Tras denunciar al exasesor presidencial por calumnia, sindicatos piden investigarlo por "amenazas".
Justo cuando una juez negó precluir el proceso contra el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria por calumnia agravada, se conoció que los mismos sindicatos que lo denunciaron le solicitaron a la Fiscalía una nueva indagación en su contra.
En un derecho de petición dirigido al fiscal general, Eduardo Montealegre, los representantes de Sintraemcali, Sintraunicol y Sintrateléfonos pidieron que se vincule a Gaviria, mediante un interrogatorio o una imputación, por las “amenazas con fines terroristas” de las que han sido objeto dichas organizaciones.
La petición, en la que además se solicita conocer el estado del proceso, se desprende del artículo publicado por Gaviria el 25 de julio del 2007 en algunos diarios regionales, el cual tituló “Todo pecado empieza siendo de pensamiento”.
En el escrito, según los sindicatos, se les estigmatizó y se les tildó de apoyar a paramilitares, lo que los puso en riesgo; por lo anterior, dicen, días después recibieron en sus correos amenazas, al parecer, provenientes de las ‘Águilas Negras’.
“Es claro, señor fiscal, que las amenazas provenientes de las estructuras paramilitares se produjeron 16 días después de las publicaciones efectuadas por el señor José Obdulio Gaviria”, se lee en el derecho de petición de nueve páginas.
La investigación sobre las supuestas amenazas de grupos armados en contra de Sintraemcali, Sintraunicol y Sintrateléfonos es adelantada por la Fiscalía séptima contra el Terrorismo.
Por los mismos hechos, pero en un proceso diferente, este martes la juez 27 de conocimiento de Bogotá decidió no archivar el proceso en contra de Gaviria por calumnia agravada, por considerar que las retractaciones presentadas por el exasesor no cumplieron lo reglamentado por la ley.
“No se evidenció un arrepentimiento por parte del columnista en los dos artículos publicados en diarios regionales de Medellín en el 2012”, señaló el juez en su decisión.
Ante la negativa, la defensa de Gaviria apeló la determinación por considerar que el exasesor no vulneró los derechos ni el buen nombre de las víctimas y que siempre aceptó los hechos, por lo que será el Tribunal Superior de Bogotá el que decida si deja en pie el proceso o si por el contrario se debe precluir.
La petición de archivar el proceso fue apoyada por la Procuraduría al considerar que se cumplieron los requisitos de retractación.