Denunciante Bronce
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 | La norma cumplió su primer aniversario
Ley Antidiscriminación: ¿letra muerta?
Por: Pilar Cuartas Rodríguez
A la fecha, la Fiscalía no ha abierto investigación por discriminación, funcionarios públicos incumplen la Ley y bancos de sangre rechazan a homosexuales.
Líderes y organizaciones de derechos humanos coinciden en afirmar que la Ley no es conocida por la ciudadanía.
Jhon Duque, de 23 años, es un joven rasta y afro. El pasado 5 de agosto, fue agredido por un grupo de jóvenes y le cortaron sus trenzas. El caso se dio en un bar del parque de la calle 93, en Bogotá. Paradójicamente a Duque lo atacaron cuando intentó calmar a un grupo de universitarios que estaba a punto de irse a los golpes. Uno de ellos “me agarró del cabello, me tenía la cabeza abajo, y otro me pateaba la cara como un balón, mientras me insultaban por mi color de piel y mi cabello”, afirmó Duque a este diario.
Al día siguiente, y después de pasar la noche en la Clínica del Bosque, donde le practicaron una cirugía plástica en ceja y párpado, se dirigió a la Unidad de Reacción Inmediata en el complejo judicial de Paloquemao, para denunciar el caso. Sin embargo, en el complejo judicial los funcionarios no le dijeron nada sobre la Ley Antidiscriminación (Ley 1482) ni las posibilidades que existen desde el año pasado de ampararse en ella.
Casos como el de Jhon Duque ponen en evidencia el desconocimiento de la Ley por parte de algunos operadores judiciales. Ante esta situación, el abogado Germán Rincón Perfetti dijo que está demostrado que la Fiscalía no tiene claridad conceptual ni una ruta de investigación, para los casos de discriminación. “Por ejemplo en Barranquilla, una persona de la comunidad LGBTI quería denunciar una discriminación y en la Fiscalía le dijeron que debía presentarla en delitos sexuales”, agregó Rincón Perfetti.
El senador Carlos Baena, autor del proyecto de ley antidiscriminación, en conversación con El Espectador, le hizo un llamado a la Fiscalía “para que se pronuncie sobre los casos de discriminación y se empiece a legitimar la Ley”.
Pero los operadores jurídicos no son los únicos que desconocen la ley, los ciudadanos también. Dora Maturana, directora del Centro de Justicia adscrito al Movimiento Nacional Cimarrón, aseguró que “la comunidad sabe que la Ley existe, pero no conoce cómo funciona ni ante qué entidad acudir. Hemos ayudado a presentar las denuncias, porque los afectados no saben cómo”.
Sumada a la falta de información, está la dificultad de las pruebas, porque la discriminación es muy difícil de probar. Por eso, la gente prefiere llegar a un acuerdo directo. El Centro de Justicia, en los últimos cinco meses, ha recibido 22 casos por Ley Antidiscriminación, de los cuales en sólo 4 se han presentado denuncias penales, porque en su mayoría los prefieren conciliar por la dificultad de las pruebas.
La Ley Antidiscriminación también ha sido criticada por vacíos conceptuales. “La norma no es clara respecto a qué conductas se consideran hostigamiento”, afirmó el abogado Felipe Montoya Castro, quien denunció el pasado 1° de febrero a Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol, por su declaración en la cadena radial Antena 2, por decir: “… no hay peor enfermedad, si se puede llamar así, con el respeto del que la sufra, que el homosexualismo”. A la fecha, el abogado Montoya no tiene noticias del avance del proceso.
Pero estas declaraciones, que a la luz de la Ley Antidiscriminación podrían constituir delito agravado por haber sido a través de un medio de comunicación, no son las únicas. Funcionarios públicos, entre los que se encuentran congresistas, diputados y concejales, también han lanzado públicamente expresiones discriminatorias sin recibir sanción penal. Actualmente, la procuraduría estudia 27 casos de funcionarios por discriminación.
Por ahora, el diputado del Partido Liberal, Rodrigo Mesa Cadavid, es el único sancionado disciplinariamente. El diputado, quien dijo que invertir en Chocó era como “perfumar un bollo” fue inhabilitado por 5 meses por la Procuraduría, pero aún sus expresiones no han tenido consecuencias penales.
Por su parte, el caso por las declaraciones del senador Roberto Gerlein son otras que están en situación similar. Él, ante la plenaria del Congreso, indicó: “Miro con repulsión el catre compartido por dos varones (…) Es un sexo sucio, asqueroso, merece repudio, es un sexo excremental”. En su caso, él podría no ser sancionado penalmente por la inmunidad parlamentaria de los congresistas, respecto a las opiniones expresadas en los debates legislativos. Ante esta posibilidad, el abogado Felipe Montoya Castro afirmó que “el hecho de que el congresista sea inmune en su ejercicio de opinión, no quiere decir que tenga carta blanca para cometer un delito, porque sus expresiones constituyen un hostigamiento y atenta contra las disposiciones de la Corte Constitucional”.
Contradictoriamente mientras la Ley 1482 sanciona la discriminación, el “manual de normas técnicas administrativas y de procedimientos para bancos de sangre”, emitido por el Ministerio de Salud, excluye de manera explícita a los homosexuales. El manual dispone que para proteger al receptor de una transfusión de una infección por VIH/SIDA, se excluye a quienes hayan tenido “relaciones homosexuales masculinas en los últimos 15 años”.
Ante estas disposiciones, la Corte Constitucional se pronunció en marzo pasado frente a una tutela interpuesta por José David Rueda, estudiante de derecho, al que se le negó donar sangre en el Laboratorio Clínico Higuera Escalante de Bucaramanga, por su condición homosexual. La Corte solicitó al Ministerio de Salud revisar la reglamentación, con el fin de eliminar los criterios de selección de donantes basados en la orientación sexual.
Sin embargo, a la fecha las disposiciones de la Corte pasan desapercibidas. Algunos bancos de sangre contactados por El Espectador no permiten a los homosexuales ni siquiera presentar la encuesta para determinar si se es apto o no para donar.
Para el abogado Rincón Perfetti, el Ministerio de Salud, organismo rector en el tema de donación de sangre, “ha eludido las disposiciones de la sentencia de la Corte Constitucional y se necesita que el Ministerio actúe para enviar a todos los bancos de sangre de Colombia las recomendaciones de no discriminación frente a donaciones”.
Con este panorama, la primera Ley Antidiscriminación de Colombia, en su primer año después de promulgada, parece estar aún sin dientes. Apenas ahora se empieza a anunciar medidas, como lo hizo la semana pasada el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien informó que apenas en febrero creará una unidad especial para atender los casos de discriminación. El anuncio se dio justo un mes después de la firma de un acuerdo entre la Vicepresidencia, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Dirección General de la Policía, para impulsar la Mesa de Casos Urgentes para la Población LGBTI.
De otro lado, en julio de este año se creó el Observatorio de Discriminación del Ministerio del Interior. Sin embargo, apenas está en el proceso de estructuración y consolidación. Según la directora del Observatorio, Sandra Torres, “Se estima que el próximo año esté diseñada la ruta de atención para los casos de discriminación”. Lo cierto es que a un año de aprobada la Ley Antidiscriminación en Colombia, los resultados aún no son visibles.
Fuente El Espectador
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