Las cámaras de seguridad que valieron 45.000 millones de pesos más y no sirven
Curiosamente, mientras la entrega del contrato del recaudo del SITP que era
megamultimillonario mereció una reseña simple en los diarios; el del relleno de Doña Juana, que era más ‘pequeño’ (230.000 millones de pesos), fue todo un espectáculo. Primero, por la conversación que de manera providencial presenció un periodista de El Espectador en un restaurante del norte de Bogotá, en la que participaba la secretaria jurídica de la Uaesp, entidad encargada de entregar el contrato. Según un diagrama que dejaron escrito en el mantel, exploraban cómo contratar a dedo un operador.
Se explicaba cómo se iban a repartir las ganancias y aparecían signos de pesos al lado de iniciales como A.D. (que se interpretó eran de Álvaro Dávila, ‘dueño’ para ese entonces de la franquicia de la Uaesp). Después, cuando se iba a dar el contrato, a través de la televisión se vio cómo la procuradora María Eugenia Carreño –una de las pocas que intentó ponerle freno a la orgía de desperdicio–llamaba la atención sobre las posibles irregularidades. La administración de Samuel Moreno decidió entregar el negocio antes de que llegara la procuradora. Se descalificó a dos firmas y se dio un bochornoso espectáculo por un billete de 2.000 pesos que debía estar en una de las propuestas de los consorcios eliminados.
Otro escándalo que apenas hace poco comenzó a sonar es el del sistema de cámaras de vigilancia que se debía montar en las fronteras de la ciudad, en las patrullas y motos de Policía, y en 190 colegios. El contrato fue entregado por la administración de Samuel Moreno en octubre de 2010, pero hoy es un dolor de cabeza para Gustavo Petro.
El contralor distrital ha puesto el grito en el cielo porque faltan la mitad de las cámaras de los colegios, las de la patrullas de la Policía no funcionan porque son incompatibles y el contratista pidió una adición. Hace poco le mandó una carta al alcalde Petro en la que muestra cómo el contratista tumbó al Distrito de entrada en 45.000 millones de pesos, porque “el valor cobrado al Fondo de Vigilancia por los equipos (72.978 millones de pesos) es superior al valor real (27.877 millones de pesos) según la información de importación suministrada por la Dian y según cotizaciones realizadas por la Contraloría”.
Creció un 300 por ciento la burocracia
Como si todo eso fuera poco, también le echaron mano a la burocracia. Los contratos por prestación de servicios en Bogotá entre 2010 y 2011 aumentaron en cerca del 300 por ciento, es decir que se pasó de tener 12.000 contratos, a 38.000. “El empleo público le ha costado al Distrito, en contratación por prestación de servicios desde el 2009, 2,6 billones de pesos. Con eso se habrían construido fácilmente las troncales de la avenida Boyacá y de la 68”, afirmó el director del Servicio Civil, César Manrique.
La paradoja es que con tantos contratistas las metas no se cumplían. Por ejemplo, la Secretaría de Integración Social con una planta de personal de 1.741 funcionarios y 3.149 contratistas solo cumplió el 52 por ciento de sus metas. Esa secretaría fue otra víctima del saqueo. Le inflaron su chequera con un presupuesto por año de 290.000 millones de pesos, es decir, un 350 por ciento más que durante el gobierno de Lucho Garzón. Ahí pusieron a Mercedes Ríos, una de las fichas del kínder del contratista Julio Gómez. Modificaron el manual de funciones de la Secretaría para poder nombrarla, pues era una líder comunitaria, que se convirtió en alcaldesa local, pero no tenía estudios profesionales.
La rapiña fue tal que ni siquiera dejaron al sacerdote Javier de Nicoló en el Idipron. Llevaba 40 años en el cargo, atendiendo a niños y jóvenes de la calle, pero eso no significó nada para el cartel que tenía ojos solo para ver el jugoso presupuesto de 134.000 millones de esa entidad. Le pidieron la renuncia “porque había llegado una protesta de un ciudadano que decía que tenía ya más de 80 años”. La versión que tiene la Fiscalía, según publicó El Tiempo, es que “Julio Gómez se apoderó del Idiprón; el concejal Salamanca se metió ahí y empezó a obtener beneficios para la campaña, como los mercados, juguetes, comidas y demás”.
El drama de los resultados
La ‘junta directiva’ en sus reuniones en Miami repasaba la mayoría de esos contratos y otros no mencionados. Por ejemplo, en el del recaudo del SITP aparece que la comisión de éxito es de 8 pesos: “Pago del valor que le corresponde a ET por cada pasajero durante todo el término de la concesión”. ET es Emilio Tapia. Pero esa ‘mordida’, ha dicho él a la Fiscalía, era compartida con los hermanos Moreno Rojas.
Y en el caso de la Avenida Longitudinal (ALO) se da una idea del modus operandi. En la columna de tareas dice: “Elaboración del vehículo jurídico que garantice la participación de ET en la ejecución y utilidades de la obra correspondiente al 22 por ciento. Asegurar comisión de éxito del 8 por ciento”. Esta obra no se llevó a cabo.
Lo más dramático es que mientras en Miami hacían cuentas y se enriquecían, Bogotá, que marchaba como un cohete y vivía su cuarto de hora, comenzó a padecer un verdadero calvario. Los resultados del ‘Bogotazo’ de la Alcaldía de Samuel Moreno saltan a la vista.
Hace menos de un mes, el superintendente de Servicios Públicos, César González, reveló que muestras del agua de Bogotá resultaron no aptas para el consumo humano. “Las muestras encontradas generan mucha preocupación. El caso es muy delicado”, dijo. La Superintendencia investiga el ocultamiento de información relacionada con el tratamiento de agua en Bogotá.
En materia de salud el panorama no es menos alentador. En 2010 se presentaron en la capital 1.200 casos de tuberculosis, una enfermedad que se suponía erradicada. La red pública de hospitales de Bogotá, que hasta 2007 tuvo un balance positivo en su operación, a partir de 2008 se desplomó: los hospitales de tercer nivel terminaron el 2010 con 30.000 millones de déficit. Y la EPS que se creó, Capital Salud, luego de que les resolvió el problema a otras EPS que se salieron del negocio y les recibió a sus pacientes, hace dos semanas se dijo que sería liquidada.
En materia de movilidad se vive una tortura. En Bogotá está el único sistema integrado de transporte en el mundo que funciona con tarjetas diferentes. Y en el cual se ven por las calles unos modernos buses azules vacíos. ¿Cómo puede ser posible que el Distrito haya entregado un contrato multimillonario –el del sistema de recaudo del SITP a Recaudo Bogotá– a sabiendas de que sus tarjetas no estarían sincronizadas con las de otro que ya operaba en la ciudad –el de Angelcom–?
Por no hablar del ya mencionado túnel del Acueducto, ni del puente para descongestionar el cruce de la Novena con 94, que ‘comenzó’ desde 2008 y no se ha hecho. Ni menos del elefante blanco que hay en pleno corazón de la ciudad: tras invertir cerca de 20.000 millones de pesos en la 26 con Séptima, donde se supone debía haber unas discretas plataformas para conectar el Parque Bicentenario con el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca Nacional, desde hace más de tres años hay una inútil mole de concreto de hasta ocho metros de altura.
¿A dónde se fue la plata?
La historia es fácil de contar, pero encontrar a dónde ha ido a parar la plata es lo más difícil. Cada uno de los contratistas la sacó a su manera. Los primos Nule abrieron cuentas en Suiza, una información que está en manos de un fiscal de extinción de dominio. El abogado Álvaro Dávila, como lo reveló la revista Dinero, fue en 2001 hasta una notaría, renunció a los bienes de la sociedad conyugal y quedó insolvente. Los concejales, como lo reveló SEMANA en marzo pasado, compraron todo tipo de lujosas casas y fincas. Julio Gómez invirtió en Estados Unidos. Y lo que ha pasado con Andrés Cardona es aún una incógnita.
SEMANA pudo confirmar por dos fuentes distintas, y con documentos, un dato que lo dice todo: el tamaño de la ‘empresa’ era tal que, por ejemplo, la compra del edificio de River Oaks en Miami, que adquirieron inicialmente por 25 millones de dólares, representa apenas un 5 por ciento del ‘producido’ de Bogotá para los Moreno Rojas y Emilio Tapia. Es decir, en tan solo tres años, con el ‘gobierno a la sombra’ habrían logrado ‘utilidades’ de cerca por 900.000 millones de pesos.
En Miami tenían expertos que saben cómo invertir el dinero. En medio de sociedades por acciones, empresas offshore, cuentas en paraísos fiscales o compras inmobiliarias, el rastro desaparecía. Uno de los que ayudó fue Saúl Campanella. Su firma Overseas Equity Advisors prestaba servicios de corretaje de dinero a empresas como Geos Invesment, representada por Tapia, y Arkgo Corporation, presidida por la esposa del contratista Julio Gómez.
Otra de las firmas que la Fiscalía tiene entre ojos es Novela Law, un bufete de abogados con oficina en la avenida Brickell de Miami (Florida). Esta, según le dijo Emilio Tapia a la Fiscalía, se encargaba de inversiones en bienes raíces del carrusel de la contratación en Estados Unidos.
En su momento, Daniel Coronell en su columna de SEMANA reveló que el senador Iván Moreno Rojas tenía dos cuentas en las Islas Vírgenes, a nombre de las empresas Saymor y Balmore, registradas a su nombre. En su momento, el senador Moreno aseguró que las empresas creadas en Miami y registradas en Islas Vírgenes no habían tenido actividad alguna. Sin embargo, ¿para qué va a tener alguien unas cuentas abiertas, cuando el sostenimiento de cada una puede costar hasta 10 millones de pesos, si no las utiliza?
Hasta ahora estaba claro que a Bogotá se la habían robado. Pero lo que no parecía contundente era el papel del alcalde Samuel Moreno. El heredero más carismático de la dinastía política de los Moreno Rojas había logrado cierto blindaje ante la Justicia. Y frente a un sector de la opinión, sus defensores decían que su papel en el escándalo era más ingenuidad que maquiavelismo. Pero ya hay mínimo tres testigos que lo señalan. “Samuel sabía todo”, le ha dicho Emilio Tapia a la Fiscalía. Y este es un testigo fiable porque es buen amigo de Moreno y se refiere a él como un hombre “demasiado noble”.
Al de Tapia se suma un testimonio que revela hoy SEMANA. El del subdirector del IDU Luis Eduardo Montenegro, que le contó a la Fiscalía cómo en alguna oportunidad, cuando estaba como director encargado, tuvo que hablar con Samuel Moreno sobre un contrato y él le dijo: “Hable eso con Emilio Tapia”.
El tercer testigo es Inocencio Meléndez, quien contó que cuando estaban discutiendo la construcción del TransMilenio de la Séptima, el alcalde Samuel decidió que se hiciera por adición a otro contrato que ya estaba en ejecución y no por licitación. Es decir, a dedo. Meléndez, que era el director jurídico del IDU, se opuso “porque –dijo– era ilegal”. Pero el alcalde lo llamó y “me pidió que mirara a ver cómo se podía sacar”.
Comparado con los grandes escándalos de corrupción en Colombia, el del carrusel de la contratación de Bogotá tiene todos los elementos para pasar a la historia como un caso ejemplarizante. Por primera vez los protagonistas están confesando y entregando información. Y la Fiscalía está haciendo una tarea juiciosa. Hace apenas unos días, el fiscal Juan Valbuena señaló a Samuel Moreno de ser “uno de los que encabezó y dirigió este concierto para delinquir”. Y peor aún, asegura que “con destino suyo y de su hermano iba dirigida la mayor cantidad de dinero producto de los sobornos solicitados a los contratistas”.
Ahora solo falta que los jueces demuestren que tienen un compromiso serio con el país: extrañamente le han puesto todo tipo de trabas a los acuerdos de la Fiscalía con Emilio Tapia y con Julio Gómez. Y mientras no den su aval, el proceso se frena.
El alcalde, tal vez, quería pasar a la historia como su abuelo. El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla se destacó por las grandes obras de infraestructura que dejaron huella en Bogotá: construyó el aeropuerto Eldorado, el Hospital Militar, la calle 26 el Centro Administrativo Nacional (CAN). Samuel Moreno Rojas, en el papel, parecía querer seguirle los pasos: había prometido dejar comenzado el metro y prácticamente tenía contratadas cinco autopistas urbanas, de las que se pagan por peaje.
Pero no logró ninguna de las dos obras. Y para desgracia suya, tal y como van las cosas, lo que sí podría ocurrir es que termine pareciéndose a su abuelo pero solo en la cara trágica de la historia: el general Rojas fue declarado indigno por mala conducta en el ejercicio de su cargo por el Congreso de la República, entre otras cosas por haber multiplicado por 40 su patrimonio y el de su esposa y sus hijos, sin explicación, mientras fue presidente (de 194.500 pesos en 1952, a poco más de 8 millones en 1956).
Y lo que en este momento se está descubriendo en el búnker de la Fiscalía es la más escalofriante operación de saqueo que se recuerde en Colombia.
Los estragos del bogotazo
1) En 2010 se presentaron en la capital 1.200 casos de tuberculosis, una enfermedad que se suponía erradicada. La red pública de hospitales de Bogotá, que hasta 2007 tuvo un balance positivo en su operación, a partir de 2008 se desploma: los hospitales de tercer nivel terminaron 2010 con 30.000 millones de déficit. Y la EPS que se creó, Capital Salud, luego de que les resolvió el problema a otras EPS que se salieron del negocio y les recibió sus pacientes, hace dos semanas se dijo que sería liquidada.
2) En Bogotá está el único sistema integrado de transporte en el mundo que funciona con tarjetas diferentes. Y en el cual se ven por las calles unos modernos buses azules vacíos. ¿Cómo puede ser posible que el Distrito haya entregado un contrato multimillonario –el del sistema de recaudo del SITP a Recaudo Bogotá– a sabiendas de que sus tarjetas no estarían sincronizadas con las de otro que ya operaba en la ciudad –el de Angelcom-?
3) Tras invertir cerca de 20.000 millones de pesos en la 26 con Séptima, donde se supone debía haber unas discretas plataformas para conectar el Parque Bicentenario con el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca Nacional, desde hace más de tres años hay una inútil mole de concreto de hasta ocho metros de altura que además tiene bloqueado el tráfico. Un verdadero elefante blanco.
4) La construcción del túnel de ocho kilómetros para llevar las aguas residuales de Bogotá hasta la futura planta de tratamiento en Soacha es otro monumento al absurdo. Por un cambio de planes cuando ya lo estaban construyendo, cerraron el túnel sin percatarse que se les quedaron dos enormes máquinas de excavación a 60 metros de profundidad. Si no las sacan no se puede utilizar el túnel. Y sacarlas cuesta 35.000 millones de pesos.
¿Samuel va a colaborar con la Justicia?
El exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, decidió también colaborar con la Fiscalía. La situación se le puede poner más difícil al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.
El jueves, la W difundió una noticia que decía: “Exalcalde Samuel Moreno Rojas estudia colaboración con la Fiscalía”. Sin embargo, luego publicó otra en su página web que decía que una fuente cercana a Moreno había dicho que no era cierto.
Más allá de cuál de las dos versiones terminará siendo la verdadera, lo cierto es que con el paso de los días se va cerrando el círculo alrededor del exalcalde Samuel Moreno. El testimonio de Emilio Tapia y las evidencias que él le ha entregado a la Fiscalía le complican la situación jurídica al burgomaestre. De hecho, a la primera imputación que le habían hecho al alcalde en la Fiscalía de Vivian Morales, se le sumó hace unas semanas otra, y eventualmente podrían venir más imputaciones en la medida en que van apareciendo indicios en su contra, como por ejemplo, el contrato de ambulancias, que ya tiene en la cárcel a su secretario de Salud, Héctor Zambrano.
Con él, ya son dos secretarios de Samuel Moreno en la cárcel.
A las revelaciones de Tapia, se suma un testimonio que conoció SEMANA, el del entonces subdirector del IDU, Luis Eduardo Montenegro, que le ha dicho a la Fiscalía que Samuel Moreno le dijo que se entendiera con Emilio Tapia sobre un contrato que le estaba preguntando. Y a ellos se añade el ya conocido de Inocencio Reyes, quien era director jurídico del IDU, que también deja mal parado a Moreno.
El exalcalde está detenido desde octubre de 2012 en la sede de la Policía de carabineros del Parque Nacional, y su juicio no se ha podido llevar a cabo por una serie de aplazamientos que más parecen obedecer a una estrategia de dilación, que a verdaderas necesidades del proceso.
¿Por qué querría Samuel Moreno admitir su culpa? No parece fácil que eso suceda. Sin embargo, en la medida en que se involucran más personas al proceso, la Fiscalía puede recoger más testimonios o pruebas contra el exalcalde. Y este puede verse expuesto a juicios cada vez más difíciles de controlar para él.
Si admite su culpa, no solo no iría a juicio, sino que el sistema penal acusatorio le ofrece descuentos significativos de pena.