La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, serán acusados hoy por los delitos de asociación ilícita, malversación de fondos públicos y defraudación contra la Administración Pública. La acusación está referida a “la falsificación de las estadísticas del INDEC”, según anunció ayer el diputado Alfonso Prat Gay (ARI-CC) junto a un grupo de legisladores opositores.
Prat Gay es quien firma la denuncia ante la Justicia. Pero ayer estuvo acompañado por los dirigentes del arco opositor que busca una alianza electoral para los comicios de octubre. Así fue que el legislador del ARI-Coalición Cívica se mostró rodeado por Ricardo Gil Lavedra (UCR), Victoria Donda (Libres del Sur), el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Sergio Abrevaya (Podes) y el dirigente Humberto Tumini (LS).
En la rueda de prensa que se hizo ayer en el Congreso, Prat Gay sostuvo que Cristina Kirchner y los responsables del INDEC -Ana María Edwin y Norberto Itzcovich- han malversado “cientos de millones de pesos al mentirle a la población con estadísticas falsas”.
“El INDEC no sólo miente con los números de la pobreza, sino que hemos detectado que también nos miente con los datos de la actividad económica, con los índices de producción. Se nos dice que se produce más de lo que realmente se produce”, señaló el legislador.
En la denuncia, que será presentada hoy a primera hora en el juzgado del juez federal Julio Ercolini, se argumenta que debido “a la alteración de las estadísticas de actividad se han pagado a la fecha 1.000 millones de dólares de más generando un sustancial perjuicio al Estado Nacional”.
Tumini dijo que “poner cifras del PBI por encima de las reales no tiene explicación y hay que pensar en la cantidad de escuelas y hospitales que se podrían hacer construido con US$ 1.000 millones”.
Según el cálculo de los legisladores, el crecimiento del PBI está sobrestimado en aproximadamente 3 puntos porcentuales como resultado de “las adulteraciones de las cantidades de productos”.
Además, los legisladores acusaron a los funcionarios que manejan el INDEC por “haber gastado el equivalente a 2.000 millones de pesos” de su presupuesto “en propaganda y estadísticas falsas”.
Indicaron que “mentir sistemáticamente durante tantos años en las estadísticas oficiales requiere necesariamente de una asociación ilícita, cuyos principales responsables son la Presidenta y su interventor Guillermo Moreno”.
A su turno, Donda manifestó que “esta mentira afecta a las personas que están por debajo de la línea de pobreza. A esas personas les estamos sacando el pan de la boca cuando falsificamos la realidad”.
La manipulación de los datos del INDEC comenzó en enero de 2007, con la intervención política del secretario Moreno. Una de las primeras medidas fue desplazar a los técnicos que se resistieron a sumarse a la adulteración de la estadísticas oficiales.