EN UNA evidente muestra de la creciente polarización política que se vive en Venezuela, parlamentarios del oficialismo y de oposición se enfrentaron a golpes durante la sesión del la Asamblea Nacional realizada el martes pasado, resultando 11 legisladores lesionados. Este episodio no es nuevo, ya que días después de las elecciones presidenciales celebradas el 14 de abril, dos diputados opositores fueron agredidos por congresistas afines al gobierno.
Aunque la tensión entre ambos sectores políticos es de larga data, las divisiones se han profundizado desde que Nicolás Maduro asumió formalmente el poder, pues el sucesor de Chávez y sus seguidores han sometido a la oposición a un constante hostigamiento.
Los ataques del Ejecutivo a la oposición se agudizaron luego que este sector, liderado por Henrique Capriles, decidiera pedir una revisión exhaustiva del proceso electoral al Consejo Nacional Electoral primero, y ahora último al Tribunal Supremo de Justicia. Tratándose de una solicitud legítima y que está contemplada en la ley venezolana, la postura del oficialismo de acosar a sus contendores políticos -al punto de desconocer su investidura e impedir que ejerzan normalmente sus funciones en la Asamblea Nacional- es un hecho inaceptable, que debe llamar la atención de la comunidad internacional.
Sería oportuno que los países de la región rompan el silencio que han mantenido hasta ahora en este tema y manifiesten su rechazo frente a lo que sucede en Venezuela. Una señal fuerte de condena podría contribuir a evitar que la tensión continúe escalando y reconducir el proceso político de ese país hacia cauces más normales. El gobierno actual debe asumir el cambio que significa que un porcentaje amplio del país haya optado por una alternativa diferente a la representada por Maduro, porque de lo contrario las tensiones se pueden extremar en la forma como ya ha sido posible apreciarlo en los últimos días.