pero no me alegra lo sucedido con Petro. Finalmente, la capital sufre mucho por cuenta de estos hechos. Pero bueno, asi es la ley y el Procurador, vilipendiado de manera injusta diria yo, simplemente obedecio un mandato constitucional.
Ademas, Petro es de los pocos izquierdistas a los que han sancionado desde la Procuraduria, Asi que la teoria de que fue una sancion con tintes ideologicos o politicos esta mandada a desechar. Si en este gobierno hemos tenido una institucion respetable, honesta e independiente, ha sido la Procuraduria. Petro no es un martir, mamertos llorones!
Ademas, Petro es de los pocos izquierdistas a los que han sancionado desde la Procuraduria, Asi que la teoria de que fue una sancion con tintes ideologicos o politicos esta mandada a desechar. Si en este gobierno hemos tenido una institucion respetable, honesta e independiente, ha sido la Procuraduria. Petro no es un martir, mamertos llorones!
cesar coy
23-12-2013, 09:37:41
Petro no sera corrupto pero si peco de inepto y de ahi la destitucion que, ademas, implica practicmente su muerte politica. Soy muy critico de los politicos de izquierda pero no me alegra lo sucedido con Petro. Finalmente, la capital sufre mucho por cuenta de estos hechos. Pero bueno, asi es la ley y el Procurador, vilipendiado de manera injusta diria yo, simplemente obedecio un mandato constitucional.
Ademas, Petro es de los pocos izquierdistas a los que han sancionado desde la Procuraduria, Asi que la teoria de que fue una sancion con tintes ideologicos o politicos esta mandada a desechar. Si en este gobierno hemos tenido una institucion respetable, honesta e independiente, ha sido la Procuraduria. Petro no es un martir, mamertos llorones!
Otra vez de acuerdo, Petro no es un martir, es un mal alcalde. El que lo convirtió en martir no fue ningún mameto llorón, sino el mismísimo Procurador al no mirar con la misma lupa los delitos e ineptitudes de cientos, miles, de gobernantes de "derecha" que hemos tenido a nivel municipal y nacional. Leyes como la 100 que han ocasionado miles de muertes en paseos en ambulancia que nunca antes se habían visto, decisiones como la del ex Min-Hacienda Carrasquilla que le costaron al país mas de 23.000 millones de un solo plumazo, conceciones viales como las de Andres Uriel Gallego que tienen al país sumido en el mas miserables atraso, tratados como los TLC que sin un estudio mas serio dejaron en la quiebra a medio pais, no han sido siquiera objeto del menor cuestionamiento.
La "berriadera" de los mamertos no tendría sentido si las acciones corruptas e ineptas de sus contrapartes de derecha tambien fueran objeto de fiscalización, pero mas importante que ese objetivo menor que parece importarle tanto a usted, es que, con esas acciones, Colombia sería un país definitivamente mejor.
Ademas, Petro es de los pocos izquierdistas a los que han sancionado desde la Procuraduria, Asi que la teoria de que fue una sancion con tintes ideologicos o politicos esta mandada a desechar. Si en este gobierno hemos tenido una institucion respetable, honesta e independiente, ha sido la Procuraduria. Petro no es un martir, mamertos llorones!
Otra vez de acuerdo, Petro no es un martir, es un mal alcalde. El que lo convirtió en martir no fue ningún mameto llorón, sino el mismísimo Procurador al no mirar con la misma lupa los delitos e ineptitudes de cientos, miles, de gobernantes de "derecha" que hemos tenido a nivel municipal y nacional. Leyes como la 100 que han ocasionado miles de muertes en paseos en ambulancia que nunca antes se habían visto, decisiones como la del ex Min-Hacienda Carrasquilla que le costaron al país mas de 23.000 millones de un solo plumazo, conceciones viales como las de Andres Uriel Gallego que tienen al país sumido en el mas miserables atraso, tratados como los TLC que sin un estudio mas serio dejaron en la quiebra a medio pais, no han sido siquiera objeto del menor cuestionamiento.
La "berriadera" de los mamertos no tendría sentido si las acciones corruptas e ineptas de sus contrapartes de derecha tambien fueran objeto de fiscalización, pero mas importante que ese objetivo menor que parece importarle tanto a usted, es que, con esas acciones, Colombia sería un país definitivamente mejor.
Isidorito
23-12-2013, 10:11:56
https://pbs.twimg.com/media/BcJIoIBCUAAxHiQ.jpg:large
Heráclito
24-12-2013, 11:51:33
Comienzan a apretar los tiempos.
Procuraduría notifica al alcalde Petro de fallo de destitución
Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 9:33 a.m. | 24 de Diciembre del 2013
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/IMAGEN/IMAGEN-13297036-2.jpg
El alcalde Gustavo Petro fue destituido de su cargo por la Procuaduría.Foto: EL TIEMPO
La defensa del mandatario tendrá unos días para interponer el recurso contra esta decisión.
La Procuraduría notificó, por medio de un edicto, al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el fallo que lo destituye e inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos, por el supuesto mal manejo en la recolección de basuras en diciembre de 2012.
En la secretaría de la Sala de asuntos disciplinarios de la entidad de control, fue publicado un documento de dos hojas que notifica formalmente al alcalde capitalino de la sanción impuesta el pasado 9 de diciembre, y que recogen hoy medios de prensa locales.
En el edicto se explica que ante la imposibilidad de informar personalmente la decisión, el burgomaestre queda enterado a través de este medio de su destitución e inhabilidad por 15 años para aspirar a cargos públicos. El contenido del edicto resume en 12 puntos el fallo de la Procuraduría en el que se califica la falta del alcalde de Bogotá como gravísima, resaltando que la sanción impuesta corresponde a improvisación en la aplicación del nuevo esquema de basuras en la capital colombiana.
De igual manera, el alcalde Petro queda enterado de que tiene hasta el próximo 31 de diciembre para presentar el recurso de reposición. De no hacerlo, el jueves 2 de enero de 2014 la sanción sería comunicada al Presidente de la República para hacerla efectiva.
Pero si se hace uso de este recurso la sala Disciplinaria tendrá que estudiar los argumentos de defensa de Petro y a finales de enero de 2014 se podría conocer el fallo definitivo. El abogado de Petro, Julio César Ortiz, ha manifestado a medios de prensa locales, que el 31 de diciembre efectivamente interpondrá el recurso de reposición contra el fallo de destitución e inhabilidad impuesto por la Procuraduría.
La decisión del Procurador Alejandro Ordóñez tuvo base en el caos de la recolección de basuras que se presentó en diciembre de 2012 tras él cambió en el sistema de este trabajo, que inundó a Bogotá de basuras durante casi una semana. El anuncio de la sanción a Petro provocó de inmediato la reacción de los seguidores del alcalde, que llevaron a la realización de varias movilizaciones en contra del procurador Ordóñez.
EFE
Fuente: El Tiempo
Procuraduría notifica al alcalde Petro de fallo de destitución
Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 9:33 a.m. | 24 de Diciembre del 2013
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/IMAGEN/IMAGEN-13297036-2.jpg
El alcalde Gustavo Petro fue destituido de su cargo por la Procuaduría.Foto: EL TIEMPO
La defensa del mandatario tendrá unos días para interponer el recurso contra esta decisión.
La Procuraduría notificó, por medio de un edicto, al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el fallo que lo destituye e inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos, por el supuesto mal manejo en la recolección de basuras en diciembre de 2012.
En la secretaría de la Sala de asuntos disciplinarios de la entidad de control, fue publicado un documento de dos hojas que notifica formalmente al alcalde capitalino de la sanción impuesta el pasado 9 de diciembre, y que recogen hoy medios de prensa locales.
En el edicto se explica que ante la imposibilidad de informar personalmente la decisión, el burgomaestre queda enterado a través de este medio de su destitución e inhabilidad por 15 años para aspirar a cargos públicos. El contenido del edicto resume en 12 puntos el fallo de la Procuraduría en el que se califica la falta del alcalde de Bogotá como gravísima, resaltando que la sanción impuesta corresponde a improvisación en la aplicación del nuevo esquema de basuras en la capital colombiana.
De igual manera, el alcalde Petro queda enterado de que tiene hasta el próximo 31 de diciembre para presentar el recurso de reposición. De no hacerlo, el jueves 2 de enero de 2014 la sanción sería comunicada al Presidente de la República para hacerla efectiva.
Pero si se hace uso de este recurso la sala Disciplinaria tendrá que estudiar los argumentos de defensa de Petro y a finales de enero de 2014 se podría conocer el fallo definitivo. El abogado de Petro, Julio César Ortiz, ha manifestado a medios de prensa locales, que el 31 de diciembre efectivamente interpondrá el recurso de reposición contra el fallo de destitución e inhabilidad impuesto por la Procuraduría.
La decisión del Procurador Alejandro Ordóñez tuvo base en el caos de la recolección de basuras que se presentó en diciembre de 2012 tras él cambió en el sistema de este trabajo, que inundó a Bogotá de basuras durante casi una semana. El anuncio de la sanción a Petro provocó de inmediato la reacción de los seguidores del alcalde, que llevaron a la realización de varias movilizaciones en contra del procurador Ordóñez.
EFE
Fuente: El Tiempo
PEDROELGRANDE
24-12-2013, 13:41:04
Comienzan a apretar los tiempos.
Fuente: El Tiempo
Agh JAJAJAJAJAJÁ ese procurador es un Herodes......será que se esperará que un uribista no termine con predilecta perfección sus crímenes maquiavelicos contra el pueblo de Colombia....jeje!
http://thumbnails101.imagebam.com/29701/b88031297000973.jpg (http://www.imagebam.com/image/b88031297000973) http://thumbnails110.imagebam.com/29701/9479e2297000982.jpg (http://www.imagebam.com/image/9479e2297000982)
http://thumbnails109.imagebam.com/29701/a56cd4297000983.jpg (http://www.imagebam.com/image/a56cd4297000983)
Fuente: El Tiempo
Agh JAJAJAJAJAJÁ ese procurador es un Herodes......será que se esperará que un uribista no termine con predilecta perfección sus crímenes maquiavelicos contra el pueblo de Colombia....jeje!
http://thumbnails101.imagebam.com/29701/b88031297000973.jpg (http://www.imagebam.com/image/b88031297000973) http://thumbnails110.imagebam.com/29701/9479e2297000982.jpg (http://www.imagebam.com/image/9479e2297000982)
http://thumbnails109.imagebam.com/29701/a56cd4297000983.jpg (http://www.imagebam.com/image/a56cd4297000983)
Heráclito
09-01-2014, 19:50:36
Se le acaba el tiempo a Petro. Salvo una medida cautelar de la CIDH o quizás una similar emitida por la Fiscalía dentro de la investigación que adelanta contra el Procurador,que ponga en suspenso el proceso administrativo que adelanta el procurador Ordóñez, podría impedir que Petro salga del Palacio Liévano a finales de este mes o comienzos de Febrero.
ENE 2014 - 5:51 PM
Destitución de Gustavo Petro
Rechazan recusación de Petro contra la Viceprocuradora General
El próximo 13 de enero se resolverá la acción presentada en contra del Procurador General, Alejandro Ordóñez con la que se busca que no conozca el recurso de reposición.
Por: Elespectador.com
http://st.elespectador.co/files/imagecache/560_width_display/imagenprincipal/b53410b78df3d66c4c55dd9a61129e47.jpg
La Procuraduría General no aceptó los argumentos esgrimidos en las recusaciones presentadas por la defensa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego en contra de la viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda y los dos procuradores que conforman la Sala Disciplinaria del Ministerio Pública.
En su decisión, la procuradora encargada rechazó las razones esgrimidas en el recurso con el cual se buscaba que los delegados no conocieran la reposición presentada en contra del fallo sancionatorio que destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. (Ver Las razones de Petro para recusar a Ordóñez y su solicitud al Senado)
Ante esto, Castañeda como los miembros de los procuradores Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez podrán conocer y tomar una decisión frente al recurso de reposición radicado el pasado 31 de diciembre.
En este caso se consideró que se actuó con imparcialidad y conforme a lo estipulado en el Código Único Disciplinario, por lo que no se aceptaron los argumentos que indicaban que existía un interés político e ideológico por parte de los representantes del Ministerio Público.
Igualmente el órgano de control disciplinario consideró que tienen las competencias para investigar y sancionar a los funcionarios de elección popular, citando varias sentencias emitidas por la Corte Constitucional.
Se espera que el próximo 13 de enero se resuelva la recusación presentada en contra del procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Petro Urrego fue sancionado por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República en diciembre de 2012.
Fuente: El Espectador
ENE 2014 - 5:51 PM
Destitución de Gustavo Petro
Rechazan recusación de Petro contra la Viceprocuradora General
El próximo 13 de enero se resolverá la acción presentada en contra del Procurador General, Alejandro Ordóñez con la que se busca que no conozca el recurso de reposición.
Por: Elespectador.com
http://st.elespectador.co/files/imagecache/560_width_display/imagenprincipal/b53410b78df3d66c4c55dd9a61129e47.jpg
La Procuraduría General no aceptó los argumentos esgrimidos en las recusaciones presentadas por la defensa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego en contra de la viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda y los dos procuradores que conforman la Sala Disciplinaria del Ministerio Pública.
En su decisión, la procuradora encargada rechazó las razones esgrimidas en el recurso con el cual se buscaba que los delegados no conocieran la reposición presentada en contra del fallo sancionatorio que destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. (Ver Las razones de Petro para recusar a Ordóñez y su solicitud al Senado)
Ante esto, Castañeda como los miembros de los procuradores Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez podrán conocer y tomar una decisión frente al recurso de reposición radicado el pasado 31 de diciembre.
En este caso se consideró que se actuó con imparcialidad y conforme a lo estipulado en el Código Único Disciplinario, por lo que no se aceptaron los argumentos que indicaban que existía un interés político e ideológico por parte de los representantes del Ministerio Público.
Igualmente el órgano de control disciplinario consideró que tienen las competencias para investigar y sancionar a los funcionarios de elección popular, citando varias sentencias emitidas por la Corte Constitucional.
Se espera que el próximo 13 de enero se resuelva la recusación presentada en contra del procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Petro Urrego fue sancionado por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República en diciembre de 2012.
Fuente: El Espectador
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