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Denunciante Dorado
 |  Concejal de Bogotá lanza el 'corruptómetro' del 'carrusel'
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Con la herramienta se busca hacerle seguimiento a los avances de la justicia en este caso.
La concejala Angélica Lozano, de Progresistas, lanzó este lunes el ‘Corruptómetro del Cartel’, una herramienta para hacerle seguimiento a las actuaciones de la justicia en el llamado 'carrusel' de la contratación en Bogotá y que puede ser consultada en la página web www.angelicalozano.com.
Hasta la fecha, según el 'corruptómetro', unas 70 personas están siendo investigadas por esos hechos. En total, solo dos han sido condenados (Inocencio Meléndez, exsubdirector jurídico del IDU, y Germán Olano, exrepresentante a la Cámara). Igualmente, lleva las cuentas de condenas a concejales y contratistas, ambas en cero por ahora.
La concejal Lozano calcula el detrimento en 235.000 millones de pesos, de los cuales 19.297 millones se han podido recuperar. No obstante, otros cálculos señalan que el presunto desfalco pudo haber alcanzado el billón de pesos.
"Solo pierden la curul y se quedan sin reemplazo, los congresistas y concejales que tengan vínculos con grupos armados, narcotráfico y delitos electorales, así como de lesa humanidad. Es absurdo que personas elegidas por voto popular roben el patrimonio público, sus partidos no pierdan su curul y en cambio son premiados; por eso promoveremos una reforma al artículo 107 de la Constitución que se refiere a ese aspecto, y que deberá contar con la voluntad política del Congreso", anotó Lozano.
También advirtió de las dificultades para recuperar los dineros y aplicar la figura de la extinción de dominio fuera del país, donde los salpicados en el 'carrusel' podrían estar escondiendo las comisiones que habrían sacado de las millonarias contrataciones del Distrito.
"El sistema financiero colombiano que recibió los dineros públicos de las mal ejecutadas contrataciones tiene la obligación de apoyar el rastreo del dinero robado, cómo se hicieron transacciones y dónde se invirtieron esos recursos. Igualmente la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, Uiaf, debe establecer los incrementos patrimoniales injustificados de este cartel", anotó la cabildante.
"Es evidente la fragilidad de los controles electorales. Dos empresarios-delincuentes de este cartel (Julio Gómez y Emilio Tapia), han confesado que cada uno donó 3 mil millones de pesos a la campaña Samuel Alcalde, cuando el tope en 2007 era de 1.237 millones de pesos", concluyó Lozano.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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