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MERCENARIOS MADE IN AMÉRICA LATINA
Los gobiernos de América Latina deben revisar sus leyes para impedir que agencias privadas recluten mercenarios para enviarnos a guerrear a alguna parte. Sobre todo a Irak o Afganistán.
Tal es una recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU para los asuntos de los mercenarios, presentada al Consejo de DDHH y a la Asamblea General. El tema lo amplía el comentarista Guenady Sperski.
Es comprensible la inquietud de los expertos independientes, encabezados por el español José Luís Gómez del Prado. Según sus informaciones, en los últimos años, mas de tres mil latinoamericanos han sido contratados por esas agencias. Su reclutamiento y preparación se realiza en Honduras, Guatemala, Perú, Chile, Brasil, Colombia, Portugal, España.
Ellos viajan al Oriente Próximo para cumplir tareas de custodia en instituciones y empresas, aunque en los hechos, escoltan convoyes, realizan patrullaje nocturno, con frecuencia participan en matanzas y cometen otras violaciones de los DDHH. Gómez del Prado apuntaba que ellos “actúan sin normas, porque no están bajo un control militar, si no de una sociedad privada y no rinden cuentas a nadie”.
El experto español considera que estos contratados merecen el nombre de mercenarios con todas las consecuencias que emanan de la ley internacional.
El auge de estas agencias privadas que reclutan “soldados de la suerte” es explicado por el rechazo de los estadounidenses a servir en las zonas de conflicto, a medida que son mas los que regresan en ataúdes de zinc.
Además que, para el Pentágono, un latinoamericano sale mas barato que un nacional. Las agencias privadas aprovechan hábilmente los vacíos en las leyes nacionales, lo que les permite permanecer en el anonimato. En tanto, hace tiempo que dicha práctica es condenada por la comunidad internacional.
Y Gómez del Prado estima con toda razón que una parte considerable de la responsabilidad por la propagación de los mercenarios recae en los países de la región y donde trabajan esas agencias. De ahí que el Grupo de Trabajo de la ONU insiste en la revisión de las leyes nacionales para reforzar el control de la actividad de esas agencias.
Hay otro problema jurídico que exige solución. Gómez del prado lamenta que solo 30 países hayan ratificado hasta ahora la Convención Internacional contra los Mercenarios, de 1989. La mayoría de los países de América Latina, España y EEUU no lo han hecho, En los hechos, ello lleva a la aparición de nuevas formas de reclutamiento de mercenarios, a la violación de los DDHH en otros países.
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