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|  ‘Megapensiones’: lo que va del 8.000 a la parapolítica
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 | ‘Megapensiones’: lo que va del 8.000 a la parapolítica  El presidente Juan Manuel Santos fue el primero en apoyar la decisión de la Corte Constitucional, hasta hace poco presidida por el costeño Gabriel Mendoza.
Si en el país existía un rechazo generalizado a las millonarias ‘megapensiones’, que favorecen a excongresistas y exmagistrados, aunque también a jubilados de universidades y otras entidades públicas, más indignación causa saber que de ese privilegio se benefician dirigentes condenados por escándalos de corrupción, recibir dinero de narcotraficantes o aliarse con delincuentes.
El país tiene 1,6 millones de pensionados y casi la mitad —700 mil— recibe al mes un salario mínimo; otros 424 mil jubilados devengan algo menos de dos salarios mínimos/mes, todo lo cual contrasta con los más de 15 y hasta 28 millones que reciben 1.032 privilegiados del grupo de las ‘megapensiones’, beneficio que el lunes tumbó la Corte Constitucional.
Un análisis del listado de excongresistas con millonarias jubilaciones —a octubre de 2012— indica que en ese grupo hay políticos vinculados o condenados por el Proceso 8.000, bautizado así por los dineros que el Cartel de Cali aportó a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano:
Carlos Herney Abadía Campo ($19 millones), Álvaro Benedetti Vargas ($19,4 millones), Rodrigo Garavito ($21,4 millones), Jorge Ramón Elías Náder ($21,4 millones), María Izquierdo ($18 millones), Eduardo Mestre Sarmiento ($21,3 millones), Orlando Vásquez Velásquez ($21,4 millones) y Jorge Tadeo Lozano ($17,7 millones) están entre los pensionados vinculados al narco-escándalo.
Igualmente, se encuentran pensionados congresistas condenados por alianzas con los paramilitares: Vicente Blel ($18,4 millones), Jorge Castro Pacheco ($16,1 millones), José María Imbett ($18,7 millones), Trino Luna ($20 millones), Miguel Pinedo Vidal ($21,1 millones), Ciro Ramírez ($18,7 millones), Salomón Saade ($19 millones), Mario Uribe ($18,6 millones) y Alfonso López Cossio ($22,3 millones).
Por decisión de la Corte Suprema, el exsenador Mario Varón ($19,2 millones) comenzó, recientemente, a ser investigados por supuestos vínculos con este grupo delictivo. En ese mismo orden, figuran quienes, en su momento, fueron amigos o cercanos al capo Pablo Escobar, como Jairo Ortega ($20 millones) y Alberto Santofimio ($20,9 millones), además condenado por el homicidio de Luis Carlos Galán.
En el listado aparece Carlos Albornoz con una pensión mensual de $17,9 millones, hoy investigado como exdirector de la DNE por el presunto saqueo de esa entidad. También están jubilados Armando Pomárico ($19,3 millones), condenado por un millonario escándalo de corrupción como presidente de la Cámara, y Juan José García Romero ($20,2 millones) sentenciado por peculado.
La exsenadora Piedad Córdoba, investigada por la Farcpolítica, recibe al mes $18 millones. Otro pensionado es Teodolindo Avendaño ($19,2 millones), condenado por la Yidispolítica, proceso de corrupción en el que se repartieron sobornos para aprobar la reelección de Álvaro Uribe.
“Para pensionarse solo hay que cumplir el tiempo de servicio y la edad de jubilación”, explicó una fuente consultada. Es decir, no hay condena ni fallo judicial que lo impida, a no ser de que se pruebe alguna falsedad o irregularidad en estos dos requisitos anotados.
TODO A RELIQUIDACIÓN. Por decisión de la Corte Constitucional, tras su “fallo histórico” como lo ha calificado el Gobierno Nacional, a partir del primero de julio las pensiones en Colombia no podrán exceder los 25 salarios mínimos, equivalentes a 14 millones 737 mil 500 pesos mensuales. Es decir, las jubilaciones actuales deben ser reliquidadas para pagos futuros.
Al explicar el alcance de la sentencia, el magistrado Mauricio González dijo que ese tope máximo “vale para todo tipo de pensiones, las del régimen especial, y cobijará a todo funcionario público al que resulte aplicable”. El máximo tribunal constitucional del país también decidió que en adelante las pensiones se liquidarán sobre el 75% del sueldo devengado en los últimos 10 años de trabajo y no durante el último como se venía realizando para determinados funcionarios privilegiados. FUENTE: elheraldo.co
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