Sin hacer demasiado ruido, como quien no quiere la cosa, Juan Manuel Santos ha comenzado su campaña hacia la reelección presidencial. Los cambios en su equipo de consejeros, así como los mensajes que comienzan a difundir sus ministros y él mismo con su fórmula de "un país más justo, más moderno, más seguro", no buscan apretar el paso para un buen cierre de gobierno, sino más bien abrir las expectativas de lo que serán los próximos cuatro años de presidencia.
En efecto. Con la debacle que tuvo en la reforma de la justicia y en la salud, los retrasos en el desarrollo de la infraestructura, las limitaciones en la política educativa y la escasa capacidad para controlar a la delincuencia, Santos no puede decir que deja un país más justo, ni más moderno, ni más seguro. Esa no es la consigna de un legado, sino el eslogan de una campaña para el futuro.
El asunto es que Santos sabe que la carrera a la reelección tiene dos etapas: 1) Las elecciones al Congreso en las que se está jugando la base electoral real con la que puede contar en su aspiración presidencial. Aquí tiene claro que controlar la burocracia le da un margen de maniobra; y 2) Las elecciones presidenciales propiamente dichas, a las que debe llegar en una posición de ventaja, si es que quiere mantenerse en la Casa de Nariño. Y aquí, el Presidente parece estar confiando en que la firma del acuerdo con las Farc en La Habana y la falta de un opositor político de peso que le pueda pelear la magistratura le otorgan esa ventaja.
Sin embargo, Santos no parece valorar suficientemente el entorno. No está midiendo los efectos que están produciendo los ataques de Uribe en el electorado y, sobre todo, en la negociación con las Farc. En los hechos, el expresidente no está haciendo campaña para que voten por uno de sus candidatos, sino para que los colombianos NO voten por Santos. Y en eso, puede llegar a ser muy efectivo. Además, sus cuestionamientos contra el proceso de La Habana (sumados a las equivocaciones del Gobierno) han logrado sembrar una creciente desconfianza en los acuerdos a los que se pueda llegar con la guerrilla para poner fin al conflicto armado. El Presidente debería tener claro que, aun si las Farc firman un acuerdo de rendición total y entrega de armas, esa firma no le garantiza ni el apoyo incondicional de los colombianos, ni la reelección inmediata.
Lo único claro entonces es que ni Santos tiene el apoyo electoral que garantice su reelección ni Uribe tiene un candidato los suficientemente fuerte como para derrotar a Santos. Y en la medida en que el enfrentamiento entre uno y otro se profundice, también se abrirá el camino para una tercera opción.
Pero no se trata de cualquier tercería. La institucionalidad electoral colombiana es frágil, pero no tanto como para estar expuesta a que un outsider pueda llegar a la Presidencia de la República. Para lograrlo hay dos condiciones: 1) Que se trate de una persona con experiencia en la tarea de gobernar y tenga resultados que mostrar; 2) Que tenga base electoral territorial. Es decir, que haya gobernado y cuente con una base que lo elija.
Sergio Fajardo reúne esos requisitos. Podría ser esa tercera opción que, en medio de los destrozos entre santistas y uribistas, se abra camino a la Presidencia. Tiene la experiencia y el arrastre suficiente como para aspirar a ganar. Pero no lo puede hacer por fuera del Partido Verde. Pese a que en estos años los verdes han desperdiciado el capital político, aún mantienen 50 alcaldes municipales (3 capitales departamentales) y 800 concejales, que le permitirían ofrecer una buena base de partida para que Fajardo pueda ganar. Si ordenan la casa, si se ponen a trabajar seriamente en organizar unas buenas estructuras electorales en los territorios, tienen una opción real de llegar a la Presidencia. Y eso para el país sería francamente refrescante.