Iniciado por SpitfireII  La denuncia sobre la expedición de pasaporte diplomático a un terrorista de Hezbolá por parte del Presidente-candidato Nicolás Maduro debe trascender la campaña electoral. Se compromete la seguridad de la región.
Ya sabíamos de las estrechas relaciones del gobierno de Venezuela con miembros del grupo terrorista vasco Eta, pero no de las andanzas, con pasaporte diplomático incluido, de extremistas libaneses de Hezbolá en territorio vecino.
Ayer, el diario estadounidense el Nuevo Herald publicó en su portada una información según la cual el entonces canciller, y ahora presidente-candidato, Nicolás Maduro, le expidió pasaporte a Ghazi Nasr al Din, uno de los miembros de la cúpula del grupo terrorista libanés para que se moviera sin problemas por Latinoamérica.
Hezbolá, de paso, es el grupo radical más cercano al régimen de Irán, cuyo principal líder es el presidente Mahmud Ahmadineyad, el mismo que impulsa el programa nuclear en la región desde Venezuela y quien prometió frente al féretro del fallecido presidente Hugo Chávez seguir apoyando la "revolución bolivariana".
La noticia que vincula a Maduro con líderes de Hezbolá no sólo es grave para Venezuela, sino peligrosísima para la región, dada la inminente elección del exvicepresidente como futuro Jefe de Estado del vecino país.
A escasas tres semanas de las elecciones en Venezuela, la comunidad internacional no sólo debería estar preocupada porque se respete la democracia y el libre ejercicio del voto, sino las implicaciones que tiene para la seguridad del hemisferio la cofradía de algunos gobiernos con grupos terroristas.
Está bien mantener la prudencia en temas internos de los países vecinos, pero cuando está de por medio la estabilidad política del resto de la región se hace imperativo reclamar explicaciones. En el caso de Colombia sí que se hace necesario y urgente obtenerlas desde el otro lado de la frontera.
Las estrechas relaciones de grupos guerrilleros colombianos con organizaciones terroristas de otras latitudes también están suficientemente documentadas, pero no explicadas de forma satisfactoria. Si algún país ha sufrido los rigores del terrorismo importado es Colombia. El atentado al exministro Fernando Londoño con una bomba lapa fue consecuencia del adiestramiento de miembros de Eta a sus similares de las Farc.
Es más, hace casi cinco años, el país conoció de la presencia de miembros de Hezbolá en La Guajira y de la intención iraní de llevar su "guerra contra el imperialismo" a Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Cuba.
De ahí que las denuncias sobre la connivencia del gobierno venezolano con grupos terroristas no pueda soslayarse desde el Palacio de Miraflores como una más de las intentonas del imperio por desestabilizar a Venezuela.
No. Todo lo contrario. La seguridad, no sólo del vecino país, sino la de la región, pasa por el esclarecimiento de tales hechos.
Y eso, de paso, exige un pronunciamiento firme, urgente y claro de organismos como la ONU y la OEA, dadas las demostraciones de parcialidad de otras instancias como Unasur, la Celac y Alba, creadas a imagen y semejanza del llamado socialismo del siglo XXI.
Ojalá que una situación de tanta gravedad no termine camuflada entre la guerra de adjetivos y epítetos de grueso calibre con la que se viene publicitando la campaña electoral en Venezuela.
Y menos, que por razones de cálculo político, el Continente siga siendo paraíso de terroristas. |