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11 asedios a la memoria del 11 de septiembre de 1973
Por Luis Martín-Cabrera

1. Censura. Hace algunos meses un representante institucional de una universidad privada en Santiago nos decía que la cuestión de los Derechos Humanos y la memoria era un tema que ya no tenía relevancia en Chile, “es algo que ya sólo les interesa a ustedes los profesores extranjeros” dijo. Por aquellos azares que tiene la vida, unos meses después un profesor de esa misma universidad me cuenta que el decanato censuró su clase sobre literatura y memoria porque incluía visitas a centros de tortura como el Estadio Nacional y entrevistas con supervivientes y testigos de la represión dictatorial. El asunto, entonces, no es que el pasado no importe, sino que los gritos de la tortura y las razones de la Unidad Popular no desborden las hojas de los libros para tocar el presente. Que no pueda escribir aquí los nombres del profesor y de la universidad es un síntoma que apunta hacia la denegación de las prácticas genocidas implementadas por la dictadura fascista del general Pinochet.

2. El pasado que no pasa. Aquello que no se recuerda está destinado a repetirse compulsivamente; el pasado sigue retornando al presente tozudamente porque, a pesar de los esfuerzos encomiables e imprescindibles de las organizaciones de Derechos Humanos, todavía no ha sido reconocido como tal ni simbolizado apropiadamente en su dimensión social. Una pequeña pieza de lo Real basta para que lo ominoso se vuelva a colar en el presente. El general en retiro del ejército Juan Emilio Cheyre y a la sazón director del servicio electoral SERVEL decide acudir a un programa de televisión para confrontar a Ernesto Lejderman, hijo de desaparecidos argentinos en Chile. En diciembre de 1973 la DINA asesinó a los padres de Lejderman y Cheyre fue el encargado de llevar a su hijo Ernesto a un convento de monjas en Arica. En el programa Lejderman anima a Cheeyre a romper el pacto de silencio que tienen los militares, "Es tiempo de cerrar heridas, y para cerrarlas no se puede olvidar: se tiene que recordar y profundizar en la verdad" – explica Ernesto Lejderman que también afirma que se sigue sin hacer justicia 40 años después. Al día siguiente Cheyre, que fue nombrado por Ricardo Lagos general en jefe del ejército chileno, sigue sin hablar, pero dimite como Director del SERVEL, aunque sigue sin ser imputado. Back to the past.

3. Radio. La radio de la Universidad de Chile me despierta todas las mañanas con historias que vuelven con fuerza del pasado, porque nunca se fueron. Tras el caso Cheyre, y a medida que se acerca el 40 aniversario del golpe, la sociedad se vuelve a conmocionar. Vuelven, por ejemplo, los “secretos abiertos”, todo el mundo sabe que los pilotos que bombardearon La Moneda en 1973 fueron Fernando Rojas Vender, Ernesto Amador González Yarra, el capitán Eitel Von Mühlenbrock y el teniente Gustavo Leigh Yates, hijo del comandante en jefe de la FACH y miembro de la junta militar. La operación habría sido coordinada desde tierra por el comandante Enrique Fernández Cortez. Según el periodista Eduardo Labarca, estos pilotos que participan de una triste tradición latinoamericana –los ejércitos que bombardean a su propio pueblo —son considerados héroes por sus compañeros de armas: “En la Fuerza Aérea, todos estos pilotos, menos el hijo de Leigh que erró el blanco, son héroes y gozan de mucho respeto. Y Rojas Vender, que fue Comandante, era respetado por sus dotes y entre otras cosas porque había disparado contra La Moneda y había acertado. En la Fuerza Aérea, entre los militares, eso es cosa de prestigio” [1].

Y vuelve también la violencia y el terror que no fue reconocido la primera vez. Muchas mujeres detenidas durante la dictadura empiezan a denunciar ahora que fueron además de torturadas violadas durante los interrogatorios. En su momento no lo denunciaron porque eran incapaces de distinguir entre los múltiples asaltos físicos a su dignidad humana y probablemente porque la impunidad instaurada durante la postdictadura no les daba ningún espacio para hacerlo.

4. Chile, las imágenes prohibidas. El canal Chilevisión emite un programa enfáticamente titulado “Chile, las imágenes prohibidas” presentado por el popular actor de telenovelas, Benjamín Vicuña. La estructura del programa es simple, pero efectiva: el programa muestra imágenes de archivo registradas en muchos casos por corresponsales de prensa extranjera, las exhibe y después entrevista a las personas que aparecen en las imágenes nunca antes mostradas en la televisión. Por ejemplo, en el capítulo 2 se habla del “caso de los degollados”: en 1985 (recordemos también los años de plomo y fuego que fueron los ochenta) los cuerpos de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada—todos miembros del Partido Comunista—aparecieron degollados en los aledaños del aeropuerto de Santiago. En el programa Vicuña entrevista a Javiera Parada, hija de una de las victimas, que cuenta, entre otras cosas, como fue el último día que vio a su padre con vida. En la calle hay acuerdo, todo el mundo habla del programa, para algunas familias es difícil recordar al ver estas imágenes, pero es también catártico. Por otro lado, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) recibe más de 100 denuncias de particulares y asociaciones conservadoras pidiendo la retirada del programa porque alienta al odio y la división; como si la tortura, el asesinato y la desaparición forzada alentaran a la reconciliación y la justicia.

5. Perdón/Justicia. En un gesto sorpresivo e inesperado el senador de la UDI Hernán Larraín pide perdón “por lo que haya hecho y por lo que haya podido omitir” durante la dictadura como contribución a la reconciliación entre chilenos. El gesto provoca dos reacciones en la derecha: los que quedan profundamente molestos porque les deja en evidencia si ellos no piden perdón y los que se apresuran a afirmar que, en cualquier caso, el perdón es una cuestión individual, el que así lo desee que pida perdón. Están tan colonizados por su propia ideología neoliberal que no entienden que el problema de la dictadura y sus efectos en el presente sólo puede ser colectivo. El “perdón” de Larraín tiene cierto valor (en España, por ejemplo, ninguno de los cómplices de la dictadura se plantea pedir ningún perdón) y genera una cascada de perdones y peticiones de perdón en la clase política, en el poder judicial, en los medios (El Mercurio, no obstante, sigue sin reconocer su papel en la intervención de la CIA y en la justificación del golpe). Sin embargo, cabe recordar aquí que el perdón y la reconciliación no tienen nada que ver con la justicia. Tal y como explica Derrida en su libro sobre el perdón en Sudáfrica:

“Cada vez que el perdón se pone al servicio de una finalidad, sea noble o espiritual (reconciliación, redención, salvación, expiación), cada vez que su objetivo es restablecer la normalidad (social, nacional, política, filosófica) a través de algún trabajo de duelo, de alguna terapia o de alguna ecología de la memoria, entonces el “perdón” no es puro –ni tampoco lo es su concepto. El perdón no es, no puede ser, normal, normativo, normalizante, debe permanecer como excepcional y extraordinario, como experiencia imposible que pudiera interrumpir el curso ordinario de la historia”.

Pero no lo tiene que decir Derrida, lo dice también Alicia Lira presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), lo dicen todas las víctimas y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado –memoria, justicia y verdad-- ; lo dice una camiseta que vi el domingo pasado en la manifestación organizada por las Asociaciones de Derechos Humanos para conmemorar el golpe: “Ni olvido, ni perdón, Revolución”.

Ese perdón tan católico, aunque es menos que nada, no busca la justicia, busca la expiación de la culpa tal vez para seguir pecando, es normalizador de una situación absolutamente anormal: la perpetuación de la impunidad y el olvido.

6. Memoria electoralista. La derecha chilena es ahora mismo una jaula de grillos. El presidente Sebastián Piñera concedió una larga entrevista al diario La Tercera en la que condena en términos muy duros el golpe de estado de 1973 y, a contrapelo de sus correligionarios de la Alianza, indica que nada justifica las violaciones de Derechos Humanos que acontecieron durante la dictadura del general Pinochet. Piñera habla incluso de las responsabilidades tácitas de aquellos miembros de la sociedad civil que callaron o fueron cómplices de estas atrocidades. Parece ser que ya se le olvidó que le fue a pedir permiso al general Pinochet la primera vez que se presentó a las presidenciales, ¿será eso también una forma tácita de complicidad por omisión?

Con todo y con eso, las declaraciones de Piñera han colocado a la candidata conservadora Evelyn Matthei en una posición sumamente incómoda. Matthei, que es hija de uno de los generales golpistas, se ha visto obligada a hacer acrobacias retóricas: un día contesta que ella tenía 20 años en 1973 (como si con 20 años no se tuvieran nociones fundamentales de ética) y al otro que ella votó que sí a la continuidad del “gobierno militar” en el plebiscito de 1988 porque ya sabía que iba a ganar el no.

No obstante, las declaraciones de Piñera apestan a electoralismo anticipado. Quiere volver a La Moneda y capitalizar la “suerte” que tuvo de que el golpe de estado le pillara en Harvard preparándose para continuar el legado neoliberal pinochetista por otros medios. La prueba de que las declaraciones de Piñera son un brindis al viento está en que El martes 3 de septiembre, integrantes de la AFEP, entre ellas Alicia Lira, Mónica Monsalve y Raquel Roa, se tomaron el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior demandando al gobierno que firme las querellas por violaciones a los derechos humanos y que todavía no han sido firmadas pese a que los abogados del mismo Programa han hecho llegar los documentos al gobierno.


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