Denunciante Dorado
 |  Dice la exfiscal Ángela Buitrago ‘El Estado hace lo que el Ejército quiere’(Debe ser izquierdosa)
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 | Dice la exfiscal Ángela Buitrago
‘El Estado hace lo que el Ejército quiere’
Por: Jorge Cardona Alzate - Juan David Laverde Palma
Sostiene que Colombia nunca va a pasar la página del holocausto del Palacio de Justicia porque no se quiere reconocer lo que pasó.
Foto: David Campuzano
Buitrago abrió varios procesos del Palacio de Justicia
Ángela María Buitrago, la exfiscal que desempolvó las investigaciones por los desaparecidos del Palacio de Justicia, se declaró consternada por el veto que le impusieron los militares al abogado Jorge Ibáñez para representar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso que allí se adelanta por el holocausto de noviembre de 1985. Según ella, en Colombia a la justicia “la tachan, la tildan y ultrajan y aquí no pasa nada” mientras se desconocen fallos y se eluden responsabilidades en este expediente. Así se desahogó con El Espectador.
¿Qué opina de la defensa del Estado ante la CIDH, que afirmó que no había desaparecidos?
Causa estupor reconocer que después de casi 28 años seguimos igual. El pacto de silencio continúa y se sigue trabajando sobre la pretensión de ocultar las realidades del Palacio de Justicia.
El abogado Jorge Ibáñez se apartó de la defensa del Estado porque lo vetaron los militares. ¿Tienen ellos tanto poder?
Sin duda. Lo demuestran las presiones que se ejercieron para mi salida como fiscal del caso o las manifestaciones del doctor Ibáñez: causa estupor que a pesar de que dos ministros (Interior y Defensa) y una alta funcionaria lo elegieron como agente del Estado ante la CIDH para ese proceso, por cartas de oficiales activos y, en particular, de un oficial retirado que hoy tiene una condena por estos hechos, se decidiera contratar al doctor Rafael Nieto.
¿Por qué cree que los militares vetaron al abogado Ibáñez?
Porque no estaban de acuerdo con que el Estado admitiera responsabilidades. Reconocer errores hace parte de la reconciliación, de la garantía de protección de derechos, de la no impunidad.
¿El coronel (r) Alfonso Plazas Vega es tan poderoso, aún retirado y además detenido, como sugiere el abogado Ibáñez al punto de lograr su veto?
No sé, pero por la sentencia al coronel (r) Plazas Vega un gobierno entero, con todo su estamento, salió a discutir para quitarle peso a la decisión de la jueza Jara. Yo no sé si sea tan importante pero, lo dice el doctor Ibáñez, la carta era por la molestia en particular de esa persona y salieron a removerlo del cargo. Yo no sé si sea tan influyente pero todos los generales en retiro han intervenido por la situación de Plazas Vega.
Pero es que el Ejército, aunque hace parte, no es todo el Estado. ¿Cómo puede entenderse que la defensa del Estado se articule bajo la línea de los militares?
Eso es lo incomprensible y lo más grave de esta situación. Al margen de las declaraciones del doctor Ibáñez, surge el cuestionamiento de que el Estado está funcionando solamente desde una óptica: cumpliendo lo que el Ejército quiere que se haga.
¿Por qué tenía que ir el abogado Ibáñez a explicarles a los militares su estrategia de defensa? ¿Eso suele hacerse?
Esa pregunta se la tienen que trasladar al presidente, a los ministros del Interior y de Defensa y a la Cancillería.
¿Qué piensa de la defensa del abogado Nieto en este caso?
Puedo asegurar que los argumentos centrales que se tomaron para la defensa del Estado ante la CIDH son los mismos que se plantearon y fueron rechazados por distintos jueces de la República. Si se revisan los alegatos podrá darse cuenta de que tienen un origen claro: las intervenciones de estos militares en audiencia. En especial, la postura de defensa del coronel (r) Plazas Vega.
Sobre la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, el abogado Nieto también hizo consideraciones polémicas.
El abogado plantea igualmente que no hubo homicidio. Ese proceso lo dejé en instrucción y sigue bajo reserva. Me pidieron la renuncia el mismo día que yo abrí investigación contra tres generales en el caso Urán: Carlos Alberot Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales.
¿Qué tiene que ver en esto el testigo Ricardo Gámez Mazuera?
Como fiscal ni siquiera lo consideré como testigo porque no declaró bajo juramento. Pero toda la defensa del coronel (r) Plazas se basa en descalificar a Gámez. Y los argumentos de Nieto son los mismos que usó la defensa de Plazas respecto a este testigo para descalificarlo.
¿Dice usted que el Estado se defendió internacionalmente con los mismos argumentos de Plazas Vega?
Las líneas de defensa y las afirmaciones que se utilizaron para negar la existencia de los desaparecidos son idénticas: que murieron calcinados en el cuarto piso de acuerdo con el Tribunal Especial de Instrucción de 1986; que Gámez es un mentiroso; que los videos son borrosos como para hacer identificaciones; que los levantamientos de los cadáveres fueron desordenados y eso les resta credibilidad a las necropsias para utilizarlas como pruebas. En términos generales, las líneas de la estrategia de defensa del Estado son las mismas líneas de defensa de los militares.
¿Pero no es muy grave que los alegatos del Estado parezcan calcados a los de Plazas Vega, y que Jorge Ibáñez asegure que fue el coronel (r) quien más se opuso a su nombramiento?
Grave no, ¡gravísimo! Pero esto es una política de hace mucho tiempo: el expresidente Uribe salió a defender a Plazas Vega, el ministro Silva salió a defender a Plazas Vega, inclusive el doctor Santos y todo el estamento detrás suyo salieron a respaldar la posición de que los jueces harían parte de un Estado delincuente.
La condena de Plazas está en revisión por la Corte Suprema. La posición del Estado de que no hubo desaparecidos, ¿incidirá en su caso?
Puede generar presión porque es la afirmación a nivel internacional de una posición estatal. Lo afirmo categóricamente: un juez, por más plural que sea, frente a una posición de Estado así, va a tener una presión muy dura. Cuando el Estado asume ante una jurisdicción internacional que no hay desaparecidos, pues cuando salga una decisión al respecto esto va a ser Troya.
El Estado en su alegato negó los desaparecidos. Usted que llevó la investigación, ¿a qué conclusión llegó?
No solamente yo, los demás funcionarios judiciales que han tenido el caso han llegado a la misma conclusión: hubo desaparecidos. Aún en la absolución del general (r) Iván Ramírez, la jueza 51 dejó claro que hay 11 desaparecidos. En la decisión de segunda instancia contra el coronel Plazas
Vega, que confirmó su condena, se deja claro que hay dos desaparecidos plenamente demostrados y se le pidió a la Fiscalía que se practique pruebas sobre los otros nueve. Lo dijo también el Consejo de Estado en 1997: “Irma Franco fue desaparecida en manos de agentes del Estado”. No es cierto lo que dice Nieto de que no existe responsabilidad del Estado en estos casos. Una sola desaparición es suficiente para hablar de que hubo desaparecidos allí.
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