11-02-2013
, 07:02:39
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#2 |
| Denunciante Dorado
 |  Respuesta: Nunca en la historia un procurador había tenido tanta influencia.
Otro caso que fue aún más cuestionado fue el del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó 12 años para ocupar cargos públicos por participación en política. El pecado de Salazar fue haber dado a conocer unas fotografías en las que aparecía un candidato a la Alcaldía haciendo campaña con presuntos miembros de grupos ilegales. En un amplio sector de la capital antioqueña quedó el sabor de que la Procuraduría estaba cobrando el rifirrafe que había tenido con el alcalde por la construcción de una clínica de la mujer en la cual se iban a practicar abortos en los tres casos permitidos por la Constitución. Un grupo de 43 reconocidos dirigentes y empresarios antioqueños pidió a la Procuraduría revisar la sanción contra el exalcalde. Pero hasta ahora no ha pasado nada.
Más allá de la polémica, lo cierto es que gracias a ese tipo de fallos el procurador tiene en sus manos un poder extraordinario. La pregunta que todos se hacen es si esto va a desembocar en una aspiración presidencial de Ordóñez o qué tanto puede durar su poder. Sobre su escritorio está servida la cabeza de algunos de sus contendores en una eventual campaña presidencial en 2018. Así como le abrió una investigación –extemporánea– al ministro Germán Vargas Lleras, ya también va adelante la investigación al alcalde de Bogotá Gustavo Petro. ¿Llegará también la del gobernador de Antioquia Sergio Fajardo.
Y qué va a pasar con el caso de Petro. ¿Se convertirá en el primer procurador en destituir, consecutivamente, a dos alcaldes de Bogotá elegidos por voto popular? ¿Qué presentación tendría si en un caso lo tumba por omisión en el control y en el otro por posible falta de planeación? ¿Qué nuevo papel estaría jugando la figura de la Procuraduría en el sistema democrático
La preocupación por su desmedido poder cunde en todo el sector público. “La reversión de un mandato popular, bien sea temporal o permanente, por sanción disciplinaria debería constituir una medida excepcional. En Colombia se ha convertido en la regla”, advierte Laura Gil en su columna de El Tiempo. Según ella, “la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción solo cuando existe condena, por un juez competente, en proceso penal”. Y concluye: “¿A cuenta de qué una autoridad disciplinaria tiene facultades para impedir el ejercicio de los derechos políticos?”.
Pero el problema no termina ahí. A eso se le suma que los fallos del procurador en la práctica no tienen apelación. Si un funcionario sancionado no está de acuerdo tiene que pedir reposición otra vez ante él, o invocar otro recurso ante el Consejo de Estado. La presencia de Vargas Lleras en la boda no fue gratuita: un solo chulo de Ordóñez podría significar una sanción de diez años que, sin derecho al pataleo, se convertiría prácticamente en el fin de su carrera política.
Lo más paradójico es que así como Ordóñez es inclemente aplicando el látigo, a la hora de ponerle a él la lupa parece estar blindado. Han llegado dos demandas al Consejo de Estado que piden anular su reelección. La sección quinta del Consejo de Estado debe fallar. La magistrada Susana Buitrago, una de los tres que integran esa sección, fue una de las asistentes a la boda de su hija.
Todavía no está claro cómo será el talante de Ordóñez II. Hay indicios de que quiere ir más allá en la defensa de sus convicciones, así como lo hizo cuando la Corte Constitucional aprobó el aborto en tres casos especiales (el procurador Ordóñez dijo “yo creo que no” y se atravesó).
En apenas 15 días así lo ha demostrado. La ministra de Justicia propuso al Congreso una reforma para despenalizar el consumo de drogas sintéticas. Y el procurador Ordóñez, como no está de acuerdo, al mejor estilo del Estado de opinión, advirtió que iba a convocar a un referendo. Así mismo, mientras el gobierno trata de sacar adelante un difícil proceso de paz en La Habana, el procurador ya dijo que los guerrilleros que hayan sido condenados por lesa humanidad o crímenes de guerra no pueden participar en política.
Nadie duda que en un país carcomido por la corrupción una figura como la de Alejandro Ordóñez no solo es popular sino necesaria para limpiar la política. El problema surge cuando ese inmenso poder –el de decidir quién se queda y quién se va de la vida pública– no solo trata de recuperar la ética sino que se convierte en un instrumento político.
Tiene un poder, guardadas las proporciones, de virrey. No en vano, el procurador de Colombia es uno de los más queridos miembros de una especie de sociedad secreta denominada la Orden de la Legitimidad Proscrita. Esta comunidad es una logia con espíritu medieval, que apela a tradiciones de hace muchos siglos. Sus seguidores reconocen a “su alteza real don Sixto Enrique de Borbón” y todavía se refieren a Colombia como “la Nueva Granada”.
El círculo del Procurador en las altas cortes
Presidente de la corte Suprema Ruth Marina Díaz fue compañera de pupitre de Ordóñez en la universidad. Dice que para ella es un orgullo ser su amiga.
Presidente del consejo de estado. Alfonso Vargas fue siete años magistrado auxiliar de Ordóñez y ha dicho que en parte gracias a él lo eligieron magistrado titular.
Nuevo magistrado de la judicatura. Francisco Ricaurte fue quien movió los hilos de la Corte Suprema para ternar al procurador. Y luego lo eligieron en el Consejo Superior de la Judicatura.
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