Fidel Ernesto Oñoro Retamozo, exsecretario de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, fue condenado por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Adjunto a seis años y seis meses de prisión, tras ser hallado culpable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En la sentencia proferida por el juez Peña se condena también a Oñoro Retamozo al pago de perjuicios materiales ocasionados con la defraudación de la CRA, por un valor de 180 millones de pesos, dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
De igual manera el juez concedió al condenado la sustitución de la privación de la libertad por domiciliaria, previo pago de la caución prendaria por valor de un salario mínimo legal mensual vigente.
Finalmente, Oñoro Retamozo fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y diez años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con entidades estatales.
Los hechos que dieron origen a la condena se remontan al 19 de junio de 2007, fecha en que la CRA firmó convenios con 22 asociaciones y ONG ambientalistas para la siembra de 24.600 árboles, por un valor de 610 millones de pesos: a cada una le pagaron 30.049.999 de pesos, pero las especies vegetales nunca fueron plantadas en las fechas estipuladas ni en los lugares mencionados en los convenios.
Primeros condenados. El 9 de julio de 2012 el mismo Juzgado profirió condena en contra de Rafael Pérez Júbiz, exdirector de la entidad; Luis Alberto Reyes Quintero, interventor, y Ricardo Haad, coordinador forestal, a los que les impuso una pena de 61 meses de prisión (5 años y un mes).
Los procesados fueron condenados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y contratación sin el lleno de requisitos legales, pero al acogerse a sentencia anticipada, el juez Andrés Peña les concedió la detención domiciliaria como sustitutiva de la prisión, previa caución prendaria de un salario mínimo legal mensual vigente, y a su vez les concedió permiso para trabajar.
El millonario desfalco salió a la luz pública debido a la denuncia ciudadana y a la honestidad de las ONG que fueron suplantadas por los exfuncionarios.