Divergencia entre gobiernos centrales y regionales y reparto de la renta generan las fricciones. Colombia, quinto en escalafón de problemas.

La mitad de los grandes proyectos de minerales en Colombia están sometidos a conflictos con comunidades, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (Ocmal).
Se trata de 16 de 32 proyectos a los que hace seguimiento el Ocmal, resultado que es mencionado en un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de las Naciones Unidas.
Sin embargo, pese a que por número de conflictos Colombia es el quinto entre 17 países del continente, luce menos conflictivo que los demás, si se tiene en cuenta que en el resto de naciones observadas están involucrados el 80 por ciento o más de proyectos. En Honduras, por ejemplo, hay más conflictos que proyectos.
Chile es el país más conflictivo, con 25 líos entre 28 proyectos.
El documento de la Cepal revela que ni siquiera el otorgamiento de una compensación sustancial apacigua a las comunidades locales, principalmente por la falta de confianza derivada de su limitado poder de decisión en la regulación ambiental y a causa de una tradición de promesas incumplidas de gobiernos y empresas.
Diferencias
Agrega que los nuevos hidrocarburos y las mayores profundidades presentan grandes riesgos ambientales, muchos de ellos locales, lo que genera conflictos de intereses entre el gobierno central y las regiones.
Señala que, para el primero, la prioridad es aumentar la producción interna de fuentes de energía, mientras gobiernos y comunidades están concentrados en bajar el impacto ambiental, en especial si no tienen acceso, por medio de la renta, a los beneficios de una mayor producción como compensación.
“El reparto de la renta entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales (incluso las comunidades locales en algunos países) debería facilitar el logro de acuerdos y promover niveles eficientes de protección ambiental. No obstante, como se mencionó antes, esto no siempre es así”, señala un aparte del estudio de la Cepal.
La entidad advierte que es crucial garantizar la eficiencia y puntualidad en el gasto de los recursos asignados a los gobiernos y las comunidades locales como compensación por los daños, o, simplemente, en reconocimiento de su derecho a una participación en la renta obtenida por la explotación de los recursos naturales.
El Gobierno presentó recientemente en Australia su candidatura para ser admitido en la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (Eiti, por su sigla en inglés), un estándar global diseñado para reportar los flujos de pagos de las empresas mineras, petroleras y de gas, así como su impacto sobre los ingresos del Estado.


EN COLOMBIA, EL CASO DEL CERREJÓN ES EL DE MAYOR ANTIGÜEDAD
Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (Ocmal), el país ocupa la quinta casilla en el número histórico de conflictos, en un escalafón que encabezan Argentina, con 26 situaciones, y Bolivia, con 25. En Colombia, el conflicto más antiguo es del Cerrejón, en La Guajira, región en la que los reclamos comenzaron en 1983.
También hay casos reconocidos, como la resistencia desde el 2008 en el Tolima contra el proyecto La Colosa (de Anglogold Ashanti), el de Greystar en el departamento de Santander (1996) y el reasentamiento de la población de Marmato (Caldas), que data del 2007.