Prohibido prohibir
Cuando el autoritarismo ponzoñoso se impone impunemente sobre la libertad de los individuos en aras de un supuesto y subjetivo bien común.
El título es uno de los más famosos eslóganes de la movilización estudiantil y social de lo que fuera mayo de 1968 en Francia. Este año se cumplen cuarenta y cinco años de esa insurrección existencialista y anarquista, contra la guerra, el militarismo y la sociedad de consumo. Aquella “revuelta de los filósofos”, el “prohibido prohibir”, sus móviles y reivindicaciones adquieren hoy una vigencia indiscutible.
Las pesadillas orwellianas descritas en 1984 –donde el Estado se entromete en todos los aspectos y espacios de la intimidad, la vida cotidiana y la privacidad– se han hecho realidad en el siglo XXI. La ubicuidad que les da a las autoridades Internet, las cámaras de seguridad, los celulares, la digitalización de todas las funciones sociales hacen que cada ser humano sea potencialmente observado y controlado minuciosamente.
Incluso, en los países más atrasados, donde la huella digital de los individuos es bastante tenue, de manera sigilosa, pero contundente, se registran todos los movimientos de las personas, gracias a los drones, capaces hasta de asesinar remotamente a una persona, sin autorización humana, mediante el software de reconocimiento facial.
La impunidad con que se ha constreñido el espacio de la individualidad ha empoderado a toda clase de pequeños tiranos, desde los alcaldes, concejales y legisladores hasta las juntas administradoras, para ejercer autoritariamente el derecho a regular milimétricamente los espacios que deberían corresponder, exclusivamente, a las decisiones individuales, familiares, éticas y privadas.
El autoritarismo tiene dos formas de colonizar el alma de una sociedad. Una es el golpe de mano, estilo Pinochet o Chávez, donde de manera súbita e inmediata los individuos son sometidos inexorablemente a los designios del dictador. Otra, quizás más perversa, es que, sigilosamente, la autoridad empieza a levantar talanqueras, poner exigencias aparentemente irrelevantes, para colarse en la vida cotidiana de los individuos de manera imperceptible, hasta el punto de que no hay marcha atrás. Al final, todo aspecto de lo privado y social queda absurdamente regimentado. Colombia se está moviendo en esta dirección.
Cuando a un legislador se le ocurre que es una buena idea obligar a los colegios a que no pongan tareas; o que a los campeones del antitabaquismo les parezca perfecto que los fumadores sean unos parias arrinconados; o que a los menores de edad se los someta a toque de queda –sustrayéndolos de la responsabilidad paterna–; o que los inspectores aeroportuarios tengan el derecho de ver desnuda a una mujer gracias a los modernos escáneres de seguridad; o que a quienes les gustan los toros tengan que sacrificar esa pasión por las sensibilidades de Petro; o que los jueces manipulen y controlen las decisiones procreativas de las parejas, queda claro que ese autoritarismo ponzoñoso se está imponiendo impunemente sobre la libertad de los individuos en aras de un supuesto y subjetivo bien común.
Las sociedades realmente libres tienen un talante diferente. Buscan efectivamente que las decisiones individuales sean responsabilidad exclusiva de los ciudadanos, pero también garantizan que quienes afecten realmente el bienestar colectivo reciban todo el peso de la ley. Es el balance entre libertad y justicia lo que hace la diferencia. No me extraña que mayo del 68 haya pasado inadvertido. Es demasiado peligroso para el mundo moderno rehabilitar sus reivindicaciones.
Gabriel Silva Luján
El Tiempo