Sectores de Fuerza Pública generan inseguridad
Por Juan Diego Restrepo E.*
Policías y militares se integran de diversas formas a los grupos armados ilegales y ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
Sectores de la Fuerza Pública, particularmente de la Policía y el Ejército, se han integrado a los grupos armados organizados ilegales de diversas maneras, convirtiéndose en generadores de altos niveles de riesgo para la ciudadanía, lo que está agravando su legitimidad en diversas regiones del país. Este es un tema que el presidente Juan Manuel Santos debería tratar de manera prioritaria y públicamente.
Sectores de la Policía Nacional se han incorporado a estas organizaciones armadas ilegales prestando servicios básicos, como el de la proteger a varios de sus miembros, suministrar información sobre operativos para evitar capturas de sus integrantes, facilitar estrategias para la comisión de delitos como homicidios y participar en actividades del narcotráfico. Es preocupante que cada vez que se presenten capturas masivas de supuestos integrantes de las llamadas bandas criminales emergentes sean detenidos uniformados activos.
Si se profundizara en este fenómeno, que no es nuevo por supuesto, pues desde la época del paramilitarismo se observó también, se podrían encontrar algunas claves que permitirían entender por qué el control social, el dominio territorial y la hegemonía sobre actividades ilícitas son fuertes en algunas regiones del país, sobre todo en grandes áreas urbanas. Los ejemplos se multiplican en las ciudades capitales.
Uno de los casos que me genera más dudas es el de la comuna 13 de Medellín. De acuerdo con el último informe de riesgo emitido el 6 de marzo pasado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y que pasó desapercibido en la ciudad, en la comuna 13, integrada por 23 barrios, hay siete estaciones de policía, dos centros de atención inmediata (CAI periféricos), uno central y doce bases militares. Entre unos y otros, hay por lo menos 750 uniformados y se esperan más para las próximas semanas. Sin embargo, las acciones de grupos armados organizados ilegales, de carácter urbano, son constantes y el control sobre sus pobladores es férreo. ¿Hay laxitud, compromiso, articulación entre unos y otros?
La regional Antioquia de la Defensoría del Pueblo tiene por lo menos 250 quejas contra uniformados, no obstante, la cifra podría ser mayor por cuanto a la gente le da temor denunciar debido, entre otras razones, a las intimidaciones que podrían derivarse de allí y a la falta de confianza en las instituciones que podrían atender los casos y procesar a los comprometidos en actos irregulares. En diversas ocasiones se ha denunciado que agentes de la Policía retienen a jóvenes y los entregan a las bandas armadas con el fin de que sean ellos los que verifiquen algunos datos personales y dispongan de su libertad. Toda una aberración.
En otras regiones de Antioquia, particularmente donde hay minería, el compromiso de sectores de la Policía Nacional con la ilegalidad también es frecuente y vox populi. He escuchado relatos en el Bajo Cauca que advierten que cuando se incauta maquinaria a mineros que reciben la denominación de ilegales se les devuelve en unos días previo pago de unos cuantos miles de pesos a los agentes responsables del procedimiento. Así las cosas, el tema se vuelve un círculo vicioso, donde todos ganan.
Pero no sólo Medellín y Antioquia padecen esa situación de ilegitimidad y falta de confianza en la Policía Nacional. En otras ciudades del país se tiene la misma percepción y lo preocupante es que las capturas de agentes activos determinan que la ciudadanía tiene la razón. Algo está pasando y no se observan acciones contundentes por parte de las autoridades para contener esta situación, más allá de las detenciones. Es urgente que se hagan públicas las políticas de control interno que se aplican para depurar la institución como estrategia para generar legitimidad, de lo contrario se estaría perdiendo la guerra contra estos grupos armados ilegales.
Por los lados del Ejército la situación no pinta mejor, a pesar de que las estrategias de seguridad, sobre todo en áreas urbanas, están bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. ¿Cómo explicar que los ataques indiscriminados con explosivos ocurridos en diversas ciudades de la Costa Atlántica se hacen con granadas de fragmentación fabricadas en la Industria Militar de Colombia (Indumil)? ¿Y qué decir de las municiones de distintos calibres, que también vienen de allí?
Lo que suponen investigadores judiciales con lo que he tenido la oportunidad de hablar recientemente es que hay una red de compraventa de estos elementos bélicos compuesta por miembros del Ejército e integrantes de grupos armados organizados ilegales que dinamizan este comercio, convirtiéndose en generador de inseguridad ciudadana. Hasta el momento no se conocen, de manera pública, investigaciones de las autoridades que den cuenta de esta actividad ilícita y cuánto se viene moviendo en ese mercado “negro” nacional.
Esta actividad genera varias preguntas adicionales, por ejemplo: ¿cómo se dan de baja del inventario las granadas de fragmentación que podrían estar defectuosas o fabricadas hace varios años y no se han movido de las estanterías? Lo mismo podría preguntarse con la munición de diferentes calibres.
Se ha anunciado que el presidente Juan Manuel Santos viajará esta semana a diversas regiones del país a revisar “personalmente las estrategias y las acciones que se adelantan para fortalecer la seguridad en el país”. Sería importante que el mandatario y su ministro de Defensa ofrecieran algunas explicaciones al respecto, más allá de las cifras de capturas, allanamientos y aumento del pie de fuerza que habitualmente entregan. Una estrategia de seguridad debería pasar por una depuración constante de sus integrantes, así como por una alta rotación, para evitar la corrupción y connivencia de los agentes con sectores ilegales.
Es cierto que hay logros importantes, pero la ciudadanía espera resultados concretos sobre cómo el Gobierno está evitando que sectores de la Fuerza Pública sigan siendo un factor de inseguridad para las comunidades. Ese es el otro paso a seguir en la lucha contra la ilegalidad en el país.
* Periodista y docente universitario.
Fuente Semana