Un promedio de 400 mil abortos inducidos y unos 911 mil 897 embarazos no deseados se registran al año en Colombia.(Foto: RCN)
La decisión generó polémica porque en Colombia, otra resolución diferente de la Corte Constitucional estipuló que las clínicas no pueden negarse a llevar a cabo los abortos en casos de violación, malformación del feto o riesgo de vida de la madre.
El Gobierno colombiano anunció este lunes la decisión de anular el Decreto 4.444 del año 2006, que reglamentó la prestación de algunos servicios de salud sexual y reproductiva, además de despenalizar la interrupción de embarazos.
La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Colombia, que en su sesión de este lunes revocó un decreto presidencial que permitía abortar en caso de violación, malformación del feto o de que el embarazo pusiera en riesgo la salud de la madre.
La jueza María Claudia Rojas Lasso, encargada del veredicto, indicó que el decreto de 2006 era ilegal porque se inmiscuía en áreas en las que, hasta su aprobación, no había tocado la ley.
En este sentido, explicó que para la corporación judicial, al expedir dicha norma el Gobierno “trató de reglamentar la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos, sin haber una ley de por medio”.
Según el decreto anulado, las entidades responsables de los regímenes de excepción y los prestadores del servicio de salud de todo el territorio nacional debían tener disponibles los servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La medida también impedía imponer barreras administrativas para postergar la prestación de dichos servicios.
La decisión generó polémica porque en Colombia, otra resolución diferente de la Corte Constitucional estipuló que las clínicas no pueden negarse a llevar a cabo los abortos en casos de violación, malformación del feto o riesgo de vida de la madre.
El Consejo de Estado aclaró también que esta decisión no significa que el Gobierno o el Consejo Nacional de Seguridad Social no puedan posteriormente dictar medidas, reglamentar o definir las políticas de salud en relación con dichos temas, siempre y cuando se acaten los parámetros establecidos en materia de reglamentación legal.
Un promedio de 400 mil abortos inducidos y unos 911 mil 897 embarazos no deseados se registran al año en Colombia, cifras 25 por ciento superior al promedio en Latinoamérica y el Caribe, según un estudio divulgado el año pasado en Bogotá por el instituto Guttmacher de Nueva York.
Pese al fallo que lo despenalizaba, la gran mayoría de los abortos seguía ocurriendo en la clandestinidad. Según el instituto Guttmacher, en 2008 el 99,92 por ciento de abortos practicados fueron clandestinos e ilegales.
El aborto es legal en casos específicos en la mayoría de países latinoamericanos a excepción de Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.