Juez decidirá si archiva o no la investigación contra nueve acusados.
La defensa de los presuntos determinadores en el fraude de documentos y en la alteración de cuentas para sobrepasar los límites de financiación permitidos por el Consejo Nacional Electoral, solicitó ante la juez 30 de conocimiento que se precluya la investigación.
En audiencia argumentaron que se presentaron varias irregularidades en la acusación hecha por la Fiscalía el pasado 11 de marzo.
“La Fiscalía hizo una imputación en la que indicaba que ellos habían omitido cumplir con un deber, cuando revisamos nos dimos cuenta que ese no existía", indicó uno de los abogados.
Además argumentó que incluso el representante de la Fiscalía reconoció que lo que hizo otra funcionaria era equivocado.
Entre los nueve acusados que enfrentan el juicio están el excongresista Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo. La Fiscalía asegura que tiene 70 elementos materiales probatorios y 16 testigos que serán presentados en el juicio. En el caso de Giraldo, había intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el que aceptaba pagar 4 años de cárcel, pero en el 2010 un juez no aceptó la negociación.
Los otros acusados formalmente son Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel Villegas, Miriam Donato Montoya, Gustavo Antonio Dajer Chadid, Juan David Ángel, Álvaro de Jesús Cock, Hediel Saavedra y David Salazar Ochoa.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el monto máximo de aportes que podían invertir cada uno de las personas que quisieran apoyar la campaña era de un poco más de 3 millones.
Sin embargo, la Registraduría emitió un concepto sobre el balance de ingresos y gastos que entregó el Comité Promotor del Referendo, que evidenciaba que los aportes individuales habían sido superiores a lo permitido.
La Fiscalía señaló que por medio de la firma Colombia Primero, con la que se buscaban recursos para financiar el referendo, se recibieron contribuciones y se acordaron recibir créditos en los que se violaron las normas.
Agregó el ente acusador que en una reunión del 2008 se encontraron para permitir donaciones de 50 salarios mínimos. En total, esta empresa privada gastó más de 2.000 millones de pesos, superando casi en seis veces el valor autorizado por el Consejo Electoral, que estaba en 335 millones.
A pesar de la acusación, la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento contra los promotores del referendo. “Hoy culminamos los trámites de audiencia de acusación, se hizo aclaraciones, y el fiscal nos informó que se retiraría la solicitud de medida de aseguramiento”, señaló el abogado Alexander Andrade quien defiende a Juan David Ángel Botero.
Uno de los principales testigos de la Fiscalía es Luis Fernando Useche, quien trabajó como contador de Colombia Primero y quien habría señalado las irregularidades. Por su colaboración, un juez avaló a su favor un principio de oportunidad.
Otro de los testigos son el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, y los representantes a la Cámara Carlos Germán Navas, Guillermo Rivera Flórez, entre otros.
REDACCIÓN JUSTICIA